BUENOS AIRES, ago (IPS) – La lentitud de la justicia y grandes lagunas en la legislación penal de Argentina, Paraguay y Uruguay constituyen los mayores obstáculos para castigar los delitos económicos y el fraude bancario en particular, opinan abogados y expertos anticorrupción. El aluvión de quiebras y liquidaciones de entidades financieras que sacudió el sur de América desde fines de los años 90 y alcanzó su máximo esplendor en 2002 todavía no ha encontrado una respuesta eficaz de parte de la justicia.
De hecho, varios casos se encuentran en etapa de instrucción y no han sido elevados a juicio. Los banqueros están acusados de diversos delitos, que van desde administración fraudulenta y vaciamiento empresarial hasta fuga de capitales.
"Hay fallas muy claras en materia de derecho penal bancario. No existen herramientas para enfrentar este tipo de delitos", señaló a IPS Pedro Biscay, presidente del no gubernamental Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), con sede en Buenos Aires.
"Es necesario generar nuevas formas de persecución de la delincuencia económica, cuyo corazón es la bancaria", agregó.
La "epidemia" de quiebras bancarias que siguió a la euforia de la globalización de las finanzas y fue, en buena medida, una consecuencia de ese fenómeno, tuvo sus casos paradigmáticos.
En Uruguay, la caída fraudulenta del Grupo Velox, de los hermanos Dante, Jorge, José y Juan Peirano, que controlaba los bancos Montevideo, Caja Obrera y Trade & Commerce Bank (TCB) de Islas Caimán, y del Banco Comercial, de los hermanos Carlos y José Rohm, le significó a ese país un aumento de su deuda de 9.000 a 12.000 millones de dólares, más de 100 por ciento del producto interno bruto de 2003.
Sólo el grupo Peirano se habría apropiado de unos 800 millones de dólares de sus ahorristas, según los liquidadores del TCB, la banca "off shore" (extraterritorial) del insular paraíso fiscal.
El escándalo dejó al descubierto una cadena de fraudes, desvíos de capitales y otras maniobras ilegales con dinero de los depositantes, que afectó a Argentina, Paraguay y Uruguay y tocó a Chile, Perú y el sur de Brasil, toda la zona donde operaba el Grupo Velox.
El Banco Alemán, de Paraguay, fue intervenido en junio de 2002 por el Banco Central de ese país, donde la justicia acusa a los Peirano de desviar 27 millones de dólares de los ahorristas, depositados en el exterior, para auxiliar a otras empresas del grupo que atravesaban problemas en Argentina y Uruguay.
En junio de 2002, el Banco Central de Argentina suspendió las operaciones de la filial local del Banco Velox, que tenía depósitos por una suma cercana a los 135 millones de dólares.
Por su parte, el grupo de los hermanos Rohm controlaba en Argentina la Compañía General de Negocios, el Banco General de Negocios (BGN), el Nuevo Banco Santa Fe y San Luis Financial Investment. También realizaba operaciones hacia paraísos fiscales. El BGN colapsó en 2002.
José Rohm no perdió tiempo para acusar a su hermano de todos los actos ilícitos. La jueza María Servini de Cubría, a cargo de la causa del BGN, declaró en 2002 que la banca JP Morgan había presentado un acta en la que constaba que el banquero había solicitado un préstamo de 260 millones de dólares para cubrir una defraudación que, afirmaba, había cometido Carlos.
Servini de Cubría también señaló que el BGN estaba involucrado en el delito de fuga de capitales, por girar al exterior no menos de 70 millones de dólares luego de que las autoridades argentinas dispusieran el congelamiento de los depósitos a causa de la crisis económica que sacudió al país en 2001.
La quiebra del BGN se sumó a la del Banco Patricios, dirigidos por Alberto Spolski, Alejandro Bilik y Sergio Fryd. Su quiebra en 1998 se llevó más de 300 millones de dólares depositados por 152.000 ahorristas.
El Banco Mayo, presidido por Rubén Beraja, quien fue titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, se hizo cargo del Patricios y comenzó a devolver los depósitos, pero esta entidad, que controlaba asimismo dos mesas de dinero (transacciones monetarias), Mayflower y Trust Inversión, también fue a la quiebra.
Pero el derrumbe de entidades financieras, la ausencia de herramientas adecuadas para prevenirlas, o la falta de voluntad política para hacerlo, no constituyen un fenómeno nuevo.
Entre abril de 1996 y junio de 2002 en Paraguay, 12 bancos fueron a la quiebra. Según un estudio elaborado en conjunto por el Cipce y la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el período 1980-2005 los delitos financieros en Argentina causaron un daño estimado en 10.144,7 millones de dólares. También la familia Peirano cargaba con quiebra fraudulenta de bancos en Uruguay en la década del 60.
