En el sector energético se ha estado llevando a cabo una profunda contrarreforma. A fines del siglo pasado el Gobierno del PLD impulsó un proceso de privatización del sistema eléctrico nacional y diseñó como estrategia la reducción del Estado a regulador, por un lado, y a controlador de áreas neurálgicas -las hidroeléctricas, por ejemplo- por el otro. Hoy en día el Estado controla cerca del 70% del sistema y, a través de la CDEEE, interviene vigorosamente para apropiarse de una mayor participación. Es en ese marco en donde se produce la modificación de la Ley 125-01, con el fin de penalizar el hurto de energía -con lo cual los más diversos sectores se mostraron de acuerdo-, pero de paso los legisladores oficialistas colocaron un "impuesto" de 10% a los usuarios no regulados, la mayoría de los cuales pertenecen al sector industrial dominicano. Esta modificación de la Ley General de Electricidad es conocida como la Ley 186-01.
Ahora, dando cumplimiento a lo establecido, se trata de crear el reglamento que haga viable la aplicación de la Ley. Hay quien llegó a afirmar que la aprobación de la Ley se hizo fácil. Sin embargo, existe el peligro de que quienes encabezan la contrarreforma apuesten a fortalecer su posición mediante el mecanismo de "dictar" el reglamento.
Corresponde a la Comisión Nacional de Energía (CNE) el encabezar el proceso de elaboración de dicho reglamento, para lo cual tiene hasta fines de octubre. Este reglamento, una vez presentado, debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo. Terreno movedizo.
Terreno movedizo porque no se sabe a ciencia cierta si, dada la forma excluyente en que se están manejando algunos aspectos de la vida nacional, los usuarios del sistema eléctrico tendrán la oportunidad de participar con sus planteamientos en la elaboración del reglamento (especialmente los grandes usuarios del sector industrial).
Terreno movedizo por la prisa que manifiestan algunas instancias en aprobar el reglamento.
En ese sentido, la Asociación de Industrias dela República Dominicana (AIRD) externó ayer su preocupación en cuanto a la posibilidad de incumplimiento de los procedimientos establecidos, en lo relativo a la elaboración y discusión del reglamento de aplicación de dicha Ley y que se pretenda violar lo dispuesto en Art. 8 de la referida Ley que señala que la Comisión Nacional de Energía (CNE) es el único organismo facultado para conducir este proceso.
Los industriales señalaron que les preocupa la celeridad con la que algunos actores quieren “sancochar” el reglamento, cuando de conformidad con el mencionado Art. 8 de la Ley 186-07 el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 90 días para dictar el reglamento, el cual se cumple el 25 de octubre próximo.
Consideraron positivo que la CNE haya abierto espacio para escuchar a las partes.
El sector productivo ha señalado, en reiteradas ocasiones, que el tema energético constituye un pesado fardo sobre las condiciones de competitividad del sector.
Al parecer de los sectores productivos -especialmente los industriales – todos los asuntos relacionados con el sector eléctrico constituyen temas de vital importancia, ya que el costo de la energía eléctrica constituye el principal escollo para la competitividad de los sectores productivos y del país en general.
Nos preguntamos, de modo obligado, qué tanta resistencia o "aguante" tiene el empresariado nacional que pueda soportar contrarreformas y variaciones en las reglas de juego sin que el tren tome el camino de la quiebra. La participación que solicitan los sectores empresariales no sólo es conveniente -desde el punto de vista político- sino también obligatoria -desde el punto de vista de legitimidad del reglamen
