Fiscalía prepara demolición de Fujimori

LIMA, 22 sep (IPS) – Las pruebas del involucramiento del ex presidente de Perú Alberto Fujimori en ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes de inteligencia del ejército son demoledoras, adelantó a IPS el fiscal supremo de este país, Pablo Sánchez.
La Corte Suprema de Justicia de Chile dispuso la extradición de Fujimori a partir de la evaluación de las evidencias provistas por el Poder Judicial peruano y obtenidas hasta 2004, y hoy se dispone de más pruebas aun que las presentadas entonces, explicó el magistrado.

"Después de esa fecha, se han acopiado numerosos y relevantes testimonios de ex integrantes del grupo especial que cometió los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta", dijo Sánchez.

Además, se recabaron "documentos y declaraciones de los jefes militares que respondían a las órdenes de Fujimori", agregó. "En consecuencia, la justicia peruana cuenta con mayores y decisivos elementos para establecer la culpabilidad del ex mandatario."

Sánchez es el artífice de la acusación contra Fujimori por de sus vínculos con el paramilitar Grupo Colina, constituido por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) acusados de asesinar a 15 personas en el área limeña de Barrios Altos, en 1991, y a 10 personas en la Universidad de La Cantuta, en 1992.

Entre los 57 acusados por estos asesinatos figuran el ex hombre fuerte del gobierno de Fujimori, Vladimiro Montesinos, el ex jefe del ejército, general Nicolás Hermoza Ríos.

"Durante el proceso judicial, algunos integrantes del Grupo Colina pidieron acogerse a la ‘colaboración sincera’", cláusula según la cual podrían entregar al tribunal "información certera sobre sus actividades ilegales a cambio de una reducción de la sentencia", explicó Sánchez.

"Los datos que proporcionaron, luego de haber sido corroborados, fueron sustanciales para conocer la verdad", indicó el fiscal.

El 3 de noviembre de 1991, un comando militar asesinó a 15 personas que celebraban una fiesta de recaudación de fondos. Ocho meses después, el 18 de julio de 1992, el mismo grupo secuestró, asesinó y enterró clandestinamente a un profesor y nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta.

A todas las víctimas se les atribuía pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso.

"Fuera del proceso judicial, a otros ex miembros del Grupo Colina les fue concedida la ‘colaboración eficaz’, figura jurídica a la que se acogen personas que cometieron delitos y que buscan los beneficios de la ley si ofrecen información que permita identificar a los responsables de los hechos", manifestó Sánchez.

"Los colaboradores eficaces también proveyeron información clave que compromete a Fujimori", aseguró.

Fujimori enfrentará un juicio aparte por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. El proceso contra los otros 57 acusados, iniciado hace casi dos años, seguirá su curso normal.

"Pero los testimonios, pruebas documentales y otros elementos probatorios que se obtengan en el proceso a los 57 implicados podrán ser requeridos por el tribunal que procesará a Fujimori", manifestó Sánchez.

El fiscal supremo se encargará en última instancia de resolver las apelaciones y otras actuaciones que se presenten en el juicio que afrontará el ex mandatario peruano.

La hija del ex jefe de Estado, la congresista Keiko Fujimori, reclamó que su padre sea procesado en libertad y no encerrado en un establecimiento que las autoridades penitenciarias acondicionaron en un cuartel de policía en las afueras de Lima.

"Mi papá merece el trato de ex presidente de la República", demandó Keiko Fujimori.

Pero "la ley es igual para todos y el ex mandatario recibirá el trato que está descrito en las normas", advirtió Sánchez.

El fiscal supremo destacó que una de las pruebas más sólidas contra Fujimori por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves es la declaración del ex jefe del ejército Hermoza Ríos.

Este general afirmó que el asesor de Fujimori estaba plenamente informado de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta y que estaba relacionado estrechamente con las actividades militares y de inteligencia, porque, incluso, vivió entre 1991 y 1992 en los recintos del SIE y del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Además, un ex miembro del Grupo Colina, Marcos Flores Albán, entregó a las autoridades judiciales la cinta en que grabó un discurso del general Hermoza ante 30 agentes de la organización delictiva, el 27 de junio de 1992.

En la alocución, Hermoza les dice que las altas autoridades del Estado se encontraban al tanto de sus actividades.

El fiscal Sánchez destacó que las autoridades judiciales encontraban evidencias de otros casos de violaciones de derechos humanos, y que prevén recurrir nuevamente a la justicia de Chile para solicitar la ampliación de las causales de la extradición de Fujimori.

"La justicia anticorrupción peruana tiene experiencia con otros casos de extraditados a quienes, durante el proceso judicial que enfrentaban, se les encontró responsabilidad por otros hechos", y en esos casos "se requirió la ampliación", con éxito dijo.

Sánchez indicó que la Corte Suprema de Chile aplicó en su fallo la teoría del dominio del hecho para imputar al ex mandatario Fujimori el cargo de autor mediato de los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, como lo hizo la justicia peruana.

"Está demostrado que Fujimori influía sobre las acciones de los integrantes de una organización que estaba bajo su control. Eso fluye de los testimonios, de los documentos, de todo los actuaba durante el proceso investigativo fiscal y judicial", señaló.

El magistrado acotó que el fallo de la Corte Suprema de Chile no se ha pronunciado sobre la imputación a Fujimori del delito de desaparición forzada en el caso Barrios Altos y La Cantuta.

"El fallo no dice que no, ni tampoco que sí procede", explicó el fiscal supremo. "La justicia peruana evalúa solicitar a la Corte Suprema de Chile una aclaración al respecto."

Si la justicia chilena concede ampliar la causal de extradición por desaparición forzada, Fujimori tendría que responder por otro grave delito, que se castiga hasta con 15 años de prisión.