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POR. JUAN TAVERAS HERNANDEZ
El gobierno gasta 500 millones de pesos mensuales en publicidad. Eso es mucho dinero para un país que tiene más del 70 por ciento de su población en la pobreza.
Estamos hablando de seis mil millones al año, más que lo que reciben algunas secretarías de Estado importantes.
Esos 500 millones mensuales, seis mil al año, se invierten en promover la figura del presidente de la República, quien va tras la reelección, en el pago de "asesorías" y "servicios prestados", a determinados comunicadores, en publicidad y propaganda.
Cerca de mil comunicadores de todo el país están hoy en la nómina pública, hecho sin precedentes. Alguien me dijo que no era justo criticar a los periodistas que trabajan en el gobierno. Y es cierto, no debe ser motivo de condena el trabajo de nadie. Al contrario, el trabajo, como la vivienda, salud y la educación, son derechos ciudadanos. No critico pues, el trabajo de ningún periodista, critico la acción gubernamental de corromper periodistas, de comprar la opinión pública, de crear una corriente de opinión publica basada en la mentira, el silencio y la autocensura. Eso es lo condenable, lo que merece sanción por lo menos ética, lo que ha debido generar un escándalo, lo que debió ser denunciado ante los organismos internacionales.
El aumento de sueldo desproporcionado de la Cámara de Cuentas provocó un tsunami en la prensa, que todos los días publicaba críticas y condenas por violar la austeridad del gobierno, pero nada pasa cuando nos enteramos de funcionarios que ganan cerca de un millón de pesos mensuales, es decir, 12 millones de pesos al año, sin contar las otras "entradas" marginales como tarjeta de crédito para gastos de representación, gasolina, chofer, seguridad, pasajes aéreos, dietas….
Nadie se escandaliza por los gastos del despacho de la Primera Dama, ni por el viaje inesperado desde Guatemala hacia Santo Domingo para asistir a la graduación de uno de sus hijos que, según la prensa alternativa costó más de 30 mil dólares, es decir, más de un millón de pesos.
Los escándalos de corrupción del gobierno van y vienen sin que ocurra nada, sin que nadie se ruborice, ni haga nada. El silencio, que el gobierno paga, forma parte de la complicidad.
La gente dice que "la prensa está comprada".
Yo diría que una buena parte de la prensa, o que una buena parte de los dueños de los medios de comunicación reciben grandes beneficios del gobierno o está sujeta a los intereses del gobierno debido a los problemas judiciales de algunos de los dueños.
Una emisora de radio, por ejemplo, recibió, en efectivo, dos millones de pesos por el cierre de campaña del presidente de la República. Esa misma estación suele cobrar un millón de pesos por los programas especiales que realiza desde el Palacio Nacional o desde cualquier otra institución del Estado, incluyendo algunos ayuntamientos. ¿No es ésa una manera de pagar el silencio, la complacencia y el "píchamela suave"?
Cuando la Junta Central Electoral habla de reglamentar la publicidad, yo pienso, no en un intento por violar el derecho a la información y difusión del pensamiento, sino a esa gran inversión del gobierno durante la campaña electoral.
Prácticamente toda la publicidad de las distintas instituciones públicas desapareció de los medios durante la campaña electoral interna del PLD donde fue derrotado Danilo Medina por el Estado, como él mismo dijo. La razón es simple: sustitución de cuñas.
La JCE sí está facultada por la ley para regular la publicidad y la propaganda durante la campaña electoral. Y si no está lo suficientemente claro para algunos, pues que sometan un proyecto de ley que regule la publicidad estatal, que impida y condena la sustitución de cuñas publicitarias, que prohíba el proselitismo con los recursos del Estado a través de la publicidad que se paga con recursos del presupuesto nacional.
El presidente Fernández está en campaña electoral full, las 24 horas del día, de todos los días. Las vallas de Danilo Medina fueron eliminadas, pero las del presidente siguen en los mismos lugares. Nadie las quitará, nadie se atreve ni se atreverá.
Los comunicados en la prensa de los grupos que "apoyan" la reelección, que se pagan con fondos públicos, pueden leerse todos los días.
Los 500 millones de pesos mensuales que el gobierno gasta en publicidad y propaganda subirán a 600 o quién sabe a cuántos millones. Puedo calcular que el gobierno invertirá, en seis o siete meses de campaña electoral, unos 3 mil millones de pesos. Así como suena: Tres mil millones de pesos. Esa suma no incluye, por supuesto, el dinero que recaudará y gastará el Partido. Hablamos, pues, de una suma brutal, incalculable, en la promoción de la candidatura oficial.
Ningún partido de la oposición, ningún candidato, por mucho dinero que tenga o que reciba, puede competir con el gobierno, con este gobierno.
Y es ahí donde debe intervenir, como árbitro, como ente moderador independiente, la Junta Central Electoral si de verdad quiere dirigir un proceso transparente con igualdad de condiciones para todo. Es por eso que estoy de acuerdo con la regulación de la publicidad y la propaganda de los partidos y de los candidatos para las elecciones del año próximo. Para que un proceso electoral sea diáfano, transparente, democrático, tiene que haber igualdad. Eso es lo que garantiza el voto universal libre y transparente. Si le dejamos las manos libres al presidente es capaz de abrir la bóveda del Banco Central y del Banco de Reservas para garantizar su reelección.
