SANTO DOMINGO.-La Federación de Asociaciones Industriales (FAI), el economista Bernardo Vega y el senador Adriano Sánchez Roa, se suman a los sectores que cuestionan la contratación de dos plantas a carbón que representarían pérdidas para el país por cientos millones de dólares, según se ha denunciado.
La entidad empresarial que preside Ignacio Méndez Fernández se opone específicamente a que el Estado ofrezca la garantía soberana por un monto de US$30 millones, a través de una carta de crédito, para respaldar un contrato suscrito entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y grupos privados que proyectan instalar las dos plantas.
En una carta remitida a la Oficina de Enlace del Senado y el Sector Empresarial, la organización de pequeños y medianos industriales señala que "como principio general el país no debe hacer compromisos soberanos para garantizar negocios privados de ningún tipo o sector.”
A juicio de la FAI, cada empresa que se instale en el país debe asumir sus propios riesgos y adaptarse a las reglas del juego existentes, agregando que "lo correcto sería convocar a nuevas licitaciones internacionales abiertas, en la que participen libremente todas las empresas interesadas en el mercado eléctrico de generación.”
La federación se pronunció en esos términos en respuesta a una solicitud de opinión que le formulara la citada oficina senatorial, dirigida por el empresario David Toribio
El licenciado Bernardo Vega opina, por su parte, que las dos empresas ganadoras hicieron algo que, lamentablemente, tiene precedentes en nuestro país. “Se comprometieron a cumplir con todas las condiciones requeridas en las bases de la licitación, para así lograr que se la adjudicaran. Luego de esto han comenzado a solicitar beneficios que no estaban en los términos de la licitación y que, si hubiesen estado, las compañías reconocidas en el sector sí hubiesen participado en ella”.
Indica que las dos firmas “buscan garantías de pago por generación que ni siquiera tienen hoy día las empresas que ya operan en el país, beneficios que, de ser aprobados por el Congreso, harían tan lesivos los dos contratos como lo fue el de la Cogentrix en su tiempo”.
Y advierte que “las empresas que perdieron la licitación tendrían toda la razón jurídica para demandar al Estado por otorgar ahora lo que no contemplaba la licitación. Lo correcto sería negarles lo que ahora éstas piden y que no estaba en las bases del concurso y realizar uno nuevo, con condiciones más realistas”.
El senador Sánchez Roa, de la provincia Elías Piña, declarò que “el sólo hecho de que a las empresas contratadas, constituidas como “Consorcio Pepillo Salcedo” se le hayan dado condiciones tan especiales como la carta de crédito revolvente de 30 millones de dólares, sin haber estado estipulada en los términos de referencia de la licitación es un privilegio que constituye un hecho grave”.
Afirmó que las exclusivas y atractivas facilidades otorgadas a este consorcio, posterior a la realización del concurso y a la firma del contrato, afectan seriamente la pureza y transparencia con que ha debido desarrollarse este procedimiento comercial internacional.
Sánchez Roa reconoció que el propósito de generar energía a partir del carbón natural es positivo y conveniente para enfrentar la problemática del sector eléctrico nacional, ya que debido al bajo precio de este combustible en el mercado internacional, provocará una disminución significativa del costo de la energía para los usuarios domésticos e industriales.
Señaló que sin entrar en consideración respecto a la modificación del precio del kilovatio hora a favor de dichas empresas, de 2 dólares con 57 centavos a 2 dólares con 90 centavos, como lo han denunciado empresas participantes en dicha licitación, la citada carta de crédito podría significar un compromiso del Estado por hasta 810 millones de dólares.
