SANTO DOMINGO.-Como si fuera una caja de Pandora, de la que salieron todos los males de la humanidad, la historia de irregularidades, vicios y falta de controles y procedimientos internos confiables han convertido a la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) en un barril sin fondo, del que cada vez salen más y más sorpresas.
Habría que estar vacunado contra espantos para poder entender cómo a través de los años, nadie ha podido detectar estas violaciones flagrantes a los estatutos, reglamentaciones y la legislación que norma la existencia de esta sociedad mutualista, que hoy cuenta con cerca de 70 mil socios, y un capital de cinco mil 500 millones de pesos al año.
Según el último informe de fiscalización realizado por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) a la COOPNAMA, de fecha 31 de octubre al 7 de diciembre de 2006, se determinó que el hotel Marena Country Club, en Juan Dolio, viene operando con pérdidas millonarias desde su inicio, acentuándose en los dos últimos cierres fiscales 2004-2005, en los cuales han arrojado pérdidas por los montos de 14 millones 122 mil 242 y 21 millones 372 mil 909 pesos, respectivamente, que acumulados serían 35 millones 495 mil 151 pesos”.
El informe establece entonces, que esa realidad, junto a otras irregularidades detectadas, vienen afectando los resultados económicos de la cooperativa muy significativamente, con el consiguiente perjuicio para los socios.
Asimismo, durante el proceso de fiscalización se encontró que la COOPNAMA pagó a empleados de la empresa de seguridad Dominican Watchman National, la suma de 9 millones de pesos, por una demanda interpuesta por ante los tribunales y otra por cinco millones, de otra de demanda realizada al hotel COOPMARENA por la misma compañía.
Con relación a las conciliaciones bancarias, la revisión realizada evidencia sólo la firma de la persona responsable de su preparación, “por lo que no son revisadas por otros funcionarios o empleados del área de finanzas. De las diferentes cuentas corrientes operadas por la COOPNAMNA en bancos comerciales, doce presentaban balances en rojo a la fecha de cierre, por un monto de 9 millones 7 mil 933 pesos. esos balances en rojo sólo existían en libros, no así en los balances de cuentas en banco, como es el caso de la cuenta Fondo de Cambio- Banco Popular, que tenía un balance negativo en libros de 4 millones 490 mil 401 pesos y en el banco, un balance positivo de 2 millones 599 mil 318 pesos”.
En el renglón correspondiente a Carteras de Préstamos, que representa el principal activo generador de ingresos de esa sociedad cooperativa. Por ejemplo, se determinó que en los préstamos especiales II, se originó un conflicto en la Oficina Regional de Barahona, “en este sentido, la cooperativa designó una comisión para que investigara esa situación y rindiera un informe, el cual solicitamos en reiteradas ocasiones, y no se nos suministró”, dicen.
Respecto de las inversiones en acciones, la auditoría del IDECOOP determinó que “en hechos posteriores a este cierre de operaciones al 30 de julio de 2006, las inversiones en certificados financieros en el Banco de Reservas habían disminuido a solo 727 mil 500 pesos, pero además de este valor, existían en otras instituciones financieras, certificados por un monto de 125 millones, fondos destinados al pago de navicoop”.
En este renglón, tampoco se pudo confirmar los balances, debido a que no fueron entregados los documentos de soporte a los fiscalizadores.
¡En la COOPNAMA se viola todo!
Al analizar la nómina de empleados, dirigentes y asesores, el IDECOOP observó que COOPNAMA no realiza correctamente las retenciones a los empleados correspondientes al impuesto sobre la renta. Se realizó un muestreo con la nómina de noviembre de 2006, escogiendo 54 empleados y se verificó que “la institución debió pagar mensualmente 181 mil 264 pesos y no los 19 mil 312 que se retuvo de la muestra escogida, estableciendo una diferencia dejada de pagar de 161 mil 952 pesos, equivalente a un millón 943 mil 424 pesos dejados de pagar en el año”.
Frente a tales irregularidades, los auditores aseguran que la COOPNAMA corre el riesgo de “una posible intervención de parte de la Dirección General de Impuestos Internos, por evasión de ese impuesto”.
Asimismo, en dicha muestra se determinó la existencia de 19 empleados a los que corresponde pagar ese impuesto y no se les deduce; mientras, a la nómina de asesores, que asciende a 246 mil pesos mensuales, se le deduce solo un 2 por ciento del 10 por ciento que establece la ley 11-92 para los honorarios y servicios profesionales, en tanto, la nómina de dirigentes, que asciende a 891 mil 360 pesos, no se aplica ningún tipo de impuesto”.
¡Más escándalo! Los préstamos especiales de Barahona
Hablar de los préstamos especiales requiere una mención no menos especial. Tomemos como referencia las investigaciones hechas por los propios dirigentes de la entidad en la Regional de Barahona.
