Piden juicio disciplinario contra alcalde del DN

El movimiento cívico Santo Domingo Somos Todos entregó al presidente del Ayuntamiento del Distrito Nacional una instancia de solicitud de juicio disciplinario contra el síndico Roberto Salcedo “por la comisión de graves infracciones en el ejercicio de sus funciones institucionales”. El documento fue entregado al licenciado Gabriel Castro por una amplia comisión encabezada por la urbanista Amparo Chantada, el economista H. Galván, el licenciado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, el periodista Luis José Chávez, el coordinador nacional de JUNTAPO Ramón Ramírez y por representantes de juntas de vecinos de Gazcue, Ciudad Colonial y otros sectores de la capital.
El presidente del cabildo recibió el documento y se comprometió a evaluarlo conjuntamente con las comisiones especializadas del Consejo de Regidores para determinar los pasos a seguir.

Uno de los pedimentos consignados en la instancia sugiere que la Sala capitular requiera formalmente la intervención y auditoria de la Cámara de Cuentas de la República sobre la ejecución del presupuesto del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Los voceros del movimiento Santo Domingo Somos Todos manifestaron que “el presupuesto del Ayuntamiento del Distrito Nacional es de aproximadamente 4 mil millones de pesos y los ciudadanos capitaleños no saben que está haciendo la administración de Roberto Salcedo con esos recursos”
Los representantes comunitarios solicitaron al Consejo de Regidores que se exija al síndico la publicación de un informe detallado de ejecución presupuestaria, en virtud de lo que establece la ley 34-56 de Organización del Distrito Nacional.

Las presuntas violaciones

Entre las violaciones atribuidas al síndico Salcedo Gavilán, el grupo cívico citó la alteración inconsulta del escudo de armas y el diseño heráldico de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, oficialmente adoptados mediante decreto, 1528, del 2 de diciembre del año 1975, con el aval del Museo de las Casas Reales y la Academia Dominicana de la Historia. “Esta última, llamó la atención sobre esta violación en la sesión de su Junta Directiva el 30 de marzo del 2005, ante lo cual el síndico no tuvo ninguna reacción”.

Otra falta señalada es “la decisión ilegal de cambiar el nombre a la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, por el del Distrito Nacional, en franca violación al artículo 6 de la Constitución de la República Dominicana, actitud que ha sido denunciada tanto por la Academia Dominicana de la Historia, como por el Museo de las Casas Reales”.

Agrega el documento que “el Señor Esmerito Salcedo Gavilán, en su condición de Sindico, ha violentado el mandato de la ley 166-03 que lo obliga a destinar el 40 por ciento de los recursos que recibe para la construcción de obras en beneficio de la ciudad”.

Igualmente se acusa al síndico de “violar la ley 3456, sobre Organización Municipal del Distrito Nacional, que dispone que el Sindico no puede firmar contratos que conlleven compromisos por más de RD$500.000.00 sin la autorización de la Sala Capitular, por lo que este ha estado realizando contratos grado a grado, sin concurso público por oposición, como ha sido denunciado por el Honorable Regidor Milton Ginebra fecha 17 de mayo del 2007. Tenemos en nuestro poder varios contratos firmados por el Sindico que sobrepasan dicha suma, sin en el aval de la Sala Capitular”.

El documento consigna que “el síndico Salcedo Gavilán incurrió en una grave violación de la ley al firmar un contrato por 20 años con el Departamento Aeroportuario para la construcción de un helipuerto en la plaza Omar Torrijos del Malecón sin la autorización de la Sala Capitular”.

“Este hecho no sólo violenta las leyes 3456, y 64-00 sobre Medio Ambiente, si no que es un desconocimiento aberrante, de la disposiciones legales establecidas en las leyes 305, del 30 de abril 1968; que declara protegidos los 60 metros del área costera, y la Ley 202, del 3 de agosto del 2004; Sobre áreas Protegidas”, expresa la instancia del movimiento.

