Recientemente, las autoridades ligadas al sector salud prohibieron a las panaderías agregar bromato de potasio al pan, al determinarse mediante estudio que esa sustancia química es letal a largo plazo para la salud.
Satisface que la Secretaría de Salud Pública haya actuado a tiempo en defensa del consumidor. Sin embargo, hay algunas contradicciones que ameritan un comentario aparte. Si el bromato de potasio es lesivo para la salud, ¿por qué otorgarle un plazo a las panaderías para el retiro definitivo de los aditivos o sustancias condicionadotas de la harina que contengan el mencionado químico?
Se ha establecido que la harina que sale desde los molinos trae el aditivo en los niveles permitidos en el país, y en Estados Unidos, que es de 50 miligramos por kilogramo de harina; por tanto, las panaderías no necesitan más agregados. Por esa razón, Salud Pública instó a la población a continuar consumiendo pan.
Es decir, se ha dispuesto un desmonte gradual de los niveles del bromato hasta el año 2009. O sea, para mayo del 2008, la cantidad de bromato que se añadirán a las harinas tendrá como límite 30 miligramos / kilogramo. Para febrero del 2009, la cantidad deberá ser cero.
¿Quién garantizará que las panaderías obtemperarán las disposiciones emanadas de Salud Pública. Se sabe que una gran parte de los comerciantes está acostumbrada a violar las leyes. Por desgracia, estamos corroídos por la costumbre del desorden. Hay que actuar sin contemplación contra estos abusadores que se nutren del sudor del consumidor vendiendo pan a precios elevados, con poca calidad de nutrientes, y para colmo los fabrican pequeños y caros.
Ahora bien. Tal como hicieron con el pan, las autoridades debieran también fiscalizar una serie de productos empaquetados y enlatados (jugos, picaduras, leche, refrescos) de muy mala calidad que se venden libremente en colmados y supermercados del país. En síntesis, estamos comiendo porquerías a granel y nada pasa. Con razón tenemos una población tan desnutrida.
Además, deben echarle el ojo a los comerciantes que venden piezas de vehículos, especialmente los negocios llamados “broker”. Ahí si es verdad que se producen abusos. Te venden piezas usadas a precios más elevados que las nuevas, y sin son eléctricas no tienen garantías. Y si vamos a las tiendas de respuestas, expenden piezas nuevas pero de baja calidad. Obviamente, me refiero a las tiendas que no representan a las casas matrices radicadas en el exterior.
En otro aspecto, ahora existe la modalidad de algunos colmados de vender las tarjetas de llamadas a precios medalaganarios. Por ejemplo, si uno pide una tarjeta de 100 pesos en un colmadón o en los colmados te exigen diez pesos adicional. La excusa es que las compañías telefónicas que emiten las tarjetas (Orange, Codetel, Centennial, etc.) no les dan un buen margen de ganancias. Puras mentiras. De ser cierto este argumento, ¿entonces, para que las venden? Es otra forma de estafar a la gente.
Esos “humildes padres de familia” (como injustamente se hacen llamar los propietarios y dependientes de colmados y colmados) constituyen una red de abusadores que, lamentablemente, actúan como chivos sin ley. Cuando el cliente protesta por esas groserías, estos señores responden con burla: “Es que e´pa lante que vamos”. Es frase conlleva en sí un trasfondo político.
Un panorama muy parecido lo observamos en los representantes de algunas farmacias. Los pobres no pueden comprar medicinas baratas en las farmacias porque los precios están por las nubes. Recientemente acudí donde un médico urólogo luego de notar algunas irregularidades de tipo renal. El médico me indicó un fármaco conocido como “Denvar”, de 400 miligramos para controlar una infección en la orina.
Visité una farmacia de la avenida Sabana Larga, en la capital, y pregunté por el precio del medicamento. “Cada pastilla cuesta 240 pesos y la caja trae cinco pastillas”, me dijo una joven detrás de un mostrador, luego de examinar la tarifa en una computadora. “En total hacen RD$1,200.00 y no se detallan”, agregó. “Más tarde pasaré por aquí a comprarla”, respondí medio dudoso. “Aproveche ahora, esas pastillas no se venden en todas las farmacias”, me advirtió la joven mientras me veía abandonar el negocio.
Al escuchar los precios, decidí hacer un recorrido por otros establecimientos. Noté enseguida que los precios variaron en forma escandalosa. Por ejemplo, $250.00, $265.00 y hasta $320.00 por cada pastilla. Sólo en una farmacia localizada en el Ensanche Ozama detallaban el medicamento.
Al sentirme acorralado por los altos precios del medicamento, consulté a un médico amigo sobre mi situación, antes de comprarlo. Me recomendó seguir buscando opciones y sugirió visitar una Farmacia del Pueblo. “Allí puedes encontrar un medicamento genérico, con los mismos o tal vez más componentes que el que te recetaron. No sé por qué venden esas pastillas tan caras”, dijo el galeno.
En la Farmacia del Pueblo (antes Boticas Populares) me vendieron un fármaco conocido como Cefaldek, de 500 miligramos, fabricado en Miami, Estados Unidos. Pagué treinta pesos por una tirilla conteniendo diez pastillas, es decir, tres pesos por cada pastilla. ¡Qué diferencia, verdad!
El Gobierno debe continuar abasteciendo de medicamentos a las boticas populares para acabar con el agiotismo de los dueños de farmacias. No es posible que exista una diferencia de precios tan alarmante en los medicamentos. Con razón los dueños de farmacias se convierten en millonarios a breve término. Y son tan descarados que me cuentan que muchos propietarios de esos negocios mandan a particulares a comprar medicamentos en las boticas populares para venderlos al público a sobreprecio.
Son de las cosas que las autoridades deben evaluar. A fin de cuenta, el pueblo a quienes pasa facturas es a los que actualmente detentan el poder político. Por preservar su salud, el ciudadano está compelido a comprar los medicamentos caros, pero en el fondo lleva un remordimiento y un rencor contra el Gobierno por no poner en cintura a estos carajos, esos chupasangres, que a lo mejor tienen el descaro de asistir todos los domingos a misa a recibir la comunión y a orar. Es en las urnas donde el pueblo toma venganza. Aún hay tiempo de evitarlo.