La Comisión investigadora de Préstamos especiales ll investigó 43 expedientes en esa ciudad sureña, y según consta en el informe del 13 de julio del 2006, enviado por esa comisión a la gerente general de la COOPNAMA, Nurys Bastardo, en el mismo se encontró toda clase de anomalías e irregularidades, sin que, al menos que se sepa, se aplicaran las sanciones de rigor.
A saber: De los 43 casos, 17 de ellos tenían sustentación; 14 casos, “presentaban el mismo contrato, sobre el mismo solar, idéntica fecha de vencimiento, el mismo acreedor y los mismos testigos, mientras solo tres parecen tener sus papeles en regla. Los restantes 26 casos no están sustentados por ningún documento legal”, según reza el informe
Esto significa que los procedimientos internos de la cooperativa no son confiables ni seguros, pues adolecen de control, razón por la que, esos manejos inadecuados han provocado pérdidas a los ahorrantes, sin que se enteren siquiera a qué manos va a parar su dinero.
El caso Barahona merece atención especial, pues involucra la suma de 10 millones 403 mil 500 pesos y provocó la cancelación de varios miembros, incluida la encargada de la regional, Rosario Lagares Oviedo.
Resulta que la señora Lagares, en comunicación explicativa de los hechos, el 28 de junio de 2006, expresa que: “los socios beneficiados en el período diciembre 2005 febrero 2006 con préstamos especiales ll, no fueron tramitados ni trabajados por esta oficina. Debo aclararles que aquí se les trabaja el estado de situación, para, según los socios, ir a Santo Domingo a retirar mercancías de la tienda porque aquí no había lo que ellos querían”.
Tan “ajena” estaba la encargada de lo que acontecía, que en la comunicación que dirige a la Comisión Investigadora, explica que ella se limitaba a entregar el préstamo que llegaba a manos de los beneficiarios, “pues al cuestionarlos sobre cómo lo lograban, me respondían que, en Santo Domingo, con sus relaciones, y venían con una resolución original firmada, sellada y aprobada por el Comité de Crédito.
Lagares Oviedo insiste en que los préstamos “nunca fueron tramitados por esta oficina, ni llegaban aquí por la vía de mensajería, sino por el propio socio que los traía”.
Un hecho a resaltar es que de los 43 préstamos especiales, once corresponden a empleados de la COOPNAMA. Léase: Rafaela García, Luis Javier Jiménez, Cristino Pérez, Franklyn Féliz Peña, Santos Herodes Dominicci Ferreras, Roselyn Leger Matos, Emilio Feliz Alcántara, Miniel Pérez Méndez, Miguel Angel Féliz, Segundo Urbáez y Lorenzo Figuereo de la Paz.
Uno de los casos interesantes, siempre de acuerdo al informe de la Comisión Investigadora, es el de la socia Ana Mercedes Díaz de León, quien aparece con dos resoluciones del Comité de Crédito, una de fecha del 19 de mayo del 2006 por la suma de 250 mil pesos, alterada, que no fue desembolsada; y otra de fecha 24 de mayo del mismo año, por 415 mil pesos. “No obstante, la orden de cheque fue emitida por 370 mil 500 pesos, en fecha 30 de junio del 2006, refinanciando un préstamo especial que tenía vigente”.
Pero eso no es todo lo detectado por la comisión investigadora, integrada por José Ramón Soto, José Ramón Jara, Manuel A. Mateo, Eleodoro Almonte y Bolívar Medrano. De “los 43 casos bajo investigación, 36 fueron analizados por la misma persona, y se trata nada más y nada menos que del señor Francisco D’ Aza, presidente del Comité de Crédito.
Además de que “de los 43 préstamos, 11 presentan alteraciones en el formulario de aprobación de préstamos especiales como utilizado por el Comité de Crédito. Estas van desde cambio de nombres, montos, plazos, hasta números de socios, porcentajes a afectar y finalidad, lo que en nueve de los casos aparece validado con la firma del señor presidente del órgano, Francisco Antonio D’ Aza”.
En la investigación, en los que los expedientes no fueron ni recibidos ni revisados por el responsable del Departamento de Préstamos, para comprobar si cumplían los requisitos, fueron solicitados por los interesados y aprobados por el Comité de Crédito para liberar hipoteca.
Sin embargo, al entrevistar a 13 beneficiarios, la comisión investigadora determinó que ninguno utilizó el préstamo para liberar hipotecas, situación que se proyectó a los 41 casos que aparecieron en el informe como desembolsado. Más aún, ninguno de los préstamos bajo investigación fueron aprobados ni entregados con garantías de ningún tipo. Es decir, que de los 43 prestamos bajo investigación en la Regional de Barahona y aprobados entre noviembre 2005 y enero 2006, 14 presentan una sustentación viciada y 26 sin sustentación legal.
