A los industriales dominicanos el Gobierno los está considerando “harina” y los ha sometido a “baño María”: fuego por abajo, fuego por arriba, de lo cual posiblemente surja una “arepa” difícil de tragar (porque aunque fue nombrado un Asesor Gastronómico, el Gobierno es en estos menesteres muy mal cocinero). Reformas fiscales (o incrementos de impuestos); intentos de arbitrios municipales no acordes con las leyes; contrarreforma en el sector eléctrico, conduciendo a una nueva estatización del sistema; trabas en el cumplimiento de lo que la Ley General de Electricidad indica con relación a los usuarios no regulados; un “impuesto” de un 10% a la tarifa que pagan los usuarios no regulados; imposibilidad de establecer la tarifa técnica (o falta de voluntad); imposición de un Seguro Familiar de Salud bajo la conducción directa de la Presidencia –vía el Vicepresidente-, suplantando en mucho el rol del Consejo Nacional de Seguridad Social; dificultades para concluir el proceso de aprobación de la Ley de Competitividad e Innovación Industrial, pese a ser presentada por el mismo mandatario que logra aprobaciones legales en tiempo récord; una tasa de cambio que resta competitividad a las exportaciones y que, por lo tanto, exporta impuestos y crea competencia desleal, y un largo etcétera que cada uno de nuestros lectores puede completar… en fin, como ya hemos dicho: fuego, intenso fuego…
Los estrategas parecen actuar bajo la consigna de que es necesario que cada semana este “fogón” reciba un nuevo “palo de leña”. Para los dirigentes empresariales, se hace agotador su trabajo y tienen que dedicar gran parte de su tiempo a la reacción, al “estar atento a con qué nos vienen esta semana”… la construcción de un aparato competitivo y de una cultura exportadora se hace a contrapelo, cuesta arriba.
Para muestra, prestemos la palabra sobre el tema del Seguro Familiar de Salud, a Marisol Vicens, brillante abogada, quien en su columna de El Caribe comenta el tema y señala que lo logrado no es “ni chicha, ni limonada”.
Afirma que “no sólo se ha violado la ley, los principios democráticos y los compromisos asumidos en el acuerdo, sino que también han lucido indefensos los afiliados del régimen contributivo”. Señala que en diciembre pasado las autoridades entendieron (parecieron entender, creemos nosotros) que las del Sistema de Seguridad Social no alcanzaban para financiar todas las prestaciones del Plan Básico de Salud, por lo que aceptaron su propuesta de iniciar el SFS mediante un plan piloto que estuviera totalmente equilibrado y que fuera un promedio de los planes privados existentes; compromisos adquiridos en el Acuerdo del 19 de diciembre del 2006. Este acuerdo se olvidó y se inventó un “supuesto sistema semiabierto”.
Esta propuesta, según Vicens, “no se ajusta tampoco a las disposiciones de la Ley 87-01, puesto que en el desesperado intento de las autoridades por mantener la promesa de inicio en la fecha prometida, más de 15 resoluciones administrativas han sido dictadas por la SISALRIL, algunas de las cuales son contradictorias con la Ley; lo que ha creado un híbrido que nadie sabe si es “chicha o limonada” o cómo operará”.
“En este frenético ejercicio no sólo se ha violado la ley, los principios democráticos y los compromisos asumidos en el acuerdo, sino que también han lucido indefensos los afiliados del régimen contributivo, a los que se les ha impuesto un nuevo plan de salud, en muchos casos más costoso, sin que entre otras cosas, puedan tener claro quiénes serán los prestadores de salud contratados por sus ARSs a las que estarán afiliados obligatoriamente por un año, cuánto tendrán que pagar de diferencia para recibir los servicios en la forma que los recibían, o cómo podrán evitar dicho pago accediendo vía el nivel de atención primario y quien financiará las atenciones de salud en casos de accidentes de tránsito que el Estado aunque se comprometió a apropiar los fondos, sólo ha prometido cubrir hasta diciembre”, indica la abogada.
Un comentario nuestro:
Durante años se criticó la doble cotización a la que era sometido el empresariado con obligarle a pagar al Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS) y, a la vez, verse obligado a buscar seguros privados de salud. El Gobierno ha diseñado una estrategia que conduce, parece que sin posibilidad de evitarlo, a una “doble cotización ampliada”. Los trabajadores recibirán un servicio al estilo de muchos servicios “públicos”, es decir, ineficiente, y los empresarios se verán obligados a buscar seguros “complementarios”.
Este camino requiere, sin embargo, para ser enfrentado de un liderazgo empresarial que se manifieste más unido y contundente, menos afanoso de conciliar y de evitar las confrontaciones –que de todos modos busca el Gobierno- (tampoco que vaya al extremo de buscarlas).
Además, hay que saber que no todos los sectores de la “arepa” están sometidos igualmente a intenso fuego, pero sí es el país el que sufre como totalidad productiva o como podría señalar un consultor del que ya todos conocen el discurso: esta estrategia gubernamental no contribuye a la “competitividad sistémica”.
