México, 2 jun (PL) La propuesta de reforma fiscal recién presentada por el Ejecutivo mexicano ante el Congreso desata hoy la controversia entre quienes a pesar de considerarla viable, descubren en la iniciativa serias limitaciones.
El proyecto enfrentó sus primeros tropiezos en el Senado, cuando el líder de esa instancia, Manlio Fabio Beltrones, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Carlos Navarrete, del de la Revolución Democrática (PRD), lo tacharon de incompleto.
Los congresistas, en representación de sus respectivas bancadas, advirtieron que de no modificarse el esquema de solvencia pública por pago de impuestos de la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX), esa iniciativa no llegará a ser todo lo integral que se requiere.
Para los legisladores, el cambio debe garantizar a PEMEX mayor inversión en su modernización y producción de hidrocarburos y advirtieron que no cederán en esa materia, porque no se deben seguir exprimiendo las finanzas de esa empresa.
Los parlamentarios pidieron tiempo para analizar las siete iniciativas del gobierno en materia fiscal antes de definir su posición y adelantaron que el fallo definitivo al menos les tomará tres semanas.
No descartaron la posibilidad de un periodo extraordinario para revisar la reforma, la que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, consideró adecuada porque generará una recaudación adicional de tres por ciento del Producto Interno Bruto hacia 2012.
El funcionario defendió a capa y espada la modificación, la cual consideró núcleo de la estrategia económica del gobierno de Felipe Calderón, que de ser aprobada, se traducirá en un incremento de la recaudación en un margen de 1,2 a 1,5 por ciento en el primer año de su instrumentación.
Carstens afirmó incluso que el ejecutivo calderonista podría implementar en el sexenio una segunda reforma fiscal, si la expectativa no se materializa en términos de petróleo.
La propuesta fiscal de la actual administración contempla cuatro grandes rubros como la mejora sustancial del gasto, mayor federalismo fiscal, eliminación de privilegios impositivos y fortalecimiento de la recaudación tributaria.
Los pequeños y medianos empresarios, quienes pagan entre un 15 y 28 por ciento de impuesto sobre la renta, en contraste con el trato diferencial a grandes empresas que pagan cuotas mínimas.
Analistas financieros calificaron de regular la propuesta ya que esperaban mayores medidas para atacar a un grupo importante de evasores de impuestos, y en consecuencia, estiman que la tasa contra la informalidad es insuficiente.
La iniciativa ha generado gran polémica y confusión entre quienes opinan que constituye un castigo al empleo y desalienta la inversión y el ahorro, lo que se traduce en "un poco más de lo mismo", afirmaron integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
De acuerdo con el presidente del CCE, Armando Paredes, es lamentable que no se haya contemplado la aplicación de un impuesto general que amplíe la base de contribuyentes, simplifique y transparente los procesos, y a la vez elimine regímenes de excepción.
Mientras tanto, el analista Macario Schettio consideró que la reforma gubernamental es meramente recaudatoria y lo único que busca es que de aquí al 2010 en México no se registre una crisis fiscal, la cual amenazaba al país y en consecuencia, a la inversión extranjera.
Adelantó que pese a todo, la reforma, presentada esta semana previamente al Senado y analizada y discutida en los más diversos sectores, será aprobada finalmente a nivel legislativo porque no modifica el régimen de contribución que se aplica en la actualidad.
Schettio consideró que en esencia la reforma no enfrentará mayores problemas ya que propone novedosos mecanismos para reducir la evasión y lograr que declaren al fisco personas contempladas o no ante el Registro Federal de Contribuyentes.