Además, los expedientes de solicitudes de 42 préstamos no fueron depositados en el Departamento de Préstamos, sino directamente ante el Comité de Crédito, pero en “9 casos los expedientes presentan alteraciones mediante las cuales se cambia información; no obstante encima de éstas aparece la firma del presidente del órgano, licenciado Francisco Antonio D’ Aza”. Mas aún, “de los 43 casos, uno aparece firmado de puño y letra por el Secretario, Jorge Alcalá Boyer, la vocal Lucía Silverio Gil y estampado el sello con la firma nueva vez, del licenciado Francisco Antonio D’ Aza, presidente del órgano”.
Ahí no para el asunto, en esta investigación se descubrió que “en un caso, fue aprobado y entregado el préstamo con una sola firma, mediante el sello del presidente, Francisco Antonio D’Aza. Los 31 casos restantes, aparecen firmados de puño y letra por el señor Jorge Alcalá Boyer, secretario, y sellados con la firma de Francisco D’Aza, presidente”, y como colofón al capítulo de los préstamos especiales II, con una misma resolución se solían aprobar múltiples préstamos de este tipo.
¡Suplidores…a la carga¡
Al parecer, el talón de Aquiles para la estafa ha descansado en los suplidores que a su vez, son dirigentes de la COOPNAMA, y para lograr su hazaña, se valen de cualquier artimaña, como ocurrió con la compra millonaria de mobiliario a una supuesta empresa distribuidora cuyo razón social es Siddy Fashion, ubicada en la avenida Bolívar, No. 708, del Distrito Nacional, que tiene los teléfonos 809-687-8294.
Hasta ahí, podría estar muy bien, a no ser porque la dirección no se corresponde con la que aparece en las órdenes de compra, y el teléfono es de otra empresa, que nada tiene que ver con esta historia, ubicada en la misma avenida pero con el número 308, como pudo comprobar esta reportera. Peor aún, en la ubicación Avenida Bolivar 708, no existe, ni ha existido nunca, la tienda de electrodomésticos Siddy Fashion.
La cosa se torna más grave aún, cuando se detecta que esa tienda, Siddy Fashion, presumiblemente propiedad de un dirigente de la COOPNAMA, estafó a la entidad con sumas millonarias al vender mobiliario de caoba, que resultó ser al final, simple madera. Como muestra, tenemos la orden de compra de fecha 29 de abril de 2004, en la que COOPNAMA adquirió varios artículos, todo supuestamente en caoba, según la cotización de la tienda y confirmado con la orden de compra de la cooperativa, por la que se pagó dos millones de pesos.
Otra de las irregularidades que soportan la estafa es el aviso de la orden de compra, que expresa “esta orden posee una sola cotización por ser exclusividad de la casa suplidora”. Y así como esta, el 29 de diciembre de 2004, la COOPNAMA pagó 671 mil pesos por la compra de mobiliario adulterado.
Lo mismo ocurrió en marzo 2004, cuando pagó 337 mil 500 pesos por el mismo concepto, entregándose de nuevo mercancía que no correspondía con el pedido; el 29 de julio de 2005, la cooperativa paga a Siddy Fashion la suma de 89 mil pesos por el mismo concepto y por la misma estafa.
No conforme con esto, y aparentemente sin reclamar a Siddy Fashion por el engaño, el 31 de mayo de 2006, la COOPNAMA, emitió el cheque No. 160270, a favor de la fábrica de muebles Antonio Romero & Asocs., por valor de 302 mil 975 pesos para reparar el mobiliario adquirido. Y así como este, aparece una correspondencia del 27 de noviembre de 2006, firmada por los gerentes financiero y general de la COOPNAMA, dirigida a Andrea Florián, encargada del Departamento de Tesorería, en la que se le solicita la emisión de otro cheque a favor de 99 mil 100 pesos, a nombre de la fábrica de muebles Antonio Romero, por “concepto de reparación de mercancía de socios que aún tiene garantía, perteneciente a la sala de exhibición de la tienda, y con cuyo suplidor hemos perdido vínculo.
Y para terminar la historia, los mencionados muebles se encuentran almacenados, una parte en un depósito de la sede principal y otro en un local ubicado en Santo Domingo Este porque la entidad mutualista no sabe qué hacer con ellos.
Dos conceptos y un solo cheque
Parte de las indelicadezas encontradas tienen que ver con la emisión del cheque No. 160897, de fecha 5 de octubre de 2006, por un valor de 60 mil 480 pesos, a nombre de City Ledger Gran Hotel Lina, como saldo a la factura No. 301354 por consumo en una actividad de dirigentes nacionales.
