Los diez años transcurridos desde que se instauró el actual régimen judicial registran frecuentes disputas que tienen por escenario el interior del sistema judicial, unas veces son los jueces del más alto Tribunal de la nación los que salpican a la opinión pública con querellas intestinas entre ellos; en otras, como el caso presente, la disputa la protagonizan el Ministerio público y el Magistrado Juez Presidente del Poder Judicial. Lo interesante sería determinar si esas disputas tienen por norte la eficiencia, o si por el contrario, tienen origen en protagonismos pocos trascendentes e impuros. Esta vez la tea de la discordia es la lucha anticorrupción. La ilegitima oficina anticorrupción afirma que la lucha anticorrupción ha fracasado porque los jueces no valoran adecuadamente sus decisiones y echan al zafacón las evidencias que le son presentadas por el Ministerio público; en cambio, los jueces opinan que lo que les impide hacer justicia es la mala elaboración de evidencias con miras a probar determinados delitos que hace el Ministerio Público.
En hora buena plantea el Magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), doctor Jorge Subero Isa, la necesidad de crear un Fiscal anticorrupción independiente. Pues, a decir verdad, no es la escasez de evidencias lo que permite lanzar a las calles a reconocidos desfalcadores del erario. Es que, simplemente, el Ministerio Público actúa como la gatita de Maria Ramos, lanza acusaciones sin sustentarlas, no por falta de evidencias sino por conveniencias políticas ligadas a la “Gobernabilidad”. El Fiscal que no entiende ese sencillo argumento es echado de las filas del Ministerio Público, por eso, todos practican la auto censura y hacen de payasos. Lo triste de la experiencia es que a pesar de las declaraciones del Magistrado Presidente, la situación no es distinta al interior del Poder Judicial conformado por los jueces. Estos también sacrifican la justicia en aras de la “gobernabilidad” o lo que es lo mismo fungen de legitimadores de las conveniencias entre
políticos. Esta y no otra es la desgracia de la democracia dominicana, la partidocracia reinante, empresarial e independiente de los poderes corporativos, es a la vez, un competidor desleal que obtiene ventajas con trapisondas que involucran a la justicia. Así, las declaraciones del Magistrado Presidente habría que tomarlas con pinzas pues es difícil determinar si apuntan al fin de tales conveniencias, o son un resabio más de los que desde hace 10 años hemos venido observando.
La Oficina anticorrupción ahora llamada Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), es ilegitima desde que se creó el Estatuto del Ministerio Público excluyéndola del mismo. Funcionaba con un decreto colocado por encima de la ley, ahora un nuevo decreto sigue perpetuando esa ilegalidad. En su momento los creadores de tal Estatuto se dieron cuenta que no podían afilar cuchillo para sus gargantas por eso la dejaron fuera. Lo que equivale a decir que urge la creación de una normativa legal que la sustancie. Sí esa y no otra es la intención del Magistrado Subero, bienvenida sea su propuesta.
Por otra parte, la admisión del Magistrado Subero de que la actual justicia impide el acceso del ciudadano de a pie a la misma, es otra declaración importante, pues también busca “supuestamente”, crear mecanismos que corrijan dicho crimen contra la democracia. Todos estos temas están en el debate pero solo son admitidos tanto por El Ministerio público como por la SCJ, cuando disputadas internas o conveniencias le sugieren admitirlo. DLH 5-8-2007.
