SANTO DOMINGO.-En un hecho sin precedentes en el país, fiscales y oficiales policiales cursarán estudios especializados en común para el procesamiento conjunto de la investigación penal y persecución del crimen, luego de la firma de un protocolo entre la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Interior y Policía y la Policía Nacional. Los detalles del acuerdo fueron dados a conocer por el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, y por el jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín.
Se comprometieron a aplicar dentro de los sistemas de investigación de la acción penal los principios contenidos en el artículo 4 de la Constitución, en el que se reconoce que la finalidad principal del Estado es la protección efectiva de los derechos humanos.
También, el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse dentro de un medio de libertad individual y de justicia social compatible, con el orden público, el bienestar general y de los derechos de todos.
Los esfuerzos conjuntos de especialización de fiscales y policías serán coordinados por el director de la Escuela Nacional del Ministerio Publico, licenciado Ramón Núñez.
Las labores de las tres instituciones se inscriben dentro de los trabajos del Plan de Seguridad Democrática, que tiene como uno de sus objetivos primordiales la coordinación y colaboración interinstitucional de cada una de las dependencias del Estado responsables de la persecución del delito, en aras de aumentar los niveles de seguridad ciudadana.
Tanto el procurador general como el jefe policial manifestaron tras la firma del protocolo que el mantenimiento de la seguridad pública y la paz ciudadana representa una tarea conjunta de las diversas entidades que intervienen en la prevención, investigación y persecución del delito.
El magistrado Jiménez Peña calificó de trascendente el acuerdo, tras resaltar la importancia de que fiscales y policías laboren coordinados tanto en la investigación del crimen como en la persecución del delito.
Sostuvo que esto es una muestra de que el Ministerio Público velará por un mejor cumplimiento del Código Procesal Penal, además de que con esta acción se dará garantía de que los hechos no quedarán impunes.
“La Policía y el Ministerio Público son dos actores que deben actuar al unísono y este es un hecho que debe ser valorado por la población” sostuvo Jiménez Peña.
En tanto, el jefe de la Policía consideró la firma del protocolo como un hecho trascendental en la historia de la República Dominicana.
Señaló que es la primera vez que policías y fiscales trabajarán al unísono en la persecución e investigación del crimen, situación que representa un hito para el país.
“En la República Dominicana se acaban de enlazar dos elementos importantes en la administración de justicia”, manifestó el oficial policial.
Mientras que el director de la Escuela Nacional del Ministerio Público manifestó que este protocolo representa un paso importante para el país.
Núñez dijo estar esperanzado en las realizaciones conjuntas que llevarán a cabo Ministerio Público y Policía en este proceso de preparación.
Espera que el desarrollo de dichas actividades de desempeño sirva para que esos servidores brinden un servicio de calidad a la ciudadanía.
De manera específica en los actos de investigación penal, el Ministerio Público, la Secretaría de Interior y la Policía trabajarán en garantizar que se respete y proteja la dignidad humana, respete el derecho del imputado de ser tratado como inocente, así como respetar el derecho de defensa.
En lo referente del deber de respeto al derecho de defensa trabajarán en coordinación para que se respete el derecho a proponer diligencias, respetar además el derecho del imputado a ser oído por el fiscal o un juez, respetar el derecho a que se traiga procesado toda la prueba, respetar el derecho de combatir los argumentos de la parte contraria y las pruebas de cargo.
Además, se establece dentro de este protocolo la ratificación de los derechos del imputado a comunicarse previamente con su defensor tal y como lo establece el artículo 18 del Código Procesal Penal y el deber de respeto al derecho de no declarar contra sí mismo o sus parientes inmediatos.
La firma de dicho protocolo fue realizada en el despacho del procurador general de la República. Estuvieron presentes, además, el abogado del Estado, doctor Fermín Casilla; los procuradores generales adjuntos Rodolfo Espiñeira, Frank Soto y Guillermo Jiménez. El jefe policial estuvo acompañado del vocero de la institución, general Ramón Francisco Rodríguez Sánchez.
