Investigadores no tienen quién los reciba

NACIONES UNIDAS, sep (IPS) – La ONU se muestra decepcionada porque cada vez más gobiernos se niegan a responder acusaciones sobre ejecuciones extrajudiciales, o a recibir siquiera a enviados del foro mundial a cargo de verificar si en sus países existe esa práctica. Entre las 27 naciones que no aceptaron la visita de funcionarios de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) figuran miembros del Consejo de Seguridad, como China, Estados Unidos y Rusia, además de El Salvador, Israel, Kenia, Tailandia, Uzbekistán y Venezuela.

"El hecho de que 90 por ciento de las naciones" acusadas "se hayan negado a cooperar, y que el Consejo de Derechos Humanos no haya hecho nada al respecto, muestra una grave falla", dijo Philip Alston, relator especial de la ONU en materia de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

"Sin importar la gravedad del caso, o cuán flagrante o comprometida sea la conducta del gobierno en cuestión", el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, "se mantuvo impasible", señaló Alston en un informe de 21 páginas que presentó ante la Asamblea General del foro mundial, cuya sesión anual concluirá en diciembre.

Alston también destacó que había tratado durante mucho tiempo de llamar la atención sobre violaciones al derecho a la vida por parte del gobierno de Irán, "como consecuencia de sus ejecuciones a jóvenes y a acusados de delitos que no pueden ser considerados de extrema gravedad".

"Esas ejecuciones se han incrementado recientemente y el silencio de la comunidad internacional no puede hacer otra cosa que desacreditarla", aseguró.

Aunque Teherán había realizado una invitación en términos generales, se negó repetidamente a responder a pedidos para fijar de una fecha específica, "a pesar de varias reuniones y de una extensa correspondencia", indicó Alston.

Los únicos países que colaboraron con las visitas en el último año fueron Filipinas, Guatemala y Líbano. Brasil, República Centroafricana y Yemen formularon invitaciones que todavía no se concretaron.

Una visita ya acordada a Guinea fue suspendida en marzo de 2007 y el gobierno no respondió a una serie de pedidos para reprogramarla.

Asimismo, según el informe, seis miembros del Consejo de Derechos Humanos no aceptaron los pedidos de visita que se les formularon: Arabia Saudita, Bangladesh, China, India, Indonesia y Pakistán.

Los restantes países con solicitudes pendientes son Laos, Nepal, Singapur, Togo, Trinidad y Tobago, Uganda y Vietnam.

Sus respuestas variaron "desde el completo silencio, el reconocimiento formal, la aceptación en principio pero sin un seguimiento significativo hasta el rechazo liso y llano", destacó.

Alston dijo que, con relación a las prácticas de "asesinatos selectivos", había planteado casos a Estados Unidos e Israel, así como a países donde se habrían registrado este tipo de crímenes.

"El mayor desafío fue la falta de cooperación demostrada por esos países. Israel no abordó la sustancia de los alegatos y Estados Unidos insistió que el tema se encontraba fuera del mandato" del relator especial, agregó.

Este es un "problema crónico" de los investigadores de derechos humanos de la ONU, dijo a IPS Tania Baldwin-Pask, asesora de Amnistía Internacional sobre organizaciones y leyes internacionales.

"Amnistía ha planteado este tema de manera consecuente, porque es fundamental para el funcionamiento del sistema que todos los Estados miembros de la ONU cooperen con los procedimientos especiales. Hace a la esencia del principio de universalidad y no selectividad, que muchos países reivindican en otros contextos", señaló.

Baldwin-Pask también indicó que la ausencia de colaboración, ya sea respecto de los pedidos de misiones o de respuesta a la correspondencia, aparece regularmente en muchos de los informes de los relatores especiales de la ONU.

Alston ha sido quien con más persistencia buscó llamar la atención sobre este asunto al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General, agregó.

Lamentablemente, la ausencia de voluntad de los Estados integrantes de la ONU para facilitar los pedidos de visita es muy común, aunque tienen diferentes maneras de encarar la cuestión, dijo Baldwin-Pask.

Unos pocos actúan como Singapur y rechazan de plano la solicitud. Otros se toman un tiempo considerable para realizar los arreglos necesarios para que la visita pueda realizarse, explicó.

Como el Consejo de Derechos Humanos no cuenta con un mecanismo para hacer el seguimiento del estado en que se encuentran las solicitudes, muchos países simplemente las ignoran, dijo Baldwin-Pask.

En consecuencia, algunas naciones como Turkmenistán jamás recibieron una visita de investigadores de derechos humanos, a pesar de que en los últimos años se intentó concretar una misión en 11 oportunidades. Y el Consejo de Derechos Humanos, afirmó, "no ha tomado todavía ninguna acción en respuesta".

No se trata sólo del número de pedidos ignorados, comentó Baldwin-Pask. También es una cuestión de tiempo. El relator especial sobre torturas, por ejemplo, ha estado intentando concretar una misión a India desde 1993.

Por otra parte, no son sólo los investigadores sobre temas específicos que luchan por tener acceso. Baldwin-Pask indicó que lo mismo ocurre con los relatores especiales sobre países. El que analiza la situación de Corea del Norte, por ejemplo, jamás pudo pisar su territorio.

Algunos países utilizan al Consejo o la Asamblea General para anunciar que han invitado a un relator especial y ofrecer así una imagen de cooperación, agregó. Pero después postergan la misión y raramente lo comunican públicamente.

Zimbabwe, que jamás aceptó la presencia de enviados de la ONU en materia de derechos humanos, anunció en una reunión del Consejo que recibiría la visita del relator especial sobre violencia contra las mujeres. Pero luego la postergó y no hay signos de que vaya a concretarse, comentó Baldwin-Pask.

Según Amnistía Internacional, Rusia es un ejemplo de un país que aceptó la presencia del relator especial sobre tortura, pero la postergó en el último minuto, al parecer porque las visitas a los centros de detención podrían violar las leyes nacionales, en especial respecto de visitas no anunciadas y entrevistas privadas con los detenidos.

Estados Unidos también bloqueó visitas a la prisión de sospechosos de terrorismo instalada en su base naval en Guantánamo, Cuba, con el argumento de que no podía permitir entrevistas privadas con quienes están arrestados allí, dijo a IPS Baldwin-Pask.

"El otro punto para tener en cuenta respecto de la falta de colaboración es que las visitas son parte de un problema mayor: los Estados deben poner en práctica las recomendaciones que surgen de esas misiones", agregó.

"Con mucha frecuencia hay países dispuestos a recibir a los enviados, pero después no hacen nada para seguir las recomendaciones", concluyó.

(FIN/2007)