La ausencia de leyes específicas crea el ambiente para que los casos se repitan, afirmó Biscay. En Argentina, "no hay responsabilidad penal para las personas jurídicas. No se puede perseguir a los bancos, sino a los directivos. Queda como un fraude interno, lo que permite a los bancos presentarse en las causas como querellantes", señaló.
"El banquero se presenta como víctima de algo que no sería fraude bancario, sino consecuencia de factores externos: la culpa es de sus socios, de las condiciones macroeconómicas o de la intervención de los bancos centrales", agregó Biscay.
Los hermanos Peirano recurrieron ahora a la justicia civil con la intención de que el Banco Central del Uruguay les pague cientos de millones de dólares por "daños y perjuicios".
La lentitud de la justicia también conspira en contra de la reparación del daño económico y social que provoca el delito de "guante blanco". La duración promedio de las causas fue de 14 años en Argentina, según la investigación del Cipce y la UBA que tomó una muestra de 24 casos de delitos económicos, 12 de los cuales se refieren a bancos.
Entre 1980 y 2005, de 407 denuncias presentadas ante la justicia federal, sólo hubo condenas en tres por ciento de los casos, mientras que 35 por ciento resultaron sobreseídos y 47 por ciento se encuentran en la etapa de instrucción, previa a la elevación a juicio.
Es una ventaja para los acusados. Los hermanos Peirano procesados en Uruguay muestran el privilegio de ser el primer caso de detención larga sin condena firme en llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recomendó dejarlos en libertad ante la demora del proceso.
Diego Camaño, abogado defensor en Uruguay de los hermanos Peirano, señaló a IPS que no hay razón para que ninguno de ellos aún permanezca en prisión, porque ya pasaron cinco años para delitos que, en caso de confirmarse, tienen como sentencia máxima ese mismo plazo.
En el caso del paraguayo Banco Alemán, dos de los cinco principales miembros del directorio, Francisco Peterlig y Luis Sorrentino, fueron condenados a dos años de prisión en suspenso. Un tercero, Ricardo Castillo, quien recibió una sentencia a ocho años, fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia.
Biscay también destacó que "no hay leyes para la recuperación de los activos ilícitos. Puede haber una multa y decomiso luego de una sentencia condenatoria firme, pero el sistema judicial no muestra preocupación por llegar a esa recuperación".
"Si los fondos fraudulentos se giran al exterior, no existe procedimiento para obtener ese dinero", agregó. Y como no se puede perseguir a las personas jurídicas muchas veces es difícil probar el patrimonio de los directivos acusados.
Biscay recordó que los principales accionistas del BGN eran la banca JP Morgan, el Credit Suisse y el Dresdner Bank, que también le entablaron una demanda al estado uruguayo por perjuicios en el cierre del Banco Comercial.
"Hay un proceso de extranjerización de estas prácticas", señaló, un diagnóstico con el que coincide la presidenta del capítulo paraguayo de Transparencia Internacional, Pilar Callizo.
"Los grandes capitales que no son honestos buscan lugares como los nuestros donde existe debilidad institucional, una gran dosis de discrecionalidad supeditada al poder político y una justicia que no responde a las exigencias", dijo a IPS.
En sus declaraciones a la prensa de 2002, la jueza Servini de Cubría destacó que se habían dejado de lado en 1994 las inspecciones sorpresa a los bancos, destinadas a supervisar su operatoria: es que "avisaban con entre uno y dos meses de anticipación cuándo iban a realizarlas", admitió.
Actualmente, Carlos Rohm se encuentra en libertad condicional a la espera de la finalización del proceso, al igual que su hermano José, quien estuvo prófugo en Estados Unidos hasta que la justicia argentina lo eximió de prisión en 2005, se presentó a declarar y quedó procesado en la misma causa y por el mismo delito.
Beraja obtuvo su excarcelación mientras la causa continúa en etapa de instrucción. Su abogada, Marta Narcellas, dijo a IPS que van a demandar al presidente del Banco Central de la época del colapso del banco, Pedro Pou. La causa que involucra a los directivos del Banco Patricios fue elevada a juicio oral.
En Uruguay, Dante Peirano goza de libertad bajo una fianza de 250.000 dólares. Jorge y José Peirano, beneficiados con la libertad condicional, debieron seguir en una cárcel de Montevideo por orden de los jueces que tramitan los respectivos pedidos de extradición de Paraguay, por la caída del Banco Alemán.
El cuarto integrante de la familia y considerado el "cerebro" del grupo económico Velox, Juan Peirano, fue descubierto en Estados Unidos portando documentos con nombres falsos y hoy espera en una prisión de Miami que se dirima el pedido de extradición de Uruguay, privilegiado por llegar antes que igual planteo de la justicia paraguaya.
El padre de la familia, Jorge Peirano Facio, quien fue uno de los empresarios más influyentes del país desde los años 60 y ministro en dos ocasiones, murió a los 82 años en 2003 en la Cárcel Central de Montevideo.
* Con aportes de Darío Montero (Uruguay) y David Vargas (Paraguay).
