Los médicos forenses

La historia de la medicina legal dominicana está mal documentada. Si ésta tiene alguna evolución no atestigua de ningún progreso, y si hay alguna transformación es la triste edificación del Instituto de Patología Forense (IPF), creado por decreto el 17 de febrero del año 1989, que cada vez está más descuidado, hace ya 18 años.. Según la actualidad del momento, contamos con que hay, además del citado decreto-ley, una ley sobre autopsia judicial (en las aulas discuten sobre el verdadero nombre entre autopsia, necropsia o tanatopsia, pero en realidad todos estos términos equivalen a la misma categoría medicolegal), un segundo decreto del instituto, que le da carácter nacional, y que además crea la Comisión Nacional de Médico-Forense, para encargarse de “la supervisión, evaluación, monitoreo de los trabajos, y la elaboración de las propuestas de políticas de desarrollo, compuesta por un representante de cada una de las siguientes instituciones: Procuraduría General de la República, Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, Asociación Médica Dominicana, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Colegio de Abogados de la República Dominicana, Comisión de los Derechos Humanos, y Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia”. Fue creado este segundo decreto del INPF, en el mes de enero del año 1999, y a pesar de esa Super Comisión no se ha reunido ni una sola vez en todo este tiempo. Significa que correrá la misma suerte del Consejo Directivo que se propone para dirigir el nuevo INACIF. Pero es importante referirse aun más a dicho texto legal, por dos razones: la primera, en el artículo 5, donde dice textualmente: “La Comisión Nacional Médico-Forense se reunirá mensualmente y cuantas veces las circunstancias lo demanden con la Dirección del Instituto Nacional de Patología Forense para evaluar la calidad de los trabajos realizados durante el mes”. La segunda razón reza de la manera siguiente: “Artículo 4.- El Director del Instituto Nacional de Patología Forense deberá ser Patólogo Forense y miembro activo del personal médico de dicho establecimiento…” Esto es la clave para saber que tampoco el Consejo Directivo del INACIF se ha reunido nunca, que por lo tanto el director del INACF debe ser alguien que salga de las filas de un organismo forense, o al menos alguien que lo sea por acreditación y que también presida junto con sus Sub-directores el Consejo Directivo.
Eso es lo que no entienden los médicos forenses, que creo no están formado para defender su oficio, ni para dirigir el INACIF. Probablemente no se den cuenta del peligro que entraña de crear un INACIF sin integrar la parte de patología forense. Nadie ha escuchado la opinión del director del INPF, que muchos creen es el doctor Sarita Valdéz, pero no es así.
Constituyen más de uno los problemas que amenazan el oficio de médico forense. Y, ya que definitivamente admiro y estimo a los legistas y a los médicos forenses del país, aunque ello no signifique el por qué de mis siguientes opiniones, creo que los médicos forenses no son tales. Que le falta mucho en su formación para entender su rol en la Justicia, más allá de la rutina de la investigación de la escena de la muerte (levantamiento del cadáver, autopsia y el informe medicolegal).
Muchos son los errores que se han cometidos desde el INPF en relación a la formación de los forenses. La Residencia de Médicos Forenses fue creada en el 1996, por el doctor Sarita Valdez y a él se le acusa de haber bloqueado esta residencia en Santiago de los Caballeros. Pero lo que constituyó un error fue crear una residencia de Medicina Forense y no de Patología Forense. Solo imaginen ustedes, un Instituto de Medicina Legal, donde hay patólogos forenses, y un Institutos de Patología Forense donde no hay patólogos. Yo soy de los que no admiten a un médico general en la Sub-especialidad de la Patología Forense. Si vemos el modelo de otros países, pues, un forense es un patólogo clínico que luego se sub-especializa en Patología Forense. No hay otra forma. Nosotros llamamos a los médicos forenses a sabiendas de que no son patólogos forenses y a los médicos legistas a médicos generales, con o sin especialidad, pero no tienen el mismo nivel de los médicos forenses, aunque sí ha habido casos de legistas que con el tiempo se convertido en “médicos forenses”.
El proyecto de ley que ha venido a alborotar a las ciencias forenses representa una oportunidad de cambiar muchas cosas, sobre todo para los médicos forenses, que en lo adelante pueden encontrar una vía de formación en la Patología Forense, creando una Residencia Extraordinaria, con verdaderos profesores patólogos forenses extranjeros.
Para que todo esto ocurra, es necesario que se forme la opinión pública de que el atrevido proyecto no pueda ser visto como una pieza original, sino que quizá es un plagio de la Ley Numero 13 que crea los Estatutos de Instituto Ciencias Forenses de Puerto Rico, de fecha 24 de julio de 1985 (ver los artículos 3008 y 3009). Este proyecto, al que se está emulando, establece que debe ser un forense el director (aunque no necesariamente de las ciencias médicas). La Junta Directiva no está compuesta por políticos, sino que el mismo director es quien preside dicha Junta Directiva.