Acuerdo nuclear con EEUU no conforma a nadie

NUEVA DELHI, 15 ago (IPS) – El acuerdo de cooperación nuclear entre Estados Unidos e India es objeto de intensas críticas de todo el espectro político del país asiático, lo que deja al primer ministro Manmohan Singh en una posición incómoda. Según la interpretación del oficialismo, la Constitución india establece que para la entrada en vigor de un tratado internacional sólo es necesaria la aprobación del consejo de ministros, sin que se requiera la ratificación parlamentaria.

Pero en un acuerdo de tal envergadura, cuya redacción concluyó hace tres semanas en Washington, la implementación plena en el corto plazo se vuelve dificultosa sin un apoyo político más amplio del que hoy tiene.

De izquierda a derecha, pasando por los partidos regionales, gran parte del espectro político indio se opone al denominado "acuerdo 123", tratado que enmendará ese artículo de la Ley de No Proliferación Nuclear de Estados Unidos para permitir el comercio de material atómico con fines civiles con este país asiático.

Esta ley prohíbe este comercio con países que realizaron pruebas con armas nucleares y no son signatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), de 1970, que sólo reconoce la posesión de arsenales atómicos a China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia.

La oposición más significativa al acuerdo 123 procede de la izquierda, principalmente del Partido Comunista, cuyo apoyo a la gubernamental Alianza Progresista Unida, encabezada por Singh, es fundamental para la supervivencia del gobierno en este régimen parlamentario.

A la derecha, el Partido Bharatiya Janata, nacionalista hindú y tradicionalmente favorable a Estados Unidos, también arremetió contra el acuerdo con el argumento de que constituye una interferencia exterior en el programa nuclear indio y podría limitar el desarrollo del arsenal atómico de este país.

Para Bharatiya Janata, que interpreta que el tratado debe ser avalado por el parlamento, el programa nuclear bélico de India tiene el objetivo no sólo de afianzar la seguridad nacional, sino también el de elevar la autoestima, el prestigio y el orgullo del país.

La flamante agrupación de ocho partidos regionales Alianza Nacional Progresista Unida se opone con argumentos similares a los de Bharatiya Janata al acuerdo, al que considera una carta de "esclavitud nuclear".

Ingenieros y científicos expertos en cuestiones nucleares de India respaldan estas posturas, pero cada vez menos, pues la mayoría se alineó con el presidente de la Comisión de Energía Atómica, Anil Kakodkar, quien ahora está a favor del acuerdo.

La actitud de la oposición de izquierda desanimó a Singh. La prensa india informó que, en cierto momento, el primer ministro llegó a considerar la renuncia al cargo por esta causa.

La postura comunista, expresada en una declaración de cinco páginas, tiene dos pilares.

En primer lugar, considera que el acuerdo 123 es inseparable de los esfuerzos tendientes a forjar una alianza estrecha o "asociación estratégica" entre Estados Unidos e India.

El acuerdo "encerrará a India en los fines estratégicos mundiales de Estados Unidos", definidos en el Acuerdo Marco de Defensa firmado por ambos países en junio de 2005, y en otras medidas e iniciativas de colaboración militar, incluidos ejercicios y maniobras, expresa el documento.

Los comunistas siempre consideraron a Estados Unidos una potencia hegemónica y desestabilizadora de la que India no puede volverse un aliado cercano sin sacrificar su independencia ni estrechar su margen de maniobra en asuntos internacionales.

En segundo lugar, la izquierda advierte que el acuerdo 123 tal como está formulado tiene diferencias significativas de las explicaciones al respecto brindadas Singh al parlamento.

El primer ministro prometió contemplar los cuestionamientos a la cooperación civil con Estados Unidos y garantizar la autonomía del programa nuclear indio.

Según los comunistas, existen diferencias entre el acuerdo alcanzado por Washington y Nueva Delhi y la Ley Henry J. Hyde, aprobada en diciembre por el Congreso legislativo estadounidense, la cual eliminaba los escollos jurídicos al tratado.

