SANTO DOMINGO.- Un tribunal dispuso enviar a la cárcel a la licenciada Doris Altagracia Vargas Núñez, directora del departamento de Recursos humanos de la Secretaria de Trabajo. La funcionaria fue acusada junto a su esposo una asistente del despacho de la Subsecretaría y un chofer de esa cartera, de formar parte de una red que se dedicaba a la venta de visas hacia España y Canadá, por lo que se estima que han cobrado más de dos millones de pesos.
El magistrado Alejandro Vargas dispuso recluir por tres meses en el recinto carcelario a Vargas Núñez, directora de Recursos Humanos, tras dictar medida de coerción en su contra.
El juez impuso una garantía económica de RD$100,000 al chofer Danilo Moreta, además de colocarle impedimento de salida y la orden de presentarse periódicamente ante el ministerio público.
Asimismo, el magistrado ordenó dejar en libertad a Narciso Reyes Cabrera, esposo de Vargas Núñez, a quien no le impuso ninguna medida de coerción.
La otra acusada, Diovanna Vianne Arias, asistente de la Subsecretaría de Trabajo, no pudo ser localizada por la Fiscalía del Distrito Nacional. La querella en contra de los detenidos fue interpuesta por Tomasina Bienvenida Toledo, Andrea Pichardo, Luz del Pilar Diven, Juan Abreu Pérez y Fabio Augusto Matos Beltré, quienes alegan que fueron estafados con más de dos millones de pesos bajo la promesa de viaje seguro.
Vargas Núñez fue suspendida de su puesto de trabajo, el cual ocupaba desde el seis de septiembre del año 2004, a raíz de iniciarse la investigación. Mientras que Arias y el chofer Moreta también fueron suspendidos, éste último trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos desde el primero de enero de 2005, de acuerdo a certificaciones emitidas por Bienvenido Lora, director interino de ese departamento.
El sometimiento
La querella fue interpuesta a través de los doctores Máximo Aristy Caraballo, ex fiscal del Distrito Nacional; el ex fiscal adjunto Felipe Herrera, y Abraham de Jesús.
Según el sometimiento, el grupo se dedicada a reclutar personas que deseaban emigrar a España o Canadá, a quienes les cobraban miles de dólares y euros con la promesa de conseguirles visas y contratos de trabajo.
De acuerdo a la querella, los dos millones de pesos fueron entregados en diversas partidas a los funcionarios de la Secretaría de Trabajo con la promesa de ser incluidos en las certificaciones de las evaluaciones hechas por esa institución y la embajada España para ser favorecidos con el programa de empleos en la nación europea.
España y República Dominicana mantienen un programa de reclutamiento de personal para labores no especializadas, en base a una cuota anual. Este programa se administra en la Secretaría de Trabajo.