También señala “el hecho cierto y comprobado de que la señora Nerys Martínez, directora administrativa del despacho del Sindico, por voluntad propia, tomara una series de disposiciones de convivencia de la Zona Colonial, rebelando la ilegalidad con que funciona la sindicatura al margen de todas las garantías legales y del estado de derecho que debe exhibir un funcionario público.
El grupo acusa al Síndico de no cumplir resolución 262-99, y su reglamento, que establece un proceso de participación ciudadana y comunitaria en la gestión municipal.

La entidad cuestiona el manejo que hace el síndico de los recursos del Ayuntamiento y asegura que “no hay forma de conocer como se están invirtiendo los recursos del cabildo de la capital del País, ya que algunas de las principales funciones de la gestión municipal no parecen formar parte actualmente de las actuales prioridades del Ayuntamiento del Distrito Nacional”.

Entre las prioridades no asumidas por el ayuntamiento cita la construcción de calles, aceras y contenes, construcción de canchas, estadios, casas de la cultura, bibliotecas, multiusos, centros médicos, escuelas vocacionales, rotulación de calles y numeración de viviendas, instalación y mantenimiento de de semáforos, construcción de soluciones para el drenaje pluvial, construcción, reconstrucción y ampliación de mercados, mejoramiento de viviendas en barrios pobres y actividades de asistencia social.

El documento está avalado por Juanny Uribe, Cosette Álvarez, Roberto Sánchez, Amparo Chantada, H. Galván, Luís Carvajal, Víctor Víctor, Omar Bautista, Omar Rancier, Narciso Isa Conde, Pedro Delancer, Rossy Blanco Alvarez, Luís José Chávez, Raúl Pérez Peña, Virtudes Álvarez, Juan Ramón Batista, Alexandra García Godoy, Félix Pineda, Erika Peña, Harry Troncoso, Fidel Santana, Cristina Uribe, Teresa Moreno, Josefina Filmont, Daniela Donati, Luís Guzmán, Julio Ant. Recio, Ing. Silverio A. Martinez , Elsa Expósito, Tabare Mundaray Báez, Carolina Lerebours, Ramón Narpier, Felicita Heredia, Mirna Ovando, Tulio Pimentel, Juan Arvelo, Roberto Rimoli, Julissa Linares, Dálida Acosta P, Doretta Gianini, Lic. Ruth Gesualdo, Domingo Abreu, Iris Santos, Maria Recio, David Orlando Lorenzo, Carmen Mazzara, Mirta Guevara, Marcos del Rosario, Prudencia Fernández, Teresa Cabrera, Alexander Bompensier, Manuel Arias, Sofía Mariñez, Juan Miguel Pérez, Ricardo A Florenzan, y Maria del Mar Mella.

También por Mónica Ortiz, Ariel Sing, Juan Pablo Ortega, Maribel Núñez, Antonio Astwood, Gladys Sosa, Ilva Ripley Feliu, George B, Amaury Ernesto Maldonado, Agustín Severino, Ramón Ramírez, Huascar Rosario, Manuel Salazar, Jesús Adon Aquiles Castro Arias, Juana Emilia Uribe, Cristina Uribe, Fernando Feliz y Mercedes Pérez Ceballo; como las organizaciones sociales: Unión de Juntas de vecinos de la zona colonial, Junta de vecinos del ensanche Lugo, Junta de vecinos de Gazcue, Junta de vecinos de Primavera, Junta de vecinos de Bella Vista, Junta de vecinos de San Carlos, Junta de vecinos de Villa Francisca, Junta de vecinos de Maria Auxiliadora, COPADEBA, Grupo Nueva Arquitectura, Ciudad Alternativa, MIUCA, Periódico Iniciativa, Instituto de Urbanismo de la UASD, Comisión ambiental de la Academia de Ciencias, CEDAIL, FUNDELOSA, periódico Defensa Comunitaria, Partido Bochista, Círculos Caamañistas, Fundación Código Libre, FELABEL, Revista Atajo, Justicia Global, Realesa, Grupo de Apoyo a las Cuevas del Pomier, el grupo La Multitud, y la Junta de Organizaciones Populares y Comunitarias (JUNTAPO), entre otras personas y entidades.