SANTO DOMINGO.-El Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) hace un llamado a la Comisión Nacional para la Reforma del Estado (CONARE) para reactivar el proceso de reforma de la ley 659 sobre Actas del Estado Civil y presentar ante el Congreso su modificación.
Entre otros problemas, se hallaría solución a la crítica situación de niños y niñas sin actas de nacimiento que representan el 22% de la población infantil entre cero y cinco años. La creación del libro de extranjería no es más que otra alternativa “aislada y desarticulada”, afirmá la institución.
Desde su promulgación en julio de 1944, la Ley 659 ha sido modificada en siete ocasiones. A pesar de las modificaciones, esta ley no ha conseguido responder de manera satisfactoria a las necesidades relativas a los actos del Estado Civil, particularmente en cuanto al registro de nacimientos. Es este uno de los aspectos más críticos debido a sus repercusiones en las condiciones educativas de la población, ya que los niños sin acta de nacimiento no pueden ser inscritos en las escuelas.
Según la encuesta Enhogar 2006, el 22% de los niños y niñas entre 0 y 5 años no cuentan con acta de nacimiento. En las regiones del Cibao Norte y Cibao Sur, el 17% de los niños no han sido registrados; situación que se torna aún más dramática en la región de San Juan de la Maguana y Elías Piña, donde el porcentaje de niños sin nacimiento alcanza al 38%. En la zonas urbanas, el 18% de los niños tampoco tiene registro de nacimiento.
Como medida paliativa frente a esta situación y a fin de garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, la Secretaría de Estado de Educación (SEE) dictó una resolución que establece que los niños que no cuenten con acta de nacimiento pueden ser inscritos en la escuela.
Sin embargo, esta medida de la SEE ha suscitado el rechazo de algunos sectores. El Director Regional de Educación con asiento en Santiago, Pedro Diep, en declaraciones al periódico “Hoy” negó que Educación “vaya a inscribir a niños haitianos hijos de ilegales”. El comentario mereció la respuesta de la ex vicepresidenta de la República y ex Secretaria de Educación, Milagros Ortiz Bosch, quien afirmó en el mismo periódico que “inscribir a los niños sin actas de nacimiento en las escuelas es la única manera de garantizar el derecho de los niños a la educación”.
La situación se vuelve aún más preocupante si consideramos el incremento del número de declaraciones tardías. La Fiscalía del Distrito Nacional ha recibido en el período enero-julio del presente año un total de 3,885 expedientes relacionados con declaraciones de niños/as de manera tardía; sólo en julio se registraron 1,370 expedientes, lo que representa un aumento del 235%. Es de suponer que este incremento se debe al inicio del año escolar.
Vale agregar que la población adulta tampoco escapa a esta situación: el Fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, ha expresado su preocupación porque las oficialías del Estado Civil están exigiendo a personas declaradas tardías y que poseen ya cédulas de identidad y electoral, que repitan por completo todo el procedimiento.
Reconocemos que se han realizado algunas acciones positivas, entre ellas la entrega gratuita de las primeras actas de nacimiento, impulsada por la actual Junta Central Electoral (JCE). Sin embargo, medidas como la”amnistía” para declarar libre de trámites burocráticos a todos/as los niños/as de hasta 12 años que residen en el país y el libro de extranjería constituyen iniciativas desarticulas, que dejan de lado el proceso de modificación de la ley 659 seguido por la CONARE y las demás instituciones.
Creemos que debe rescatarse y reiniciarse el proceso de modificación de la Ley 659 y ser finalmente sometido ante el Congreso Nacional como proyecto de ley. La decisión final sobre un asunto de tanta importancia debe emanar del seno del órgano más representativo del Estado Dominicano. La reforma de esta ley puede servir en la resolución de las nuevas problemáticas sociales que surgen como resultado de la evolución de la vida diaria.
Creemos también que se debe llamar a vistas públicas, de manera que el proceso sea plural y democrático; que sea una construcción conjunta de los diferentes sectores de la vida nacional y no una iniciativa de una persona o de la exclusividad de la JCE.
Finalmente la República Dominicana tiene la responsabilidad internacional de asegurar un procedimiento ágil y sencillo, tal como lo establece la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Jean y Bosico, que el próximo mes cumple dos años sin ser acatada de forma íntegra, y que mejor manera si es a través de un proyecto de ley donde la gran mayoría se identifique con el mismo.
