SANTIAGO, 21 sep (IPS) – La Corte Suprema de Justicia de Chile concedió a Perú la extradición del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) para juzgarlo en siete casos, sentando precedentes en materia de justicia internacional y despertando aplausos de familiares de víctimas de su régimen y organizaciones de derechos humanos.
"Estamos muy contentos. Teníamos confianza (en la justicia chilena) porque siempre creímos que era una oportunidad inmejorable para la Corte Suprema de sentar un precedente importante" al extraditar a un ex mandatario civil acusado de violaciones a los derechos humanos, dijo a IPS el secretario ejecutivo de la filial en Chile de Amnistía Internacional, Sergio Laurenti.
"Aunque fue un fallo dividido, establece dos principios del derecho internacional: la responsabilidad del mando y el de la extradición, ya que la otra posibilidad era juzgarlo en Chile", comentó el dirigente de esa organización humanitaria internacional.
El director para las Américas de la no gubernamental Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien se encontraba en el Palacio de Tribunales cuando se divulgó el fallo este viernes, destacó que es "un caso sin precedentes" y constituye "la primera vez que un tribunal ordena la extradición de un ex jefe de Estado a su país".
En medio de una gran expectativa periodística, el presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Alberto Chaigneau, informó pasadas la hora local 08:00 (12:00 GMT) que el máximo tribunal concedió la extradición de Fujimori por siete de los 13 casos presentados –dos por violaciones a los derechos humanos y cinco por corrupción–, revocando el fallo dictado en primera instancia por el juez Orlando Álvarez.
Los dos casos de violaciones a los derechos humanos son los conocidos como Barrios Altos y La Cantuta (dictamen unánime) y "Sótanos SIE", en el cual se acusa a Fujimori de ordenar el secuestro y tortura de personas consideradas opositoras a su régimen.
En el primero se lo responsabiliza por la masacre cometida el 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos por un grupo de seguridad del gobierno contra 15 personas, y de la matanza del 18 de julio de 1992 en la Universidad de La Cantuta, que terminó con la vida de nueve estudiantes y un profesor. Todas las víctimas eran acusadas de integrar la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso.
En el caso de los llamados "congresistas tránsfugas", la extradición de Fujimori también por unanimidad se concedió para juzgarlo por ordenar pagos ilegales a varios legisladores e inducirlos a integrarse al partido de gobierno.
En los otros cuatro casos de corrupción, el tribunal consideró por mayoría que había méritos para extraditar al ex mandatario. Se trata de los conocidos como "Allanamiento", "Interceptación telefónica", "Medios de comunicación", y "Quince millones".
En tanto, la Corte ratificó la sentencia de Álvarez en los capítulos "Faisal-Aprodev", "Medicinas Chinas", "Desviación de fondos", "Decretos de Urgencia", "Tractores Chinos" y "Ampliación por Desaparición Forzada" debido a que "no se encuentra justificada la existencia de los hechos punibles materia de los respectivos requerimientos".
La importancia de la cantidad de casos por los cuales se concede la extradición radica en que la justicia peruana sólo podrá juzgar a Fujimori por ellos, salvo que el gobierno de Alan García solicite posteriormente a Chile que se concedan otros, explicó el representante del Estado peruano en el proceso, el abogado Alfredo Etcheberry, quien se declaró "muy satisfecho" con el dictamen.
El juez Chaigneau señaló que la redacción del fallo "fue mucho más fácil de lo que pensaba" y rechazó las especulaciones de que la Corte había recibido presiones para tomar la decisión.
En sus primeras declaraciones a una radioemisora peruana, Fujimori, quien se encuentra acompañado por su hija Sachi Marcela en la lujosa residencia que arrienda en el sector norte de la capital chilena, dijo que el "fallo era previsible".
"Mi plan fue pasar por acá (Chile) y reducir sustancialmente el número de acusaciones", indicó el ex mandatario.
Poco antes de que se conociera el dictamen, la presidenta chilena Michelle Bachelet se reunió en su despacho con el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, el portavoz de gobierno, Ricardo Lagos Weber, el canciller Alejandro Foxley y el ministro interino del Interior, Felipe Harboe.
Una vez terminado el encuentro, Lagos Weber sostuvo que Bachelet se había comunicado por teléfono con su par peruano García para comunicarle la noticia, por "deferencia". El portavoz aseguró que el gobierno haría cumplir la resolución judicial y remarcó "el compromiso del Estado chileno con los derechos humanos".
"Como gobierno jamás hacemos comentarios sobre los fallos. Sin embargo, quisiera decir que estoy satisfecha, que la justicia ha podido desarrollar su tarea tranquila", afirmó la mandataria más tarde.
