El mérito de Miguel Cocco no es haber denunciado la corrupción, sino de reconocer la gravedad del problema y hacerlo desde una actitud autocrítica, en un momento en que el liderazgo político, la sociedad civil y los medios de comunicación, con las debidas excepciones, asumen el tema con una indiferencia inexplicable. Miguel Cocco aseguró que los pocos recursos de que dispone el Estado han sido pésimamente administrados, lo que ha permitido que servidores públicos de todo los niveles y categorías emprendan una competencia absurda por ver cómo se acumula más riquezas, si por medio de la plusvalía o a través del robo al Estado.
Dijo que se ha convertido en un hecho cotidiano ver cómo funcionarios se transforman en millonarios, lo que aleja cada vez más la posibilidad de que los pobres superen el estado de miseria e indigencia en que viven.
No se le puede pedir más a Miguel Cocco, sobre todo porque en su condición de Director General de Aduanas ha tratado de ser consecuente con lo que predica.
Pero, ¿por qué el silencio cómplice de las instancias públicas y la sociedad frente a la corrupción rampante y creciente en una coyuntura, inclusive, en que hasta por razones de elemental conveniencia del proyecto reeleccinista se deberían hacer esfuerzos dirigidos por el propio Estado para morigerarla o por lo menos disimularla.
Todo lo contrario, a pesar del eficiente filtro que condiciona el debate público sobre la corrupción, prácticamente todos los días surgen informaciones sobre graves irregularidades que confirman las aprensiones de Miguel Cocco y de una gran parte de la población dominicana, tal como se puede apreciar a través de los siguientes casos recientes:
Robertico el constructor.
En su edición del 6 de julio del 2007, el periódico Cambio publica como su principal información de portada una nota en la que cuestiona la iniciativa del joven actor y animador de televisión Roberto Angel Salcedo de crear una compañía constructora, que según explica está registrada bajo el expediente 07-23522, de la Oficina de Propiedad Intelectual. “Sin estar ligado al mundo inmobiliario, el hijo del síndico del Distrito Nacional creó una compañía constructora con el nombre de Constructora Salcedo Sanz”, expresa la nota del semanario acompañada de una amplia fotografía de Robertico.
El circunstancias normales el hecho no debería extrañar a nadie, aunque Robertico no sepa ni un carajo de construcción. Lo grave del caso no es que el Ayuntamiento desvíe a través de testaferros una parte importante de sus inversiones para la compañía del hijo del síndico, como se comenta en corrillos de Palacio Municipal, sino que la empresa constructora se dedique a hacer negocios en un mercado donde todos los inversionistas, los grandes y los chiquitos, dependen eventualmente de una decisión del síndico. ¿Qué empresario de la construcción que esté obligado someter sus planos al Ayuntamiento se atrevería a decirle que no a una oferta de una empresa familiar del síndico.
Pero el caso no solo plantea un problema ético y hasta de competencia desleal, sino también legal y constitucional. La Ley 120-01 que instituye el Código de Etica del Servidor Público, en su artículo 8, letra C prohíbe “utilizar su cargo para obtener ventajas, beneficios o privilegios que no estén permitidos por la ley, de manera directa o indirecta, para él, algún miembro de su familia o cualquier otra persona, negocio o entidad”. Mientras que el artículo 102 de la Constitución de la República prohíbe a los funcionarios públicos prevalerse de sus posiciones para obtener provechos económicos o proporcionar ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados.
Esta denuncia ha pasado prácticamente desapercibida para la generalidad de los medios de comunicación, el DEPRECO y las demás entidades responsables de perseguir la corrupción y vigilar la conducta ética de los servidores públicos.
Los dos casos del BNV.
El Semanario Clave ha puesto sobre el tapete, sin provocar ninguna conmoción, dos casos de corrupción sumamente graves. Según el periódico, “Leonardo Matos Berrido, gerente general del Banco Nacional de Fomento a la Vivienda y la Producción (BNV), se autoasignó una pensión de más de RD$450 mil, que comenzará a cobrar una vez deje el puesto que ocupa, según la resolución 53/2005 emitida por el Consejo de Administración del BNV en su reunión del 9 de junio de 2005”.