La norma exige al Poder Ejecutivo estadounidense analizar e informar al Legislativo todos los años si India actúa de acuerdo con la política exterior de Washington, así como otras condiciones consideradas inaceptables por la izquierda india.

La Ley Hyde prevalecerá sobre el acuerdo 123 y puede utilizarse de manera arbitraria para terminar la cooperación nuclear con Nueva Delhi, según la oposición comunista india.

La norma, advierte, no garantiza un comercio nuclear pleno con India, tal como se aseguró cuando Singh y el presidente estadounidense George W. Bush firmaron el acuerdo en julio de 2005.

Por ejemplo, Estados Unidos no exportará a India uranio enriquecido ni tecnología para el reprocesamiento de combustible nuclear.

La ley socava la soberanía de India al restarle capacidad de decisión sobre su programa de desarrollo nuclear. El acuerdo 123 deriva esencialmente de esa ley, por lo tanto hay que oponerse, arguyen los comunistas.

A la izquierda también le preocupa el posible impacto del acuerdo en su tradicional postura en favor del desarme nuclear.

Al quedar "acomodados en un orden nuclear desigual, liderado por Estados Unidos, el papel de India en favor del desarme, en tanto que mayor integrante del Movimiento de Países No Alineados, quedará reducido a declaraciones".

La izquierda considera, además, cuestionable que la tecnología nuclear, promovida por este acuerdo, sea una solución sustentable al problema energético de India.

La posición actual de la izquierda difiere de lo manifestado dos años, cuando subrayaban las consecuencias negativas del acuerdo para India por su postura favorable al desarme.

Por décadas, India "estuvo comprometida con el desarme nuclear. El gobierno encabezado por Bharatiya Janata comenzó a aceptar una incipiente asociación con Estados Unidos a cambio de reconocer, de hecho, a este país como estado atómico. El acuerdo marca el fin de esa política para India", adujo la izquierda en 2005.

Pero los comunistas decidieron no presionar para que se vote el acuerdo 123, según las normas de procedimiento del parlamento, a diferencia de la mayoría de los partidos de la Alianza Progresista Unida. Un voto negativo puede provocar la caída del gobierno de Manmohan Singh.

"La izquierda se resiste a boicotear el gobierno de la Alianza Progresista Unida por temor a allanar el camino a Bharatiya Janata", señaló Achin Vanaik, profesor de relaciones internacionales y política global de la Universidad de Nueva Dehli.

"La izquierda tendría que haberse apegado a sus argumentos originales acerca de las consecuencias del acuerdo sobre la agenda de desarme y sobre la estrecha relación estratégica entre Estados Unidos e India", indicó Vanaik.

"Por desgracia, se acopló al lobby de los ingenieros y científicos nucleares, más preocupados por las consecuencias del pacto para la autonomía de este país respecto de su propio programa atómico", remarcó.

El gobierno de Singh afronta, además de la oposición política de su país, la intensa presión de la industria nuclear y de gigantescas corporaciones estadounidenses.

Si el Congreso legislativo de Estados Unidos aprueba el acuerdo, las corporaciones se beneficiarán de la expansión del programa de India, que necesitará importar reactores, combustible y otros equipos.

Areva, de Francia, General Electric, de Estados Unidos, Toshiba-Westinghouse, de Japón, y Rosatom, la agencia de energía atómica de Rusia, negocian contratos con la Corporación de Energía Nuclear de India para la primera fase de expansión de la energía nuclear de India en cuatro nuevos sitios.

El potencial de ganancias inmediatas para estas compañías se sitúa entre 14.000 millones y 16.000 millones de dólares por ocho reactores de 1.000 megavatios cada uno.

"No está claro si el gobierno continuará desacreditando los argumentos de la oposición, avanzando en la implementación del acuerdo, o si avanzará con lentitud mientras convence a los críticos", dijo a IPS el físico M. V. Ramana, del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Ambiente y Desarrollo, con sede en la meridional ciudad de Bangalore.

"Probablemente sólo le quede una pequeña posibilidad antes de que el Congreso estadounidense discuta su ratificación", concluyó. (FIN/2007)