La jefa de Estado también aclaró que el pronunciamiento "de los tribunales no es un fallo condenatorio, eso no le corresponde a la justicia chilena, la justicia chilena lo único que ha hecho y ha considerado es que hay méritos suficientes para extraditar y si hay grado de culpabilidad o responsabilidad, eso lo determinará la justicia peruana".
Los cinco magistrados de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema –Rubén Ballesteros, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez Espoz, Hugo Dolmestch y Alberto Chaigneau– votaron su resolución el día 10, pero decidieron hacerla pública este viernes luego de concluida la redacción y revisión del dictamen.
Aunque en medios de prensa trascendió que los jueces se habían inclinado por la extradición, hasta último minuto reinó la incertidumbre.
Antes de la hora local 11:00, el ministro Álvarez firmó el cúmplase de la sentencia, y más tarde un funcionario del Poder Judicial notificó al acusado en su residencia.
Pasadas las 12 horas (16:00 GMT), el subdirector operativo de la policía de investigaciones, René Castellón, confirmó que el ex mandatario será trasladado en un helicóptero hasta el aeropuerto de Pudahuel, en Santiago, donde abordará un avión institucional que lo llevará hasta Arica para ser conducido posiblemente por tierra al paso fronterizo de Chacalluta. Ahí será entregado a Interpol de Perú.
En el Palacio de Tribunales, el abogado defensor de Fujimori, el chileno Gabriel Zaliasnik, dijo a un canal de televisión que no lo sorprendió el fallo. "Estaba dentro de los escenarios previsibles", sostuvo.
No obstante, la justicia chilena "ha depurado largamente" los cargos imputados a Fujimori, de 69 años. De los 60 casos que en un comienzo se le atribuían en Perú, el Estado de ese país sólo formalizó 13, y el tribunal chileno estableció que "en casi siete de ellos no hay antecedentes claros" que lo responsabilicen de los delitos.
Fujimori llegó sorpresivamente a Chile el 6 de noviembre de 2005 procedente de Japón, donde estuvo refugiado desde 2000 luego de huir de Perú siendo presidente, acosado por denuncias de corrupción y extorsión a empresarios y políticos.
En Chile estuvo en prisión preventiva desde el 7 de noviembre de 2005 hasta el 18 de mayo del año siguiente, cuando salió libre luego de pagar una fianza. El juicio de extradición se inició en enero de 2006, y el 8 de junio de este año se decretó su arresto domiciliario.
El 7 de junio, la fiscal de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Mónica Maldonado, recomendó de forma no vinculante al juez de instrucción especial, Álvarez, extraditar a Fujimori por 11 de los 12 casos presentados hasta ese momento por el gobierno de Perú.
Treinta y cuatro días después, el 11 de julio, Álvarez denegó el pedido de extradición, desechando la sugerencia de Maldonado en un fallo de 99 páginas y 122 considerandos, que fue revocado este viernes por la Corte Suprema.
Álvarez llegó a la conclusión de que no existían pruebas suficientes para imputarlo por los casos que conforman la carpeta de extradición y de que algunos delitos de los que se le acusa ya prescribieron.
En medio de la decepción de las víctimas del régimen de Fujimori y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, Álvarez fue acusado de considerar únicamente los argumentos de la defensa e inclusive de transcribirlos textualmente en su fallo.
Aprovechando su doble nacionalidad peruana-japonesa, el 29 de julio el ex mandatario se dio el lujo de presentarse a distancia a las elecciones parlamentarias niponas como candidato a senador del ultraderechista Nuevo Partido de los Ciudadanos.
Un apoyo de apenas 7,6 por ciento de los votos lo relegó al cuarto lugar de la lista de ese partido y no le alcanzó para lograr su objetivo.
Su aspiración de lograr un escaño en el Senado nipón fue interpretada como una estrategia para contar con inmunidad y la defensa de Japón en caso de ser extraditado a Perú.
Desde entonces, abogados defensores de derechos humanos chilenos presentaron en este país dos querellas contra Fujimori por otros casos de violaciones a los derechos humanos durante su mandato.
"Creo que esta es una gran alegría para todo el continente", dijo a IPS un emocionado Raúl Paiba, presidente del Comité de Refugiados Peruanos en Chile, quien salió de su país hace 15 años huyendo de la persecución política.
"Hasta anoche teníamos dudas. Era impredecible", pero al final prevaleció la lucha de los pueblos contra la impunidad, acotó el dirigente, quien, no obstante, teme que en su país no se juzgue al ex presidente adecuadamente, debido a una alianza de hecho entre el gobierno de García y el sector fujimorista representado en el parlamento.(FIN/2007)
