En tema del aborto se ha deslizado por la pendiente chapucera a que nos tienen acostumbrados los políticos dominicanos.
En vez de proceder a un debate reflexivo y racional de un asunto tan complejo, lo que se ha venido produciendo es una cadena de declaraciones con fines políticos electorales y en otro caso, para complacer poderes, en especial a la Iglesia Católica.
La posición de la Iglesia Católica sobre este asunto es bien conocida desde hace siglos. Siempre ha sido la misma, porque está sustentada en los principios de la fe y en la creencia cristiana.
Y la voz de la Iglesia Católica debe ser escuchada, pero hay que reconocer que no es la única voz que tiene derecho a expresarse y a ser oída sobre este espinoso tema, que requiere de soluciones responsables de parte de la sociedad y el Estado Dominicano.
Deben ser escuchados profesionales de la ciencia médica y otros expertos y grupos con experiencia de trabajo en este campo, para llegar a conclusiones que conduzcan a una legislación inspirada en principios éticos y morales, con énfasis en el respeto al ser humano.
De repente, nuestros legisladores podrían aprobar una ley penalizando el aborto en los térmicos más estrictos en que exigen algunos sectores, y resultar luego que la realidad desborde los límites de esa ley y continúe esa práctica de forma clandestina.
Conviene que hagamos una discusión racional sobre el aborto, despojada de fanatismo y poses oportunistas, en la que pongamos como centro la defensa de la vida, en especial la del sagrado derecho de nacer como reclama la Iglesia Católica.
Pero eso no indica que haya atenuantes que deban considerarse, especialmente el referente al aborto terapéutico, que en unas determinadas circunstancias sea necesario y que bien la ley podría tipificar para evitar que ocurra que tratando de ser justo con un naciente ser humano, se pierda la vida de este y de la madre al mismo tiempo.
O para impedir que habiendo sido necesario, por las razones antes expuestas, que se le practique un aborto a una mujer, esta vaya a ser sometida a los tribunales de manera injusta por parte de los encargados de perseguir el delito.
Hay innumerables teorías sobre este tema, incluyendo las de aquellos que pretenden una legalización plena del aborto, sin mayores reparos, a lo que este diario se opondría, pero no dejamos de reconocer que existen circunstancias que no pueden ser sometidos a disposiciones estrictas de ninguna ley.
Por eso, los legisladores deben actuar con responsabilidad y producir una ley que tenga como prisma el respeto a la vida, no sólo del ser que apunta a nacer, sino de aquella mujer que carga con el mismo en su vientre.
Los entendidos, como se sabe, plantean otras experiencias, como el caso de un engendro por una violación. Es otro caso que bien la ley debiera contemplar, dejando escenarios para una solución adecuada con la víctima, en la que se tome en consideración la fe de esa persona y su estado psicológico.
Convendría que no se politice este tema y que se deje abierto un debate en el que prime el sentido común entre las partes.
Nuestro opinión, reiteramos es que no nos vayamos al extremo de este asunto, porque lo ideal no es una ley sobre el aborto para que sea cumplida por aquellos, sino por nosotros, todos nosotros, los dominicanos y dominicanas.
