El dólar estable y bajo a $33 por 1, estimula las importaciones consumistas de todos en el país; es mejor importar que producir. Importen hay cero tasas con DRCAFTA, ¿No fue eso, lo que nos vendieron?
Eso producirá una guerra en el comercio y destrucción de la industria local junto a un fomento de Pymes que deben ser subsidiadas por Estado.
Somos pequeños déjennos vivir. Las pymes se beneficiarán del sistema de garantías, ya que podrán adquirir préstamos en las instituciones financieras con mucho más facilidad, y tendrán además acceso a fianzas de contratos.
Así no podemos aumentar la oferta de productos para la nación.
A costillas del turismo y de venta de playas y solares, no se puede.
Pues se nos agota el secreto mejor guardado del Caribe, ya todos los extranjeros saben que tenemos el gas, gasolina y luz más cara del mundo.
Apostemos si somos patriotas a aumentar la capacidad instalada y producción
nacional compitiendo en el mercado conociendo que tenemos que correr riesgos.
El que no quiera riesgos al invertir, sino garantías y apoyo legal al cobro de luz, por Ej. Ley criminalizando con prisión y multa si no pagamos luz a tiempo, que se compre un perro negro, grande y feo o que se meta a político.
La criminalizacion se aprobara al vapor con prisión de tres a cinco días y multas de tres a cinco salarios mínimos o ambas penas a la vez, a los usuarios que roben energía en cantidad inferior a los 1,000 kwh. La pena máxima para los infractores será de tres años.
Esperamos que el servicio de luz mejore, ya no hay más excusas.
Focalizar los subsidios en el sector, acordando una verdadera estrategia para eliminarlos y un plan nacional de cobro de energía. Para ello, deberían establecerse metas de desmonte del subsidio a las distribuidoras en plazos razonables, obligándolas a ser eficientes en su gestión de cobro, lo cual podría traducirse en breve tiempo en reducciones de las tarifas a los consumidores y mejoría en la calidad del servicio.
Que podemos hacer: Implementación de los subsidios en la tarifa a los barrios más deprimidos económicamente y eliminar la cuota fija independiente del consumo que se realice, ya que esto incentiva el consumo imprudente y el derroche de energía.
Establecer metas de gestión de cobro a las Distribuidoras que permitan al más breve plazo su gestión eficiente y reducción del muy alto Valor Agregado de Distribución, lo que permitiría una reducción de la tarifa de los usuarios.
De igual forma, establecer un cronograma de acciones necesarias para llegar
al más breve plazo posible a la licitación de la copropiedad y administración por parte del sector privado de EDESUR y EDENORTE, Distribuidoras que desde el año 2003 están bajo propiedad y administración 100% estatal, de forma que las mismas puedan reinsertarse dentro del modelo previsto en la Ley No.141-97 de Reforma de la Empresa Pública.
Renegociar los contratos con los generadores de energía para lograr una disminución en los costos de generación, preservando la seguridad jurídica y
apegándose al marco legal vigente y que estas disminuciones se traduzcan en
reducciones de las tarifas de los usuarios pues a la fecha este no ha sido
el caso.
Promover y facilitar los proyectos de generación de electricidad alternativa, basados en la Ley 57- 07 de Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y sus Regímenes Especiales recientemente promulgada. Para estos fines se hace necesaria la elaboración y aprobación del reglamento de aplicación de dicha Ley.
Estudiar la posible creación de comercializadoras y cooperativas eléctricas, sobre todo en el área rural y conubarno, sobre la base de la Ley de Asociaciones Cooperativas No.127/64 actualmente vigente y de cuya efectividad existen ejemplos en la zona fronteriza, por ejemplo Dajabón.
Generar un clima de seguridad jurídica y confianza basado en el respeto a la ley y la promoción de una sana competencia entre los agentes del sector eléctrico, que permita que nuevamente inversiones privadas decidan realizar proyectos de generación en el país a su costo y riesgo, como aconteció en los años inmediatamente posteriores a la reforma, que no requieran de contratos directos con el Estado ni obligaciones y compromisos por parte de este que no sean los de velar a través de las autoridades reguladoras por la correcta aplicación de la ley; y permitan así la urgente ampliación de la capacidad de generación instalada del país.
En cuanto al agravamiento de las sanciones, tanto por faltas cometidas por los usuarios como por las distribuidoras y agentes del mercado eléctrico, las mismas deben ser conocidas separadamente y se debe ser muy cauto para no cometer injusticias ni distorsiones como seria castigar con prisión sólo el robo de más de 1,000 Kw.
En todo caso se debe estar consciente que la criminalización por sí sola no resolverá el problema de las pérdidas de energía, sino que debe haber un plan nacional para mejorar las cobranzas.
Apoyamos ideas del CONEP y de los Frentes Populares, que ironía que
coinciden ambos cuando están situados en polos opuestos.