Y agrega que “antes de que el Consejo de Administración del BNV le autorizara esa pensión, ese mismo organismo le incrementó el sueldo al funcionario en más de 186 por ciento. De este modo, Matos Berrido pasó a ganar sobre los RD$500 mil, muy por encima de los RD$175 mil que percibía el anterior gerente de esa entidad, antes de agosto de 2004, según las informaciones suministradas a CLAVE por diferentes fuentes cercanas al BNV”.
El segundo caso publicado por Clave indica que “El Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV) firmó un pagaré notarial, fechado el 26 de junio de 2007, en donde se compromete a pagar una comisión de RD$812.5 millones (US$25.0 millones) a Finance Group Corporation (LAFGC), una empresa desconocida y de reciente incorporación en Estados Unidos.
La misma nota explica que “Este pago se haría por los servicios prestados por la firma extranjera en la gestión de una “línea de crédito” por US$200 millones en un banco internacional de primera línea, cuyas condiciones y términos están incluidos en un contrato firmado por ambas partes el 3 de mayo de 2007”. La información recoge también la reacción del propio BNV, a través del subgerente general Roberto Payano, quien confirma y defiende la firma del contrato, explicando que la comisión solo se pagaría si el BNV recibe el dinero del crédito.
La comisión de los US$64 millones de las plantas de Carbón
El periódico Clave en su edición del 2 de agosto destapa el escándalo relacionado con el acto notarial mediante el cual cuatro personas, incluyendo un miembro de la comisión de licitación de la CDEEE, acordaron repartirse en partes iguales la suma de 64 millones de dólares, equivalente a más de dos mil millones de pesos dominicanos.
No se trata de una especulación. El propio notario responsable de la firma del acto, doctor Jaime Fernández Lazala, ha confirmado la autenticidad del documento y ha explicado la circunstancia en que se produjo el acuerdo entre los cuatro afortunados beneficiarios.
A pesar de la gravedad de la denuncia, el tema ha sido escasamente ventilado en los demás medios de comunicación, coincidiendo con la ardorosa defensa que ha logrado el proyecto de las plantas de carbón entre ciertos voceros de opinión pública, incluyendo algunos situados teóricamente en la línea de oposición al Gobierno.
Barrilitos, sueldos millonarios y negocios turísticos
Juan Bolivar Díaz, ejemplo de rectitud en el ejercicio periodístico, aborda el tema con la responsabilidad que lo caracteriza y afirma que “por más vueltas que se le dé a la Constitución de la República, no se encuentra un solo enunciado que legitime o fundamente la asignación mensual de 19 millones 160 mil pesos asignada a los senadores desde hace un año para "asistencia social", lo que totaliza 229 millones 900 mil pesos al año”.
Y agrega que “El barrilito o cofrecito en promedio de 598 mil 750 pesos mensuales por senador es otra expresión del desorden institucional y el sistema de repartición del presupuesto nacional, que pronto será reivindicado por los diputados, síndicos, vicesíndicos y regidores, que también son funcionarios electos y tienen "obligaciones" con sus electores.
Claro, hay que reconocer que los senadores en ese aspecto se quedan corto cuando sus ingresos se comparan con los altos funcionarios del gobierno central, algunos de los cuales reciben beneficios por un millón 152 mil pesos mensuales, como es el caso del Secretario de Estado de Hacienda, licenciado Vicente Bengoa, de acuerdo a lo que reveló recientemente el economista Andrés Dauhajre hijo, sin que nadie lo haya desmentido. Hasta el mes de agosto del año 2004 un secretario de Estado percibía como salario total, incluyendo incentivos, la suma de RD$110 mil pesos mensuales, de manera que el incremento actual es superior al mil por ciento, a pesar de la austeridad.
También está en la palestra la resolución de la Cámara Diputados para interpelar al Secretario de Turismo, una decisión sin precedentes en que un funcionario de su rango es interrogado en el Congreso de la República para que responda a denuncias de irregularidades que fueron presentadas sin éxito en la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) por grupos ambientalistas.
Al licenciado Felucho Jiménez se le atribuye ser parte de un conflicto ético al compartir su condición de titular de turismo con la de empresario del área, apareciendo en algunos casos como beneficiario de decisiones adoptadas por su propia cartera o por otras instancias del Gobierno.
Frente a todo esto la pregunta obligada es ¿Quién tiene la palabra?
5 de agosto, 2007
