WASHINGTON, 14 jun (IPS) – El Senado de Estados Unidos comenzó a discutir esta semana un paquete de proyectos de ley en materia energética que toma por los cuernos al toro de las políticas para enfrentar el recalentamiento global.
Los senadores comenzaron a analizar las propuestas una semana después de la cumbre del Grupo de los Ocho países más poderosos (G-8), realizada en la ciudad alemana de Heiligendamm y donde el cambio climático y las emisiones de gases invernadero que lo provocan figuraron al tope de la agenda.
Los líderes del G-8 realizaron vagas promesas acerca de reducir las emisiones de gases invernadero y sobre alcanzar un nuevo tratado para combatir el recalentamiento del planeta, seis años después de que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, retiró la firma de adhesión de su país al Protocolo de Kyoto.
El acuerdo firmado en esa ciudad japonesa fijó metas y porcentajes de reducción de la emisión de gases contaminantes que Bush rechazó argumentando que perjudicaba a la industria estadounidense.
El Senado estadounidense está debatiendo ahora medidas más específicas sobre utilización de fuentes de energía no contaminantes a la luz del aumento en el precio del petróleo crudo y la creciente preocupación de la opinión pública.
La discusión sobre la ley de energía "limpia" arrojó algunos controvertidos temas sobre la mesa de debate. Entre ellos, exigencias más altas para el uso eficiente de combustibles utilizados por los automotores, mayores requisitos de calidad en los artefactos eléctricos, lámparas de luz y edificios, así como la conversión del carbón en combustible líquido para los medios de transporte.
La iniciativa contempla transferir 14.000 millones de dólares que las industrias del gas y el petróleo reciben en concepto de subsidios hacia el financiamiento de futuras inversiones en energía "limpia".
En el lanzamiento de su campaña para convertirse en candida a la presidencia en las elecciones de 2008, la senadora Hillary Clinton, del opositor Partido Demócrata, propuso una alternativa similar e incluso lanzó la idea de aplicar un impuesto a las industrias contaminantes para financiar fuentes de energía alternativas.
La Casa Blanca ya manifestó su oposición a algunos de los artículos fundamentales del proyecto. Los senadores, por su parte, están considerando una multitud de modificaciones que tanto podrían endurecer como debilitar las propuestas originales del texto.
Uno de los aspectos más polémicos se refiere a nuevas especificaciones respecto del consumo de combustible de los automóviles. El proyecto establece que se fabriquen para 2020 vehículos que consuman 3,78 litros por cada 56 kilómetros. Esta sería la primera vez en que una norma de este tipo se aplique en casi 20 años.
El proyecto enfrenta la férrea oposición de la industria automovilística. La semana pasada, las tres grandes empresas estadounidenses, Ford, General Motors y Chrysler, reclamaron a los miembros del Congreso que redujeran las exigencias.
El senador demócrata por el estado de Michigan, Carl Levin, propuso una modificación que permitiría a las empresas librarse del problema, dijo Anna Aurilio, directora de asuntos legislativos del Grupo de Investigación para el Interés Público.
El cambio apadrinado por Levin "reemplaza exigencias por promesas", comentó Aurilio, al permitir que los fabricantes no cumplan con las normas propuestas sobre consumo de combustible si se comprometen a producir vehículos más eficientes en el futuro.
Sin embargo, varios senadores se aferraron a las regulaciones estrictas durante el debate sobre el proyecto. Las normas propuestas, señalaron, son justas y alcanzables. Los fabricantes de automotores en el mundo respetan exigencias mucho más altas que las compañías estadounidenses.
En Japón, nuevas reglas imponen que los vehículos tengan una autonomía de 64 kilómetros con 3,78 litros de combustible para 2015 y hace cinco años la Unión Europea fijó una regla que estableció la marca de 59 kilómetros, frente a los 56 propuestos en el proyecto que ahora debate el Senado de Estados Unidos.
Otra propuesta que genera un debate caliente se refiere al uso de carbón como combustible alternativo para vehículos, vista como un remedio contra la dependencia de los Estados Unidos respecto de las importaciones de petróleo.
