SANTO DOMINGO.-El Consejo de Defensa de Luis Alvarez Renta abogó porque la sociedad dominicana se entere con la mayor profundidad posible de todos los eventos relacionados con el caso Baninter, y reclamó que la difusión pública del proceso patrocinada por el Banco Central incluya la posición de los acusadores y de los acusados.
Sostiene que “la convocatoria de Participación Ciudadana para que los dominicanos asistan o se mantengan informados de los pormenores del Juicio Baninter puede ser una excelente oportunidad para que todos los ciudadanos participen en una jornada de aprendizaje cívico sobre el funcionamiento de nuestro sistema de Justicia y, muy especialmente, del nuevo Código Procesal Penal”.
El equipo de abogados de Alvarez Renta dijo esperar que el interés de este grupo “se oriente a propiciar una correcta administración de justicia, sin presiones indebidas y con respeto a la independencia de los jueces y del poder judicial”.
Sugiere que Participación Ciudadana atienda y participe no solo en las audiencias en que presentarán su caso los acusadores, sino también en las audiencias en que los acusados presentarán sus alegatos de defensa”.
“Nos sentimos muy tranquilos porque, a pesar de las presiones, confiamos plenamente en el tribunal, en estos jóvenes Magistrados que en forma ejemplar han conducido este juicio, y en forma ejemplar dictaran sentencia”, indica la declaración del grupo de jurista constituido por Eric Raful Pérez, Salvador Catrain, Santiago Rodríguez Tejada y Joaquín Zapata Martínez.
Y agrega que “que durante los 18 meses que lleva en curso este proceso judicial, todos sus actores, y muy especialmente los jueces, han protagonizado un ejercicio cívico ejemplar, aplicando con prudencia y responsabilidad el nuevo Código Procesal Penal, un instrumento que ha revolucionado la administración de justicia en el país por las garantías a los derechos de los ciudadanos”.
En opinión de los abogados, “por la conducta que han exhibido en el tratamiento de este juicio, los jueces le están entregando un preciado legado a la justicia y a la nación, lo cual es digno de ser ampliamente divulgado”.
Plantean que si el Banco Central paga solamente para que la televisión trasmita las audiencias de la acusación, Participación Ciudadana, o las mismas emisoras contratadas, patrocinen la difusión de las audiencias en que se presenten las posiciones de los acusados, “para que el pueblo dominicano tenga la oportunidad de apreciar todo el juicio en su conjunto, y no solo a una de las partes”.
“Esto se correspondería con la verdadera transparencia, sentido de igualdad y justicia, el civismo y la defensa de los ciudadanos que Participación Ciudadana dice defender”, expresan los abogados de Alvarez Renta.
“En realidad, si Participación Ciudadana hubiera hecho este llamado dentro del contexto de observar como va a finalizar un juicio que los jueces han venido manejando de acuerdo a la convicción expresada con absoluta transparencia y pulcritud por todas las partes, defensores y acusados, existiría la posibilidad de que el final de este juicio se constituyera en una extraordinaria lección de civismo y de institucionalidad para todo el sistema judicial dominicano”, manifiestan los abogados.
Lamentan, sin embargo, que “la intervención de Participación Ciudadana en el caso Baninter haya sido particularmente sesgada, contraria a su profeso objetivo de defender los derechos de los ciudadanos, “ya que reiteradamente se ha inclinado hacia la posición de una sola de las partes en el juicio, los acusadores, quienes han pretendido negarle a los acusados derechos humanos y ciudadanos fundamentales como el de la presunción de inocencia y el sagrado derecho de defensa, tratando de convertir el juicio Baninter en un espectáculo de linchamiento al estilo de las sociedades bárbaras y pretendiendo hacer del juicio una simple formalidad para ratificar la condena que se ha pretendido producir a mediante el tribunal de la opinión pública”.
Tras señalar que Participación Ciudadana habla en este caso de castigar la corrupción y la impunidad, que consideran objetivos socialmente válidos con los que están totalmente de acuerdo, los abogados consideran que esto debe lograrse respetando la constitución, las leyes, y los derechos de los acusados”.
¿No sería un gran acto de corrupción que se condenara a una persona inocente como resultado de las presiones indebidas y mediáticas a las que se ha plegado Participación Ciudadana? Invitamos a cada uno de los miembros y directivos de Participación Ciudadana a responder en su intima convicción a esta pregunta, pensar por un momento que fuera un familiar o amigo que pudiera ser condenado sin tomar en cuenta las pruebas y testimonios, sino como resultado de una indebida presión a la justicia por sectores interesados”, .
