Nadie me saca la duda de que algunos hechos delictivos que se están produciendo en distintos puntos del país son financiados. Hay demasiada coincidencia entre la consumación de esos acontecimientos y las posteriores declaraciones de los dirigentes políticos de la oposición y de la denominada Sociedad Civil. Pecaríamos de ignorantes si atribuimos todos los asaltos, robos con violencia y atracos a causas comunes, como son la falta de empleo, falta de oportunidades, a la descomposición social o a descuidos sostenidos de los gobiernos a las demandas de la población que aboga por el mejoramiento de los servicios básicos que posibilitan la subsistencia humana.
Ciertamente, esas son causas no descartables a las cuales habría que agregar el alto índice de incidencia que tiene el narcotráfico en nuestra sociedad, especialmente en la población juvenil, cuyos representantes, constituidos en bandas temibles, salen a la calle a matar por un celular, unos tenis de marca o por el control de un punto de droga.
Sospecho que la reincidencia de los asaltos a cualquier hora del día y la noche obedece a un plan desestabilizador, fríamente calculado. Ojalá esté equivocado, pero esa es una corazonada. La proliferación de secuestros de mujeres, hombres y adultos de todo nivel social evidencia que alguien está detrás de todo esto o por lo menos hay que deducir que los protagonistas de esas operaciones delictivas cuentan con mucha complicidad.
Altera la paz del hogar saber sobre la participación de algunos policías y militares en varios de esos casos; más que una muestra de descomposición social y de falta de control en los organismos castrenses, constituye una prueba de que son acciones planificadas por manos diestras y perversas.
¿Contra quién va dirigido el plan? ¿Contra el jefe de la Policía, Bernardo Santana Páez o contra el Gobierno? El rumor público comenta que la delincuencia es financiada por grupos jerárquicos a lo interno de la Policía Nacional para hacer saltar a Santana Páez y la única forma de lograr esos propósitos es creando una situación de caos, matando incluso a policías y guardias y asaltando sin control, para que el pueblo reaccione y pida la destitución del jefe policial. Lo de los grupos internos en la Policía es una noticia vieja.
Pero también podríamos decir que esa delincuencia es financiada por algún partido político de la oposición para crear un problema de inestabilidad política. Ambas cosas son posibles. Los grupos políticos han puesto en práctica esos mecanismos financiando huelgas, paros, actos de quemas de neumáticos y otras acciones anárquicas que atentan contra la seguridad ciudadana. La evidencia de que están financiando lo demuestra el hecho de que se pasan el criticando el estado de inseguridad ciudadana y no son capaces de unirse a los esfuerzos de las autoridades por corregir esos males sociales. Al contrario, ese es uno de los temas de campaña para las próximas elecciones, lo que indica que se están beneficiando de lo que actualmente perjudica al pueblo. Son esos los que salen a la calle a pedir que sufraguen por ellos.
Se admite, sin embargo, que por más que las autoridades se esfuerzan en aplicar programas de control a la delincuencia, no han logrado sus objetivos. Incluso tratan de minimizar el crecimiento de la delincuencia al afirmar que se trata de hechos comunes los últimos asaltos, secuestros y asesinatos reportados por la Policía.
¿Si hay capacidad para financiar una huelga, por qué no financiar también la delincuencia? Otros comentarios se concentran en culpar a los dominicanos repatriados desde los Estados Unidos y otras naciones de ser los responsables de estos hechos. Es la forma más estúpida de justificar este fenómeno. No se descarta que algunos de éstos estén involucrados, pero no podemos atribuirles a todos los repatriados esos crímenes. Los delincuentes han demostrado que cuentan con un buen respaldo para sus acciones. Cada día crecen las noticias sobre asaltos, secuestros y ejecuciones. Es una muestra de que no le temen a la Policía ni a la guardia. Andan bien armados y no tienen víctimas escogidas. Cualquier ciudadano puede quedar atrapado entre sus garras.
Si no son los partidos políticos que están financiando la delincuencia, entonces habrá de asumirse que es el narcotráfico. Se sabe que este escuadrón del crimen organizado financia las campañas de candidatos políticos en distintos puntos del mundo, especialmente en América Latina, y que penetra hasta los más estrechos estamentos civiles y militares para buscar impunidad. El caso Quirino es una muestra de lo que estamos señalando. Nosotros no somos la excepción a la regla. Si quieren saber cómo opera esta gente léanse el libro “Los jinetes de la cocaína”.
Los organismos de inteligencia del Estado conocen al dedillo cómo se mueven determinadas fichas políticas en todo el territorio nacional. Lo anterior significa que con un trabajo de inteligencia, en coordinación con los expertos policiales, los delincuentes peligrosos pueden ubicarse y apresarse para ser juzgados conforme a sus acciones. ¿Qué falta, entonces, la voluntad política?
Cabe agregar que los gestores que financian la delincuencia disfrutan hacer maldad porque así (piensan ellos) estarían pescando en río revuelto y colocando la ficha del tablero de su lado. Buscan el descontento popular para atraerse los votos porque aquello de que “divide y vencerás” o “desacredita que algo queda”. Su inteligencia es tan limitada que no se dan cuenta que ese monstruo de dos cabezas (como es la delincuencia y el narcotráfico) puede revertirse en su contra al momento cuando estén en el poder. El pueblo no es tonto, tampoco olvida. Sigue cada paso y en última instancia emitirá su veredicto aplicando el castigo del voto a los pseudos dirigentes políticos que aún se mantienen estáticos en el pasado poniendo en marcha un discurso atrasado, fuera de contexto, métodos que contrastan con el espíritu del hombre moderno.
