ONU y Banco Mundial contra los políticos ladrones

WASHINGTON, 17 sep (IPS) – La ONU y el Banco Mundial se embarcaron en una campaña para quitar a los políticos corruptos lo robado a países pobres, con el fin de dedicar ese dinero a la salud y el desarrollo.
"De ahora en adelante, debería ser más difícil para los cleptócratas robarle el dinero a la gente y más fácil que la gente recupere su dinero", dijo este lunes Antonio María Costa, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), agencia a cargo de la iniciativa.

Las estafas, el contrabando, la evasión de impuestos y otras prácticas deshonestas cometidas por gobernantes de países en desarrollo les representan pérdidas por entre un billón y 1,6 billones de dólares anuales, según un informe presentado con motivo del lanzamiento de la Iniciativa de Recuperación de Bienes Robados.

Recuperar aunque sea en parte los bienes robados puede proporcionar financiamiento a programas sociales u obras de infraestructura.

"Cien millones de dólares recuperados podrían financiar vacunas para cuatro millones de niños, conexiones a la red de agua potable para unos 250.000 hogares o el tratamiento para unos 600.000 portadores de VIH durante un año entero", señala el informe.

La iniciativa procura desalentar el robo ayudando a países en desarrollo a mejorar la gobernanza y la capacidad de llamar a responsabilidad a los políticos deshonestos, y urgiendo a los países ricos a dejar de proporcionar refugio seguro a los saqueadores.

Sus promotores exhortan a los parlamentos a ratificar la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, firmado en 2003. Aún resta la ratificación, incluso, de miembros del Grupo de los Ocho (G-8) países más poderosos, como Alemania, Canadá, Italia y Japón.

Apenas la mitad de las 30 democracias capitalistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre cuyos miembros figuran todas las economías del Norte rico, ratificaron el tratado.

También lo hicieron 13 de las 54 jurisdicciones clasificadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como centros financieros que aceptan depósitos de dinero o movimientos de cuentas desde el exterior, muchos de ellos paraísos fiscales.

Entre ellos figuran dependencias de la corona británica como Guernsey e Isla de Man, Bermuda y las Bahamas, entre otros países del Caribe, estados europeos como Liechtenstein y Mónaco, estados insulares del Pacífico como Samoa y Vanuatu, y partes o la totalidad de Djibouti, Malasia, Panamá y Estados Unidos.

Como ocurre con muchos convenios internacionales, la Convención contra la Corrupción no estuvo entre las prioridades de muchos parlamentos.

Empresas y reguladores financieros estatales también manifestaron su preocupación sobre cómo reconciliar los requisitos del tratado con las las legislaciones vigentes en cada país.

Los esfuerzos por combatir la corrupción también se vieron frustrados por escándalos que involucraron acusaciones de fraude y nepotismo en el propio Banco Mundial y en el sistema de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

Aun así, la iniciativa presentada este lunes se propone obligar a los centros financieros que cumplan con la legislación contra el lavado de dinero que detectará y disuadirá el lavado de fondos ilícitos, y fortalecerá la capacidad de las unidades de inteligencia en la materia para potenciar la cooperación en todo el mundo.

Los países en desarrollo podrán aprovechar la iniciativa para fortalecer a las agencias de fiscalización, según algunos funcionarios.

Los préstamos y subsidios estarán disponibles para países que carecen de la capacidad suficiente para reclamar la devolución de los bienes que les robaron.

La iniciativa también procura controlar el uso de los bienes recuperados, a fin de que el dinero repatriado sea utilizado con propósitos de desarrollo.

"Se necesitarán salvaguardas para garantizar que los bienes devueltos no sean robados nuevamente por una nueva generación de líderes. Eso significa controlar el uso de los fondos recuperados registrando oficialmente el recibo de los bienes, declarando el uso que tendrán e informando sobre los gastos", señaló Costa, de la UNODC. Sumas significativas han sido desviadas. Funcionarios públicos en países pobres y del disuelto bloque soviético se embolsan sobornos de al menos entre 20.000 y 40.000 millones de dólares al año, aproximadamente entre 20 y 40 por ciento del valor de toda la asistencia oficial para el desarrollo, según el informe presentado este lunes.

La organización anticorrupción Transparencia Internacional calculó que el dictador Alí Suharto, obligado a renunciar a la presidencia de Indonesia en 1998, malversó fondos de sus compatriotas por entre 15.000 y 35.000 millones de dólares.

Los fallecidos ex jefes de Estado Ferdinand Marcos, de Filipinas (1965-1986), Mobutu Sese Seko, de la antigua Zaire, hoy República Democrática del Congo (1965-1997), y Sani Abacha, de Nigeria (1993-1998), se embolsaron 5.000 millones de dólares cada uno, agregó Transparencia.

Cada año, África pierde 148.000 millones de dólares –equivalente a 25 por ciento de sus egresos– por culpa de la corrupción, según la Unión Africana.

Algunas agencias de la ONU señalaron que, en los años 90, varios funcionarios corruptos se quedaron con 5.500 millones de dólares en Nigeria, y 3.000 millones de dólares en Kenia.

Recuperar los bienes perdidos puede insumir mucho tiempo. A Filipinas le llevó 18 años recuperar 624 millones de dólares que Marcos había depositado en cuentas bancarias secretas en Suiza.