Si hay una nación donde los pobres son un potosí, ésa es República Dominicana. Hasta los pobres han terminado por sacar provecho a su miseria, al darse cuenta de lo rentable que resulta para políticos inescrupulosos justificar empréstitos internacionales para proyectos y ambiciosos programas que suponen una fortuna para el contribuyente. Hoy se entiende perfectamente la razón por la cual no se da pie con bola en la lucha contra la pobreza.
De no existir esa cantera de indigentes, a los que es rentable proporcionar una ayuda ofensiva que sentar las bases para que superen el cuadro, cómo se justificaría la burocracia y los cientos de millones de pesos que se gastan en dádivas que no son más que burlas de la miseria humana. Si la pobreza se enfrentara con seriedad no aumentarían cada año los montos que dicen erogar las sabrá Dios cuántas dependencias operan bajo ese norte.
La satisfacción con la politizada tarjeta Solidaridad, para la que se ha creado una estructura burocrática que debe consumir la mayor parte de lo que se destina en ayuda, es haber aumentado el número de beneficiados. Porque ése es un programa que se alimenta de damnificados que se han habituado a vivir sin servicios básicos, en condiciones espantosas.
Gracias a los pobres, el Senado cuenta con un programa que supone más de 19 millones de pesos mensuales para filantropía. No importa que la indigencia sostenga entidades parasitarias como la Dirección de Desarrollo de la Comunidad, Pro Comunidad, Comisión para el Desarrollo Barrial, el Instituto Nacional de Estabilición de Precios (Inespre), Desarrollo Provincial, Comunidades Fronterizas y un capítulo de ayuda social en todas las oficinas públicas. Con lo que se invierte en conjunto en todas esas entidades es para reducir significamente el índice de la marginalidad en un país como República Dominicana.
El problema es que si los programas se reorientan, suprimiendo el paternalismo, sufriría el protagonismo, se desplomaría el botellerío que drena el erario y el clientelismo recibiría una estocada mortal. Porque la politiquería, que se apoya en la filantropía que proporcionan los fondos públicos, no tendría cabida. Nadie, ni siquiera los entes públicos y privados que deben velar por el destino de los recursos estatales, se han ocupado, tampoco se ocuparán, de determinar quiénes son los beneficiados ni cuántos se destinan en esa supuesta asistencia social.
Con una pobreza como fuente de corrupción y riqueza, sobre la que incluso se ha elaborado un mapa, se entienden las contradicciones que se generan en torno a determinados indicadores de la economía. Por ejemplo, el primer contrasentido es que cada año se pidan más recursos para enfrentar el mal social.
Los pobres, pero no tontos, se han dado cuenta de que, después de todo, no es tan desgraciado carecer de bienes materiales y vivir en barrios sin servicios sanitarios. Porque desde la energía eléctrica hasta el transporte y otros programas hay que subsidiárselos. Entonces, con una burocracia que se justifica gracias a los pobres y pobres que viven de su pobreza, por aquí pobres, al menos con esa estructura, por los siglos de los siglos.
