El Superintendente de Electricidad anunció en esta fecha que ese organismo junto a la Procuraduría General de la República, harán una campaña de orientación a la población sobre las sanciones por el robo de energía que establece la nueva legislación. El ingeniero Francisco Méndez observó que la propia Ley dispone que para la aplicación de las sanciones penales, hay un plazo de 90 días para que la Superintendencia y la Procuraduría hagan una campaña de difusión y explicación a la ciudadanía para que regularicen su situación.
Afirmó que en la nueva legislación se contempla como un atentado a la seguridad del sistema eléctrico el robo alambres y medidores. "Por eso aquellos que se roban los alambres en el puente Juan Bosch, esos van a parar con penas de 3 hasta 10 años de prisión, eso es un punto importante", dijo al ser entrevistado por el licenciado Persio Maldonado, en el programa Matinal 5.
La nueva legislaciòn tipifica de manera puntual, las sanciones por el robo de electricidad, digamos un usuario que hurte de mil kilovatios hacia abajo, le toca sanciones monetarias, tantos salarios mínimos y de 3 a 5 días de prisión, agregó.
El que roba de mil a 2 mil kilovatios le toca de 5 a 10 días y un monto monetario de multa mayor, es decir, que siempre habrá prisión, multas y sanciones monetarias, a quienes roben energía, especificó el Superintendente de Electricidad.
El Ing.Méndez enfatizó que el que robe de 2 mil kilovatios hacia arriba le tocará de 10 a 15 días de prisión. Observó que ya discutieron en la Romana con la Asociación de Industria, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y representantes de otros segmentos poblacionales, el reglamento de la Ley de Electricidad, que endurece las sanciones contra el robo de energía, porque había que presentarlo a más tardar el lunes ante el Fondo Monetario Internacional, para el conocimiento de la séptima revisión del acuerdo.
Agregó que la revisión del acuerdo con el organismo internacional permitirá una transferencia especial de unos 200 millones de dólares. Méndez admitió que el FMI ha presionado al gobierno para la modificación de la Ley que criminaliza el robo de energía y la aprobación del reglamento que regirá su aplicación.
El funcionario expuso que en el documento que se firmó estaba contemplado el endurecimiento de las sanciones sobre el hurto eléctrico, "eran condicionantes".
"….Para cumplir con el FMI emitimos el reglamento que abarca y toca la parte que tiene que ver con los procedimientos con la especificación de las sanciones, todo lo que enriquece la aplicación de la Ley recientemente aprobado", expresó.
