WASHINGTON, 5 jun (IPS) – La condena a 30 años de prisión dictada este martes contra el ex alto funcionario de la Casa Blanca I. Lewis "Scooter" Libby, por filtrar a la prensa la identidad de una agente de la CIA, es un nuevo golpe contra el vicepresidente estadounidense Dick Cheney.
Libby, a quien se suele aludir en círculos políticos de Washington como "el Cheney de Cheney", fue jefe del equipo del vicepresidente y su consejero de Seguridad Nacional desde 2001 hasta su acusación en octubre de 2005.
Fue entonces que se lo señaló como el "delator" de la experta en armamentismo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Valerie Plame, esposa del embajador jubilado Joseph Wilson, quien había acusado al presidente George W. Bush de falsear datos sobre el programa nuclear de Iraq.
De acuerdo con los fundamentos de la condena, Libby reveló la identidad de Plame, al parecer para desacreditar las acusaciones del embajador Wilson, y luego mintió a los investigadores del gobierno que analizaban el caso.
Varios testimonios judiciales indican que fue el propio Cheney el que reveló a Libby el trabajo de Plame y quien lo alentó a filtrar ese dato a diversos periodistas.
El ex funcionario fue condenado por un jurado federal que lo halló culpable de cuatro de las cinco acusaciones de perjurio y obstrucción a la justicia formuladas en marzo pasado.
Además de la condena a prisión, el juez Reggie Walton ordenó a Libby pagar una multa de 250.000 dólares y a cumplir otras penas supletorias en los dos años siguientes a su salida en libertad.
Al parecer, seguirá libre bajo fianza hasta que las autoridades decidan dónde será encarcelado, un procedimiento que suele insumir entre 45 y 60 días.
"Sus mentiras bloquearon una investigación extremadamente grave, y, como consecuencia, usted irá a la cárcel", dijo Walton en la audiencia judicial en que pronunció la condena.
"La gente que por su posición tiene el bienestar y la seguridad de la nación en sus manos están especialmente obligados a no hacer nada que pueda crear un problema", agregó.
La decisión judicial se suma a un panorama complicado para Cheney, en medio de versiones que circularon en las últimas semanas en la prensa estadounidense según las cuales el vicepresidente postula un ataque armado contra Irán, contradiciendo la estrategia del presidente Bush.
La influyente publicación Congressional Quarterly sugirió la semana pasada que Cheney apoyó las gestiones del ex secretario (ministro) de Defensa Donald Rumsfeld para que Taiwán declarara su independencia de China.
Varios colaboradores de Cheney abandonaron sus puestos en sitios clave del gobierno en los últimos siete meses, como el Rumsfeld, el embajador en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) John Bolton y el viceconsejero de Seguridad Nacional de Bush, J. D. Crouch.
Como jefe del equipo de Cheney, Libby ocupó el centro de una red de funcionarios mayoritariamente pertenecientes al ala neoconservadora del gobernante Partido Republicano que, con el objetivo de concretar la invasión a Iraq en 2003, logró neutralizar la influencia del Departamento de Estado (cancillería) y la CIA.
Entre esos funcionarios figuraban el entonces subsecretario (viceministro) de Defensa Paul Wolfowitz, otros dos altos jerarcas del Pentágono, Bolton y Douglas Feith, y el asesor de Bush en seguridad de Medio Oriente, Elliot Abrams.
Diversos testimonios analizados en el juicio indican que Libby se sentía incómodo al filtrar el secreto de la identidad de Plame, y que sólo lo hizo a instancias del propio Cheney, de quien es absolutamente incondicional.
"Cheney estaba perdido sin Libby, que realizaba gran parte de los preparativos de las reuniones del vicepresidente y gran parte del trabajo duro. Libby era, casi, parte del cerebro de Cheney", escribió el periodista Bob Woodward, del diario The Washington Post, en el libro "State of Denial".
La influencia del vicepresidente en el gobierno ya estaba en proceso de desvanecimiento cuando Libby fue obligado a renunciar. Pero esa partida, sin duda, aceleró el proceso.
Para colmo, sus reemplazos –el abogado David Addington como jefe de equipo y John Hannah como consejero de Seguridad Nacional– fueron, comparados con Libby, bastante ineficaces, lo cual le permitió a la secretaria de Estado (canciller) Condoleezza Rice contener las agresiones contra Corea del Norte e Irán promovidas por Cheney.
Muchos se preguntan si Bush, que se ha resistido a comentar el caso de Libby, lo indultará antes del fin de su periodo presidencial.
La presión en ese sentido es intensa, particularmente desde el ala neoconservadora y derechista que simpatiza con Libby y lo considera víctima de una persecución política.
Incluso antes del fallo de este martes, el diario The Wall Street Journal, que tiene una línea neoconservadora, reclamaba el indulto.
"El presidente Bush tiene la facultad de poner fin esta ridícula saga ahora, y debería hacerlo", indicó el periódico en uno de sus editoriales al respecto.
El Fondo para la Defensa Legal de Libby, integrado por halcones, neconservadores y derechistas demócratas, recaudó varios millones de dólares para cubrir los gastos judiciales del ex funcionario y canalizó montañas de cartas dirigidas al juez.
Entre los redactores de las misivas figuraron Wolfowitz, Feith, Bolton y Rumsfeld. (FIN/IPS/traen-mj/jl/na ip ik sp/07) (FIN/2007)
