El Senado envió para estudio a su Comisión de Finanzas y Contratos el proyecto de ley sometido por el senador reformista Adriano Sánchez Roa que plantea aumentos salariales en los sectores público y privado, donde se consigna 12 mil pesos para empresas grandes, 9 mil para las medianas y 6 mil en la microempresas. La pieza establece un salario mínimo de diez mil pesos en el sector público y una escala mínima en la empresa privada, con un aumento del 50 y 60 por ciento a todos los empleados, profesionales, trabajadores, guardias, policías y pensionados.
“Este proyecto persigue que los trabajadores, empleados públicos, profesionales y pensionados puedan mejorar su nivel de vida, porque actualmente no pueden adquirir el 77 por ciento de los alimentos, medicamentos, educación, y recreación básicas”, afirmó Sánchez Roa.
El senador opositor basó su proyecto en que en los últimos años la economía ha sido afectada por la crisis bancaria, las alzas de los derivados del petróleo y el bajo gasto público de capital, lo que ha ocasionado un incremento significativo en el costo de la vida, a tal extremo que el costo de la canasta familiar está en 16 mil pesos mensuales.
Dijo que “a causa de que los sueldos y salarios no alcanzan a cubrir la cuarta parte de sus necesidades básicas existenciales, los trabajadores dominicanos se encuentran en un peligroso estado de indefensión social, que podría generar graves dificultades para la gobernabilidad”.
El representante de Elías Piña en la Cámara Alta, al motivar la pieza, indicó que el gobierno y los empresarios debían ser los más interesados de aplicar esos aumentos, en razón de que el bajo circulante no se explica, en medio de anuncios de crecimiento del Banco Central.
Sostuvo que “los pobres no guardan dinero, gastan inmediatamente los sueldos y salarios recibidos”.
Explicó que los sueldos y salarios mínimos promedios actuales, en los sectores público y privado, de aproximadamente cuatro mil y cinco mil cien pesos mensuales, respectivamente, apenas alcanzan para cubrir el 23 por ciento del costo de la canasta familiar.
Sánchez Roa dijo que es un deber ineludible del Estado propiciar y garantizar que ese supuesto crecimiento general de la economía beneficie a todos los dominicanos, con sujeción a los principios de equidad y justicia social distributiva.
Indicó que la justa y equitativa aplicación de los ingresos públicos y las ganancias netas empresariales, constituyen un instrumento idóneo en los programas de lucha contra la pobreza, “especialmente cuando organismos internacionales han establecido que más de millón y medio de dominicanos han caído debajo del nivel de pobreza”.
Dijo que ese proyecto se inspira en la demanda de prestigiosas organizaciones de trabajadores y profesionales, que reclaman mejoras urgentes en sueldos y salarios, como forma de paliar los negativos efectos del proceso inflacionario.
Sánchez Roa fundamentó la legalidad de la ley que propone en el mandato de la Constitución de la República en su Artículo 8, numeral 11, y otras disposiciones que facultan al Congreso Nacional para aprobar proyectos en beneficio de los más necesitados.
El proyecto de ley establece un aumento general de salarios mínimos a favor de los trabajadores del sector privado, responsabilizando al Poder Ejecutivo de su aplicación a partir de treinta días después de su entrada en vigencia.
Además, para aquellos trabajadores que devengan salarios por encima del mínimo, se dispone un aumento general del cincuenta por ciento, incluyendo a los trabajadores del campo.
Para los empleados públicos, incluyendo a guardias y policías, se propone un sueldo mínimo de diez mil pesos mensuales, quedando la aplicación en manos del Poder Ejecutivo, en sus dependencias centralizadas y descentralizadas, autónomas y los ayuntamientos, así como los poderes Legislativo y en Judicial todo el territorio nacional.
El proyecto indica que para aquellos servidores públicos que devengan sueldos, salarios y pensiones por encima del mínimo, se dispondría un aumento del sesenta por ciento, y que esos incrementos serían consignados en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del próximo año, para que sean efectivos a partir del primero de enero del año 2008.