Contablemente se hicieron las siguientes transacciones: débito a la cuenta 6.01.03.19 “reunión de dirigentes” por valor de 60 mil 480 pesos y crédito a la cuenta 1.01.01.03.01.01 “Banco de Reservas”, cuenta proveedores por un valor total de 60 mil 480 pesos.
Ocho días después, el concepto del mismo cheque se modificó por lo siguiente; “saldo a la factura 301354 por consumo en actividad dirigentes magisteriales con cargo a cuentas por cobrar empleados de Hilario Jáquez, Rafaela Aquino, José Jara, Manuel A. Mateo, Eleodoro Almonte y Francisco Rijo. Cuotas iguales de 1680.00 por seis meses cada uno”.
Contablemente se modificó de la siguiente manera: “débito a la cuenta 1.01.04.01.06 (otras cuentas por cobrar funcionarios y empleados) por valor de 60,480.00. Crédito a la cuenta 1.01.01.03.01.01 (Banco de Reservas cuenta proveedores) por un valor de 60,480.00 pesos” según los documentos, todas las modificaciones anteriores fueron hechas por el usuario DBA, la cual es normalmente usada por el señor Alfredo Martínez”.
Esa situación motivó una investigación, y lo único que quedó claro, además de que se cambió el concepto para la emisión del mismo cheque, fue la comunicación enviada por el presidente del Consejo Nacional de Vigilancia, Roberto Núñez, a los dirigentes de COOPNAMA, en la que solicita, “le rindan un informe y una explicación a este Consejo Nacional de Vigilancia, ya que se emitió un cheque por valor de 60 mil 480 pesos en fecha 8 de octubre de 2006, con el No. 160887, por concepto de consumo de una actividad de dirigentes nacionales el 4 de septiembre de 2006. Sin embargo, este órgano no fue convocado ni participó, y queremos saber quién convocó dicha actividad y por qué se autorizó dicho cheque, puesto que para este órgano, esta actividad no fue convocada por ninguna instancia institucional de la empresa”
¿Iregularidades contables?… También se viola la Ley
Al parecer, existe una confabulación entre todas las instancias que deben regular, supervisar y velar por los ahorros de los maestros y maestras a través de la COOPNAMA y todo indica que los dirigentes de la entidad mutualista también tienen cosas que aclarar en toda esta historia de irregularidades y manejos no muy claros.
Según la Ley de las Cooperativas en su capítulo primero, inciso (i), se establece “no conceder ventajas ni privilegio alguno a los iniciadores, fundadores y directores, ni preferencia a parte alguna de capital”.
A partir de este claro enunciado de la Ley, habría que explicar entonces por qué los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, así como del Comité de Crédito, devengan salarios mensuales que cuestan a los socios de la COOPNAMA aproximadamente 10 millones de pesos al año. Si a esto le sumamos los tres millones y medio de pesos que cada año se paga por concepto de asignación, reparación y mantenimientos de vehículos, la suma se eleva a casi 14 millones de pesos.
Ahora, si agregamos el millón 500 mil correspondiente a los salarios de los sustitutos de dirigentes, el total asciende a 15 millones 500 mil pesos, suma esta que podría elevarse si agregamos lo que se paga mensualmente por consumo de cafetería, que también va por cuenta de los socios.
Veinte de los integrantes de la dirección del COOPNAMA, devengan salarios mensuales de 38 mil 599 pesos, a excepción, claro está, del presidente, Valentín Medrano, quien recibe 49 mil 380 pesos cada mes. Ellos son: Julio Fulcar, Martín Castillo, César Mézquita, Fernando Rodríguez, Roberto Núñez, María Catarina Rodríguez y Jorge Alcalá Boyer, entre otros.
Pero… ¿Cuántos son?
En principio, se habló de una lista de cuarenta y cinco asesores que costaban a la COOPNAMA varios millones al año. Sin embargo, y a pesar de las denuncias y la disminución en el número, en la nómina de septiembre de 2006 aparecen 15 consultores, cuyos salarios fluctúan entre los 40 mil a 5 mil pesos mensuales, lo que representa una erogación anual de casi tres millones de pesos, cuando, según han dicho sus propios directivos, el problema se resuelve con cinco asesores.
Habrá que ver cuáles son los manejos institucionales de la entidad para mantener, a pesar de las denuncias, una nómina tan abultada de asesores, sin que exista, en términos reales, necesidad de los mismos.
Pero, sería en una próxima entrega donde ofreceremos más detalles acerca de la última fiscalización realizada por el IDECOOP a la COOPNAMA, en la que se tocan aspectos interesantes de la ejecución presupuestaria de la entidad mutualista y sus aspectos legales.
Y, como en los cuentos de Las Mil y Una Noches, con Alí Babá y sus cuarenta ladrones, la historia de irregularidades de la Cooperativa de los maestros, al parecer, no tiene fin.
