De acuerdo a las más extendidas doctrinas urbanísticas, los espacios públicos son lugares para la gente, para que los ciudadanos tengan la opción de encontrarse y hacer vida colectiva.
Por lo tanto el valor de un parque, una plaza o un área verde está íntimamente asociado a la utilidad pública de su uso. Si la gente no puede disfrutar un espacio público, porque carece de los servicios y equipamientos adecuados, entonces ese lugar se convierte en un problema urbano.
Contrario a esta elemental concepción urbanística, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, y por aparente imitación el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, se han inclinado hacia una modalidad de gestión que privilegia la conservación sobre el uso social de los espacios públicos.
Se podría decir que el síndico Roberto Salcedo ha tratado de sentar doctrina en esta materia, al disponer y defender el cierre –que él insiste en denominar desarrabalización, de algunos de los más importantes puntos de encuentros de Santo Domingo, incluyendo el mercado de la pulga que funcionaba sin ningún problema significativo en el Centro de Los Heroes, la plaza Juan Barón, la plaza de Guibia y la plaza Omar Torrijos, entre otros lugares representativos de la capital.
Recientemente el periódico Listín Diario publicó como su noticia principal de portada el domingo 8 de julio que el Malecón de Santo Domingo se había convertido en el más grande lupanar de la capital, donde además proliferaba la venta y consumo de narcóticos y se practicaban actos contrarios a la moral.
Evidentemente que ese no es el propósito de la política del cabildo capitaleño. Se trata simplemente del resultado real del supuesto propósito conservacionista y que algunos llaman elitista, consistente en suprimir los servicios informales que antes se ofrecían en las principales áreas públicas del Litoral Sur. Con el desalojo de los vendedores de todas las plazas del área, el Malecón ha perdido todo el dinamismo y el encanto que lo erigieron en el gran punto de encuentro de la familia capitaleña y en el principal atractivo para visitantes nacionales y extranjeros.
La explicación es muy elemental: ya no resulta interesante sentarse en un banco del Malecón si no se puede comprar una cerveza, un referesco o sándwich, y muchos menos comprarlo a los precios naturalmente elevados de los grandes hoteles y restaurantes de la zona.
La política aplicada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional ha tenido el efecto, aunque no fuera ese su objetivo, de convertir el Malecón en un lugar inhóspito, efectivamente arrabalizado y ocupado por la inmoralidad y la delincuencia.
El síndico Juan de Los Santos, lamentablemente, ha tratado de replicar el mismo modelo en el municipio Santo Domingo Oriental y ha comenzado por sacar a todos los vendedores que daban servicio en la Avenida España y en el parque de Invivienda. El resultado no tiene nada que envidiarle al malecón capitaleño. También están sacando a la gente y creando un escenario para el desarrollo de la delincuencia y la inmoralidad.
Lo peor de todo es que ni la opinión pública ni los ciudadanos de ambos territorios conocen los reales planes que tienen los dos incumbentes municipales.
En el caso de la capital todos los lugares intervenidos por el Ayuntamiento se encuentran en deplorables condiciones ambientales y de servicio, empeorados por la generalizada falta de iluminación que afecta al Malecón y la mayoría de los parques, plazas, áreas verdes, calles y avenidas.
La Plaza Juan Barón está cerrada por un verja, la plaza de Guibia está llena de escombros y de basura, la plaza Omar Torrijos fue denunciada por el mismo síndico, cuando trató de justificar la construcción del Helipuerto, como un área abandonada, ocupada por el narcotráfico y donde se practicaba el sexo con entera libertad. Y que conste que Salcedo hizo la denuncia en contra de él mismo, ya que el litoral Sur es un área protegida cuyo manejo y cuidado depende directamente del gobierno local.
El síndico De Los Santos dijo que en la avenida España se construiría un gran parque lineal, pero ese proyecto no está consignado en el presupuesto ni ha sido conocido por el Consejo de Regidores y mucho menos por los ciudadanos.
El tema de este artículo no es decirles a nuestras autoridades municipales exactamente lo que deben hacer, pero si recordarles que en materia de gestión de espacio público no están logrando lo más conveniente para sus comunidades, y que en consecuencia deberían revisar la estrategia que han venido poniendo en práctica.
Si se algo les sirve, podrían tomar en cuenta que ciudades con mayor nivel de organización y hasta de desarrollo económico, como París, Madrid, Nueva York, Miami y Cartagena de Indias, concilian el orden urbano y el interés público con la actividad económica informal, siempre y cuando se asuman como servicios públicos y se sometan a las reglas trazadas por las normas urbanísticas.
15 de julio, 2007
