SANTIAGO, 13 sep (IPS) – La violencia contra las mujeres es "uno de los problemas de seguridad pública más graves de la región", según el relator sobre los Derechos de la Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Víctor Abramovich.
La situación es preocupante no sólo en México y Guatemala, cuyos casos de femicidios han sido difundidos más ampliamente por la prensa mundial, indicó el jurista argentino también vicepresidente segundo de la Comisión en Santiago, donde está de visita invitado por el gobierno de Michelle Bachelet.
"En varios países de América del Sur (la violencia contra las mujeres) ha ido cobrando visibilidad y se comienza a ubicar como uno de los temas centrales de seguridad ciudadana", acotó Abramovich en una rueda con corresponsales extranjeros.
Enfatizó que "la dimensión del problema muchas veces no es acorde con la respuesta", que da el Estado y, en particular, el Poder Judicial.
Abramovich comenzó el martes una visita a Chile con el objetivo de recoger información sobre las discriminaciones que sufren las mujeres, la cual se plasmará en un informe con recomendaciones al Estado, que estaría listo en menos de un año.
Su agenda ha contemplado reuniones con representantes del gobierno de la coalición centroizquierdista Concertación por la Democracia, de la Corte Suprema de Justicia, del cuerpo de Carabineros (policía uniformada), así como de organizaciones sociales y centros académicos.
En la víspera, el relator presentó en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales un informe preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos titulado "Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas", que analiza la situación de los 34 países miembros activos de OEA.
"No hay países que puedan servir de ejemplo de avances significativos en la investigación (judicial) de los hechos", indicó Abramovich a los corresponsales.
"Por eso el informe llega a la conclusión de que más allá de los distintos niveles de desarrollo de las democracias y las economías, así como de la fortaleza o debilidad de los sistemas judiciales en los distintos países, hay un denominador común que es la falta de respuesta e investigación de los casos de violencia" contra las mujeres, acotó.
El relator del sistema de derechos humanos de la OEA (Organización de las Naciones Unidas) señaló, además, que "los problemas de violencia están íntimamente ligados a los problemas de discriminación", patrón cultural que está muy presente en los operadores judiciales.
El estudio de 142 páginas, en su versión en español, detecta un sinnúmero de problemas en la prevención, investigación, sanción y reparación de los casos. Luego formula recomendaciones a los países para que actúen con la debida diligencia.
En el marco de la investigación, Chile informó a la Comisión que "en el año 2004, de un total de 236.417 casos recibidos sobre violencia intrafamiliar, sólo se formalizó la investigación de un total de 14.149, es decir, 5,9 por ciento". El 92 por ciento de los casos fue archivado después de la primea audiencia.
"En Bolivia, una investigación realizada por la administración de la justicia revela que de 100 por ciento de los expedientes de casos revisados que abordan materias relacionadas con los derechos de las mujeres: 71,2 por ciento fue rechazado por los fiscales por falta e prueba y de éstos 41 por ciento corresponde a delitos sexuales", dice el informe.
Asimismo, "investigaciones llevadas a cabo en Chile, Ecuador y Guatemala concluyen que el porcentaje de casos de delitos sexuales llevados a juicio en estos tres países es notoriamente bajo".
En Chile, el promedio de casos que llegaron a juicio en 2002 representó 3,89 por ciento de las denuncias recibidas, en Ecuador fue de 2,75 por ciento y en Guatemala fue de 0,33 por ciento.
"La tendencia de los operadores judiciales es a ver los problemas de violencia intrafamiliar como una cuestión privada, donde el Estado no debe intervenir", devolviéndolos a los hogares, dijo Abramovich.
"En materia de violencia sexual, la tendencia es a la estigmatización de las víctimas, a colocar en ellas la responsabilidad de los hechos: cuáles eras sus conductas, qué tipo de vínculos mantenían, por qué se vestían de determinada manera, porqué estaban en determinado lugar a determinada hora de la noche", ejemplificó.
Junto a la debilidad de los servicios de asistencia judicial a las víctimas, el informe detecta el fenómeno de "revictimización", dado que las mujeres agredidas deben declarar hasta en cinco ocasiones en espacios que no poseen debida privacidad.
Abramovich identifica descoordinación "entre las instancias judiciales y la fuerzas de seguridad y entre las medidas judiciales y las políticas públicas preventivas en materia de violencia".
La Comisión muestra especial preocupación por los mayores problemas de acceso a justicia de las poblaciones rurales y las mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes son doblemente discriminadas.
La comisión recomienda a los Estados avanzar en la recopilación y unificación de información, dado que muchas veces los países cuentan con datos contradictorios. Esto determina en gran parte que no existen estadísticas regionales sobre el fenómeno de la violencia contra las mujeres.
Al evaluar someramente el año y medio de gestión de Bachelet, Abramovich señaló que "hay algunos avances que son significativos. El principal es haber colocado estos temas en el centro del debate público y haber promovido iniciativas" en materia de reforma al Código Civil, violencia doméstica y participación laboral y política de las mujeres.
"Yo creo que eso tiene un valor que va más allá de lo simbólico", indicó el relator, quien le hará un seguimiento a los proyectos en curso.
"Parecería que el núcleo duro de la discusión de estas reformas legislativas está en el Congreso legislativo. Lo que vemos es que hay muchas iniciativas de parte del Poder Ejecutivo y que no hay avances significativos en el parlamento", concluyó.
