El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció las amenazas de muerte y agresión de que fueron objetos los periodistas Marino Báez y Braddy Abréu, de Bonao.
Olivo De León, secretario general del gremio, condenó el maltrato y la agresión a Báez, corresponsal del periódico Listín Diario, y Abréu, productor del programa “El Dominio del Cibao”, que se trasmite por Yuna Visión, canal 10, quienes fueron impedidos de cubrir una marcha que se efectuó el pasado viernes en el municipio de Maimón.
Explicó que según la denuncia de los afectados, al llegar a la comunidad, los periodistas fueron recibidos por una turba, dirigida por Rafael Jiménez, Pablo Abad y Silvestre Santamaría, miembros del Bloque de la Dignidad y de la Alianza de Lucha y Desarrollo (ALUD), quienes los amenazaron con romperle el vehículo y lincharlos, en caso de que hicieran imágenes y fotos de la marcha.
De acuerdo a la información de los comunicadores sociales, dijo que los manifestantes del municipio de Maimón, primero reclamaban agua potable para los diferentes barrios, sin embargo, al recibir la visita de los miembros de Alud y del Bloque de la Dignidad, cambiaron el método de protesta para reclamar la distribución equitativa de los recursos que maneja el Consejo Provincial de Desarrollo.
Agregó que tanto Báez como Abréu indicaron que sin investigar nada y a pesar de que estaban identificados, un tal Manuel Valerio la emprendió contra ellos vociferando palabras insultantes y amenazándolos con quitarle la vida.
Según los alegatos de los dirigentes barriales y populares, Abad, Santamaría y Jiménez, los residentes de Maimón habían dado instrucciones para que no se permitiera la entrada de ningún periodista de Bonao, pero no explicó las causas.
El secretario general del SNTP sostuvo que de acuerdo a las informaciones de los
periodistas del Listín Diario y El Dominio del Cibao, tras los organizadores del
movimiento amenazarlo y hacerlo salir bajo presión de la comunidad, hablaron con la gente del Bloque y Alud, para solucionar el impasse, pero no le hicieron caso.Olivo De León llamó a las autoridades correspondientes a disponer una investigación sobre el caso y a someter a la justicia a los responsables, ya que con esta situación se viola la Constitución de la República, la ley 6132, la 10-92, la 200-04 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sostuvo que los periodistas sólo cumplían con su deber de ejercer el derecho de su profesión para que la ciudadanía permanezca informada como lo establece la Constitución y la Declaración Universal de los derechos Humanos.
Indicó que ante al impedimento de entrar a la comunidad de Maimón, a la prohibición de grabar la marcha y ante las amenazas de “se van o le rompemos el vehículo y hasta los linchamos”, los comunicadores sociales no tuvieron otra alternativa que retirarse para salvaguardar sus vidas.
