LA PAZ, (IPS) – Días iguales o más violentos rodeando los cambios impulsados por el presidente izquierdista Evo Morales se pronostican para Bolivia, tras los golpes de puño dentro del Congreso legislativo y en las afueras de la Asamblea Constituyente. Dos iniciativas presidenciales, el juicio por prevaricato a cuatro miembros del Tribunal Constitucional y la exclusión del traslado de poderes de La Paz a Sucre de los debates de la Asamblea Constituyente, han otorgado a la oposición y a sectores conservadores un argumento para crear un ambiente violento de resistencia.
En La Paz, el centro del poder político, y en Sucre, la capital y sede de la Asamblea Constituyente, a 740 kilómetros de distancia, las escenas de enfrentamiento invadieron las pantallas de televisión con transmisiones en vivo, generando inquietud en la ciudadanía que hasta ahora observaba pasivamente el juego político.
Los párpados y la mejilla derecha inflamados del diputado del opositor y derechista Poder Democrático y Social (Podemos), Antonio Franco, y la evacuación de la diputada indígena del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Emiliana Aiza, sacada en una manta como improvisada camilla, quedaron como saldo.
En Sucre, una vivienda asaltada y saqueada por un grupo de adolescentes que intentaban la captura de un asambleísta del oficialismo al cual atribuyeron una actitud contraria a la región, creó inquietud en una ciudad donde la tranquilidad es tradición.
El vicepresidente de la Constituyente, Roberto Aguilar Gómez, declaró este jueves su temor de transitar por las calles y comenzó a examinar la posibilidad de trasladar las sesiones a otra ciudad, mientras los debates se hallan suspendidos de manera indefinida.
De "antidemocrática" y "autoritaria" calificó el sociólogo y docente universitario Oscar Vargas la actuación del MAS, en una evaluación para IPS de los dos acontecimientos del miércoles.
La imposición de excluir de los debates de la Constituyente el tema de la capitalidad plena para Sucre y la suspensión y enjuiciamiento de cuatro miembros del Tribunal Constitucional denotan una "actitud autoritaria que provoca reacciones de la oposición y refleja un afán por imponer reformas", dijo.
"El MAS quiere demostrar que las transformaciones serias no se pueden realizar dentro del sistema democrático y recurre a actitudes autoritarias", comentó.
Por una decisión de Morales, el oficialismo en la Cámara de Diputados aprobó el enjuiciamiento y suspensión de los miembros del Tribunal Constitucional, Elizabeth Iñíguez, Martha Rojas, Artemio Arias y Walter Raña.
Los cuatro magistrados emitieron una resolución que suspendió de sus funciones a igual número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, nombrados de manera interina por el presidente Morales, y obligaron a una elección negociada de los titulares en el Congreso.
La oposición, liderada por Podemos, asumió la defensa de los magistrados, argumentó la vulneración de derechos y usó diversos recursos para prolongar el debate, pero fue rechazada por la mayoría oficialista y ello derivó en la agresión mutua del miércoles por la tarde.
Mientras la oposición tomaba el control del hemiciclo principal, los oficialistas resolvieron sesionar en el edificio de la Vicepresidencia de la República, a dos cuadras del Congreso, y aprobaron el proceso contra los magistrados.
El Senado se convertirá en el escenario donde se procesará a los cuatro magistrados y allí Podemos posee una mayoría de 13 escaños, mientras la centroizquierdista Unidad Nacional (UN) y el derechista Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) tienen uno cada uno.
Los quince senadores opositores influirán de manera decisiva frente a los 12 del MAS.
"El MAS ha perdido la brújula y el control de la situación. Si no contenemos –las presiones– en los escenarios democráticos, podrían desbordarse y eso no queremos", dijo a IPS el diputado de UN, Arturo Murillo.
Para el congresista, los magistrados aún están en ejercicio de sus funciones, pues desconoce la resolución de la cámara baja integrada sólo por legisladores oficialistas, a la cual responsabiliza de violar normas y reglamentos de debate.
"El liderazgo de Evo Morales es indiscutible, pero –el mandatario– no conduce nada y se dedica al juego de la raqueta mientras el país se cae a pedazos", cuestionó.
En Sucre, se cumplió este jueves un paro cívico en demanda del debate sobre el traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo a esa ciudad, mientras las calles permanecen bloqueadas por barricadas y los constituyentes indígenas denuncian acoso y persecución de manifestantes universitarios.
El sociólogo Vargas sostiene que Morales debe jugar un papel protagónico y adoptar medidas urgentes para convocar a una cumbre de jefes políticos, de ex presidentes de la república y organizaciones cívicas con la finalidad de hallar respuestas a la crisis.
En el caso de la demanda de Sucre, el reclamo es de carácter económico, por la falta de empleo, actividad industrial y económica que responda a sus expectativas, opinó.
La exigencia debe merecer una respuesta gubernamental orientada a enfrentar la falta de oportunidades de empleo cuanto antes, expresó. (FIN/2007)
