Las próximas horas serán de tensión y rumores en República Dominicana, debido a la entrada en vigencia del llamado a huelga formulado el Foro Social Alternativo (FSA).
La experiencia indica que habrá brotes de manifestaciones en algunos sectores y que tropas mixtas de policías y militares patrullará las calles.
Está bien claro el derecho a la protesta de parte de la población. Los organizadores del paro están amparados en los principios constitucionales, los que debe respetar el Gobierno.
A lo que nadie tiene derecho, en nombre de los huelguistas, es a promover el desorden y a poner en peligro la vida humana y la propiedad pública o privada.
Las autoridades, de su lado, tienen el deber de actuar con comedimiento y evitar que el personal de seguridad en las calles caiga en exceso en sus funciones.
Desde este lunes, a las seis de la mañana, seremos testigos de dos fuerzas que bien podrían dar un gran ejemplo cívico, uno ejerciendo el derecho a protestar y el otro el deber de salvaguardar el orden.
Luego, corresponderá a los promotores de la huelga y al gobierno extraer las lecciones de esta jornada en la que los organizadores de la protestas enarbolan sentidas reivindicaciones.
Ciertamente, la población vive bajo una angustiosa situación de precarizad en la mayoría de los servicios y que la carestía de los productos básicos se siente, muy en especial en los sectores populares.
Los organizadores de la huelga y el gobierno tienen diferencias sustanciales sobre la situación de nuestra economía. Y son esas visiones las que conducen al conflicto de este lunes.
Rogamos porque no haya exceso, que no haya pérdida de vida y que el interés por el diálogo mostrado por el gobierno sea el que oriente los días posteriores a esta protesta nacional.
