Retirar una palma de su lugar de origen no solo afecta el alimento y el hábitat de reproducción del ave nacional, la Cigua Palmera, sino que este aparente simple traslado moviliza especies de insectos y hongos que se pueden convertir en plagas al pasar de una región ecológica a otra. Cuando un grupo de ciudadanos y técnicos protestan por la tala inconsulta y el traslado masivo de palmas (Roystonea hispaniolana) a la ciudad, no lo hacen con el ánimo de perturbar el “sueño de poder” de un síndico que se olvido de todo, hasta de su origen, ni para convertirlo en un “villano mediático”, protestan para que las cosas funcionen, para que el Estado funcione y no sea fallido.
Da pena que un excelente plan de arborización, concebido también por excelentes técnicos dominicanos, se haya convertido en la manzana de la discordia y en espectáculo que divierte a los que miran con escepticismo el esfuerzo de construcción social de los dominicanos. Cuanta risa debemos de causar cuando ven que son las mismas autoridades que irrespetan y delinquen contra las leyes que nosotros mismos nos hemos dado.
La Ley 64-00 establece que la biodiversidad pertenece al Estado y si no se conoce la ley, todos los dominicanos saben que quien corta un árbol sin los permisos correspondientes de la antigua “Foresta”, hoy Subsecretaria de Recursos Forestales de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cae preso. Han sido muchos (casi todos campesinos muy pobres) los que han visitado las cárceles por cortar árboles, por deforestar.
Dentro de las funciones de una sindicatura está la de sustituir árboles, pero a sabiendas de que la ciudad es para ciudadanos y ciudadanas, por lo que esta tiene que ser amigable y agradable y lograr esa empatía entre ciudad y ciudadanos es función de las autoridades que tienen la responsabilidad de gobernar para todos y todas, no para un grupo de “leones” que hacen negocios a partir de las necesidades comunes.
Los gobiernos, el nacional y el de la ciudad, tienen que procurar algún tipo de bienestar para los que solo tienen un banco en el parque para echar a descansar un cuerpo carente de un espacio mínimo, fruto de las fallas de un Estado rico que no le alcanzan los recursos para protegerlo, fallan las instancias estatales cuando legitiman, en aras de un supuesto bien común, la violación a la ley y el dolo.
Retirar una palma de su lugar de origen no solo afecta el alimento y el hábitat de reproducción del ave nacional, la Cigua Palmera, sino que este aparente simple traslado moviliza especies de insectos y hongos que se pueden convertir en plagas al pasar de una región ecológica a otra. En el caso de que se permita el traslado de plantas de un lugar a otro, de una región a otra, deben intervenir muchas instancias especializadas, entre las que se deberían encontrar Sanidad Vegetal, Gestión Ambiental, Vida Silvestre
y Recursos Forestales entre otras.
Las sindicaturas pueden cortar árboles urbanos, está dentro de sus prerrogativas, ¡muy bien!, pero no pueden legitimar la violación a las leyes, como lo ha hecho la del Distrito. Los funcionarios edilicios han declarado a todos lo medios de comunicación que compran las palmas (al precio que sea), se las compran a los dueños de fincas, así lo han dicho en franca violación a Ley 64-00. ¿Desde cuándo los dueños de fincas son dueños de las palmas que puso la naturaleza en sus predios?
La acción inmediata a esta declaración debió ser contundente de parte de la Secretaria de Medio Ambiente, se debió iniciar una investigación exhaustiva de esa operación ilícita, acompañada de una visita urgente a los predios y fincas impactadas, debieron correr comunicaciones urgentes para suspender toda la maniobra, pero, quizás el temor de poner en evidencia a un “compañero del partido”, ponen a fallar a la Sindicatura del Distrito Nacional y a la Secretaria de Medio Ambiente, dos entidades estatales que profundizan el debate y ponen de manifiesto a un pueblo que protesta porque no quiere ser fallido.