La idea contempla reducciones de impuestos para la industria del carbón, con la esperanza de acelerar un desarrollo tecnológico que convierta a la minería de carbón en un arma para modificar la "cultura automovilística" de los Estados Unidos.
Sin embargo, los beneficios ambientales de la propuesta son todavía inciertos. Algunos ecologistas argumentan que el proceso de conversión genera más gases invernadero que los producidos por los combustibles fósiles actualmente en uso.
El senador Barak Obama, el principal rival de Clinton en la lucha por la candidatura presidencial de los demócratas, había apoyado el proyecto hasta esta semana, cuando modificó calladamente su posición.
En una declaración realizada el martes, dijo que hasta tanto no se perfeccione la tecnología de la conversión de carbón en combustible líquido "no apoyaré este procedimiento salvo que emita como mínimo 20 por ciento menos que los combustibles tradicionales".
El debate en el Senado deja en claro la influencia de las industrias del carbón y los automóviles.
Pero los petroleros no se quedaron atrás. Una propuesta que seguramente generará una agitada discusión prevé sanciones por realizar aumentos concertados en los precios de los combustibles. Una medida similar está en discusión en la Cámara de Representantes y Bush se opone completamente a su aprobación.
Los republicanos también introdujeron una modificación para fomentar nuevas refinerías de petróleo y métodos alternativos de transporte del combustible, que fue desechada el miércoles en una votación en la que los senadores de cada partido votaron en bloque. Los demócratas tienen mayoría en el Senado.
Otro punto clave del proyecto contempla reducir el uso de petróleo importado en 10 millones de barriles por día para 2031 y la adjudicación de fondos para promover capacitación para "empleos ecológicos", como la instalación de equipos que hagan un uso eficiente de la energía.
La Cámara de Representantes también está analizando un proyecto sobre energía no contaminante, que será debatido en julio. Legisladores de ambas cámaras planean mantener una conferencia para compatibilizar las versiones finales de ambos proyectos.
Estados Unidos obtiene actualmente 40 por ciento de su energía del petróleo, 22,6 por ciento del gas natural, 22,9 por ciento del carbón, ocho por ciento de centrales nucleares y apenas 1,6 de fuentes renovables.
Un fuerte aumento en el uso de etanol como substituto de la nafta está incluido en el proyecto. La propuesta es utilizar 136.200 millones de litros para 2022. Pero las ventajas, y las implicancias políticas del uso de etanol, no están claras.
"El uso de etanol plantea muchas preocupaciones ambientales", dijo Jim Presswood, del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales.
Presswood y otros expertos aseguran que se necesitan muchos avances tecnológicos y de infraestructura antes de que el etanol pueda reemplazar a la nafta.
Mientras el gobierno nacional está arribando lentamente a la adopción de una política energética, muchos estados (provincias) ya han asumido el desafío de reducir su contribución a las emisiones de gases invernadero.
Hasta ahora, 23 de los 50 estados en que se divide Estados Unidos tienen normas respecto de las fuentes de energía renovables y 12 están regulando las emisiones de los caños de escape de los vehículos.
"Vemos una explosión de iniciativas a nivel de los estados, mientras que el gobierno nacional nos lleva hacia atrás en materia de política energética", comentó Aurilio.
En abril, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) estuvo equivocada cuando declaró en 2003 que carecía de autoridad para regular las emisiones de gases invernadero.
El fallo aumenta las posibilidades de que la EPA apruebe una ley del estado de California que establece normas más estrictas que las exigidas por el gobierno federal.
Las Fuerzas Armadas también hacen sentir su peso en el debate sobre el ambiente. El mes pasado, un panel de altos oficiales retirados reclamó una acción inmediata sobre el cambio climático, al que caracterizó como un "multiplicador de amenazas" y una fuente potencial de inestabilidad y conflictos por recursos globales en disminución.
Algunos legisladores parecen estar de acuerdo. En abril, dos influyentes senadores, el demócrata Dick Durbin y el republicano Check Hagel presentaron un proyecto conjunto para requerir un informe de inteligencia sobre las amenazas que plantea el cambio climático. (FIN/2007)
