SANTO DOMINGO.-El contexto se torna critico puesto que el Congreso Nacional se ha empeñado en agravar la carga que pesa sobre los hombros del sector empresarial y en cambio no toma en cuenta la necesidad de crear un marco jurídico que favorezca la competitividad de una economía tan abierta como la dominicana, expresó Manuel Diez Cabral, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Diez Cabral señaló que la aprobación de una modificación a la Ley 87-01, sin escuchar a actores fundamentales del sistema, constituye sólo una muestra de una forma de legislar en la que está primando la imposición unilateral en lugar del diálogo y que busca favorecer tan sólo las recaudaciones impositivas, así como disminuir la responsabilidad social del Estado “haciendo incluso tambalear el clima de negocios en que se desenvuelve el país”.
“Aprueban tres reformas impositivas en menos de tres años. De la última advertimos que no era necesaria para incrementar las recaudaciones y los hechos nos han dado la razón: se encuentran ahora con un excedente presupuestario y, además, se ven obligados a modificar la reforma con una medida para favorecer a sectores extremadamente perjudicados. Además de eso, aprueban una modificación a la Ley General de Electricidad que, supuestamente, sólo buscaba penalizar el hurto de energía, pero que termina penalizando también el consumo de los usuarios no regulados y ahora aprueban una modificación a la Ley 87-01 que perjudica a empresarios y trabajadores y sin escuchar a los primeros”, explicó Diez Cabral.
Indicó que lo más grave de esta forma de legislar es que las modificaciones hechas y las leyes aprobadas no resuelven ninguno de los problemas que pretendían resolver. Aclaró, sin embargo, que en el Congreso Nacional hay legisladores que han entendido bien que para cumplir sus tareas deben escuchar a sus representados, tomar en cuenta su parecer, propiciar el debate “y no simplemente cumplir una línea que le bajó el partido”.
Dijo que la AIRD es consciente de que el Congreso Nacional tiene la facultad de aprobar y modificar leyes, pero “entendemos que en una democracia representativa como la nuestra, los sectores que componemos la Nación tenemos el derecho a ser escuchados por nuestros legisladores a quienes les hemos delegado el poder de representarnos”.
Afirmó que resulta doloroso ver, en cambio, cómo los legisladores no someten un proyecto de Ley que fue consensuado en todo el sector industrial y que fue presentado por el propio Presidente de la República, como es el proyecto de Ley de Competitividad e Innovación Industrial, el cual reposa en la Cámara de Diputados.
El caso de la Ley 87-01
“No hay garantía de un servicio adecuado de salud para nuestros empleados”, sentenció. Y explicó que la modificación que se hizo a la Ley 87-01 no incorpora, por ejemplo, la sustitución del modelo de salud previsto en la ley vigente de puerta de entrada al Sistema a través del nivel de atención primaria, por el modelo semi-abierto planteado por el Gobierno a través de una resolución administrativa de la SISALRIL que permite el acceso directo de los afiliados a los médicos especialistas.
Consideró que este cambio sustancial al modelo previsto en la ley debe ser incorporado en las modificaciones a ley 87-01 de forma que tenga fuerza legal y constituya una garantía para los afiliados.
“Ante la facultad unilateral concedida a la SISALRIL de modificar el contenido y alcance de los servicios de salud ¿Cómo saber entonces cuáles serán los servicios por los que estaremos pagando durante la vigencia del SFS? ¿Qué garantizará que el SFS no se convertirá en un impuesto más que obligará a los afiliados a doble cotizar como ha pasado con el IDSS?”, dijo Diez Cabral.
Añadió que la transferencia que hicieron los legisladores de fondos no garantiza que haya viabilidad y sostenibilidad del Seguro Familiar de Salud puesto que no se han presentado estudios que así lo avalen, por lo tanto no existe seguridad de que el próximo año no habrán nuevas modificaciones a la Ley o aumentos en las cotizaciones.
