Siempre he sostenido el criterio de que la crisis energética que padecemos desde hace décadas, más que financiera, debe verse como un problema político.
Desde la época de Joaquín Balaguer a la fecha hemos presenciado diversas formas de resquebrajar este importante servicio. El robo de cables, de transformadores y de otros accesorios utilizados para el suministro de electricidad es parte de un plan para perjudicar políticamente a quienes detenten las riendas del poder, no importa de quien se trate.
Añadimos la postura que asumieron durante el régimen balaguerista los sindicalistas ligados a los partidos de izquierda y de los líderes políticos pertenecientes a otras organizaciones que fueron rabiosos antagonistas de la política entronizada entonces por Balaguer. Para esa época, autoridades del Gobierno acusaban a trabajadores de la otrora Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) de provocar sabotaje al servicio energético. Lo cierto es que los apagones que azotaron a la población fueron terribles. Aún padecemos la misma enfermedad y los mismos sabotajes, sólo que ahora se realizan con otras técnicas y con otros actores.
Por más esfuerzos que los gobiernos han hecho para solucionar la crisis, nada se ha logrado. Los apagones continúan impecables mientras las compañías encargadas de suministrar electricidad se enriquecen a costa de la alteración de las facturas, en la generalidad de los casos cobradas sin garantías del servicio, con la agravante de que los usuarios pierden algunas de sus pertenencias a causa de los altos voltajes, y no reciben ningún tipo de compensación.
No nos engañemos. A los adversarios del poder político, llámese partidos políticos, sociedad civil o sindicatos, no les conviene la solución de la energía eléctrica. Mucho menos a los sectores empresariales nacionales y foráneos involucrados en el gran negocio de la generación y distribución de electricidad.
No es cuestión de hacer foros, cumbres o seminarios para analizar la crisis y diseñar fórmulas para su solución. Muchos de los programas que se levantan en esos cónclaves se quedan en los archivos. Hay que verlo como un asunto político, sin desistir de lo económico. Es un asunto que genera fortunas inmensas a los que están inmersos en el negocio. Pero también la crisis energética beneficia a una minoría y perjudica a las mayorías. Es decir, beneficia al sector político obstaculizador que desde la acera del frente asumen la postura de doble moral al enrostrarle a los gobernantes de turno la mayor responsabilidad del problema, mientras a lo calladito mandan a sabotear y a destruir las redes que distribuyen la electricidad.
Sea buena o mala, la luz eléctrica es necesaria y hay que pagar el servicio a como dé lugar. Es frecuente ver a técnicos de la oposición teorizando en los medios de comunicación y ofreciendo promesas de que resolverán la crisis energética desde que asuman el poder. Cuando llegan al Gobierno no cumplen y no logran sus objetivos por razones obvias: encuentran escollos, trampas y bloqueos encarnados en las tradicionales prácticas de sabotajes. O sea, desde el poder prueban la medicina (los sabotajes) que desde la oposición urdieron contra los adversarios.
El jueves pasado, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que las líneas que alimentan la subestación de Neyba, en Baoruco, en el Sur, fueron saboteadas lo que produjo cortes prolongados en el servicio de electricidad.
En un comunicado distribuido ayer la ETED, subsidiaria de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), el vicepresidente de la ETED, Julián Santana, dijo que fueron quemados dos postes del tendido eléctrico y otros dos fueron derribados.
Tal como señala el señor Santana, con justa razón, los autores de estos actos vandálicos “son enemigos de la paz pública y del progreso”. Me identifico con ese razonamiento. Se trata de ciudadanos entrenados por sectores políticos para la maldad. El daño no se lo están haciendo al Gobierno de turno ni al que vendrá ni a las compañías que gerencian este importante servicio. El daño se lo ocasionan a la población, que a fin de cuenta es la que paga los platos rotos.
La población debe asumir su cuota de responsabilidad denunciando, y apresando si es necesario, a estos perturbadores de la paz. Somos renuentes a denunciar estas cosas “para no buscarnos problemas”, como suelo escuchar a veces a determinadas personas. Si no los denunciamos, estaríamos entrando en complicidad y cayendo en la figura jurídica del delito por omisión. Hago la salvedad de que con esta posición no estoy defendiendo a la ETED ni al gobierno, sino al país en términos generales porque cuando se perjudica un servicio de esta naturaleza se está atentando contra todos los ciudadanos, no importa la región donde ocurra el hecho.
Hace dos meses una cadena fue arrojada sobre líneas de alto voltaje en la zona oriental de Santo Domingo que produjo un gran apagón en la Capital. Cuando menos una persona fue detenida. En otras circunstancias se han denunciado la destrucción de varios kilómetros de redes eléctricas provocando la interrupción del servicio y perjuicios a los usuarios. Lo que no sabemos es si las autoridades han establecido responsabilidades.
¡Qué dominicanos del carajo son éstos! Mientras existan esos pésimos ciudadanos y no actuemos con firmeza contra esas prácticas, sufriremos las consecuencias de las mentes diabólicas de los que provocan crisis de esta naturaleza para ganar votos. Así no podemos continuar.
