No tanto como un tsunami, pero, por sus efectos, en modo alguno puede pasar inadvertida la confrontación que ha desatado el reglamento que discute la Junta Central Electoral (JCE) de los procesos de votación. Por aqui se ha hablado hasta el cansancio del elevado costo y lo prolongadas que resultan las campañas políticas, pero la iniciativa para regularlas ha bastado para retratar una hipocresía de espanto y brinco.
El conflicto, claro está, no es la reglamentación per se, sino la transparencia y control de los fondos de los partidos políticos. Porque de esa forma se eliminarían prácticas perversas como la utilización de recursos públicos en jornadas proselitistas y aportes oscuros a favor de candidatos.
La reacción ha sido tan hostil, que el presidente de la Cámara Administrativa de la JCE y quien llegó al cargo por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha tenido que advertir que el tribunal no aceptará que lo dirijan desde fuera. Es obvio que el doctor Roberto Rosario no aludía a la oposición, sin la menor influencia, sino a figuras prominentes de la sociedad civil.
Desde que el doctor Salvador Jorge Blanco creó una comisión de notables en las elecciones de 1986, en la falsa creencia de que hacía un aporte a la democracia, las llamadas personalidades han entendido que pueden suplantar el rol de las instituciones en procesos como los electorales. Anteriores períodos marcaron ruidosas confrontaciones que se presumía habían desaparecido con las aclamaciones sobre el mecanismo para seleccionar a los actuales jueces. Aunque los magistrados, algunos de los cuales se han ganado con su trayectoria profesional el espacio de que disfrutan, sean cosecha de la sociedad dominicana.
Se sabe que sociedades como ésta están permeadas por la doble moral que lleva a sus voceros más prominentes a decir una cosa y hacer otra, como reflejo de un comportamiento social con raíces profundas. Esa conducta se evidencia en el silencio que produjo, en lugar de un debate acalorado, la advertencia del juez Rosario de que el tribunal electoral no aceptaría injerencismos que vulneren la institucionalidad.
Hasta ahora sólo se ha hablado de los fondos de los partidos y el tiempo de la campaña, pero un día habrá que abordar, como parte del proceso para adecentar la lucha política, el transfuguismo, como se hizo en España, y otras prácticas siniestras que denigran y suelen tener elevadísimo costo para la democracia y hasta para el erario.
La advertencia de ninguna manera ha debido pasar por alto, máxime cuando se produjo en el contexto de unas declaraciones alarmantes del politólogo Clodoaldo Mateo, asesor de Consejo Nacional de Reforma del Estado (Conare), en el sentido de que la democracia está secuestrada por una oligarquía ultrapoderosa. ¿Será la misma gente? Al rasgar la vestidura del poder agregó que los tres principales problemas de la política criolla son la corrupción, el clientelismo y el nepotismo. Quizás fue demasiado al tocar esa tecla y más todavía al afirmar que aqui se apuesta a los candidatos como si fueran carreras de caballos. Se entiende entonces la oposición a las reglas.
