SANTO DOMINGO.-La Asociación de Industrias de la República Dominicana –AIRD- afirmó que es inadmisible que la contratación de las plantas de carbón por parte de la CDEE no se haga conforme al marco legal vigente. Explican los industriales que la Ley General de Electricidad no faculta a la CDEEE a contratar directamente energía. Añadió que la inversión privada debe realizarse no debe requerir de algunas de las garantías estatales que se han estipulado en los casos de plantas instaladas o por instalar luego de la reforma.
“Es lamentable que sectores del Gobierno hayan decidido ir adelante con el proyecto de plantas de carbón de este modo”, indicó Manuel Diez Cabral, presidente de la AIRD. Hay que evitar que los contratos se hagan sobre onerosos privilegios que, en definitiva, no garantizan la inversión real”.
“Un ejemplo es por ejemplo que, por causas atribuibles a la CDEEE, la planta Sichuan puede dejar de generar energía, lo cual no pasaría si la inversión se hubiese hecho de acuerdo a lo establecido por la Ley”, explicó.
Dijo que lo único que garantiza una inversión es la seguridad jurídica, la que desde hace tiempo parece no existir en el sector eléctrico dominicano.
Modificaciones a la Ley General de Electricidad
En cuanto a las modificaciones que se están sugiriendo a la Ley, Diez Cabral señaló es absurdo considerar que con modificaciones profundas a la Ley General de Electricidad es cómo se solucionará el grave problema que confronta el sector industrial dominicano relativo a un suministro no confiable de energía y a los altos costos de la misma. Aclaró que la AIRD no se opone al tema de penalizar seriamente el fraude eléctrico “venga de donde venga”.
“Estamos en presencia de una Ley que no acaba de ser aplicada, ni en el caso de las plantas de carbón ni en otros puntos relevantes. Necesitamos, antes que nada, despolitizar el sector de modo que el ente regulador del Sistema pueda cumplir con sus tareas con independencia real”, señaló.
Diez Cabral señaló que la gravedad no sólo viene dada por el ineficiente servicio que actualmente se brinda a todos los usuarios, sino que a este hecho se suman los costos increíblemente altos de la energía en República Dominicana con relación a otras naciones de la región, así como la carencia de una tarifa técnica que permita cobrar un valor real a los usuarios y el barril sin fondo que significa el subsidio a las distribuidoras, por su ineficiencia en el cobro.
“¿Quieren bajar los precios? Una primera medida para lograrlo es aplicar realmente la tarifa técnica de electricidad, según lo establece la Ley”.
Dijo que la situación se torna más grave si se toma en cuenta cómo se están incrementando los precios de los diversos combustibles, especialmente derivados del petróleo en los mercados internacionales.
Demandó que el subsidio al sector eléctrico sea focalizado, implementando un verdadero plan de cobro de energía y estableciendo metas de desmonte hasta su desaparición definitiva. El subsidio a la energía eléctrica probablemente alcance cerca de 20 mil millones de pesos en el presente año.
