No hay forma de que el gobierno salga bien parado del escándalo del préstamo de los 130 millones de dólares con la empresa Sun Land, debido a la torpeza con que el tema ha sido manejado por las autoridades, que en vez de ofrecer explicaciones sensatas lo han desvirtuado politizándolo.
¿A quién debemos responsabilizar por los 130 millones de dólares? ¿A Félix Bautista o al presidente Leonel Fernández, quien otorgó un poder que avala la operación?
¿Por qué el Presidente, que es abogado y que además tiene un Consultor Jurídico de mucho nivel profesional, no ordenó que el Poder fuera notariado como manda la ley?
¿Por qué no envió al Congreso el proyecto de préstamo de los 130 millones de dólares, detallando las obras que serían realizadas y el banco o la institución crediticia que suministraría los fondos, entre otros detalles que le hubieran evitado el escándalo?
¿Por qué nada está claro con relación a ese préstamo? Ante tanta incertidumbre, no resulta ocioso preguntar: ¿Existe el préstamo de los 130 millones de dólares?
Si existe, ¿Dónde está el contrato? Como gritaba el hombre en aquel comercial famoso, ¿y los cuartos, dónde están?
¿Quién recibió los 130 millones de dólares que al cambio actual sobrepasan los cuatro mil 300 millones de pesos? ¿Los contratistas de obras del Estado? ¿Cuáles contratistas?
¿Para construir cuáles obras? ¿Dónde se publicaron los concursos que ganaron esos profesionales de la construcción?
¿Por qué Félix Bautista firmó los pagares y no los contratistas si eran ellos los que estaban tomando el préstamo? ¿Estaban las supuestas obras del supuesto préstamo para los supuestos contratistas, en el supuesto presupuesto de la oficina que supuestamente dirige Félix Bautista?
La Constitución de la República, que el presidente Fernández juró respetar y hacer respetar, es clara en las atribuciones que le confiere. En el inciso 10 del artículo 55 dice: “Celebrar contratos, sometiéndolos a la aprobación del Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales, a la enajenación de inmuebles cuyo valor sea mayor de veinte mil pesos oro o al levantamiento de empréstitos o cuando estipulen exenciones de impuestos en general de acuerdo con el artículo 110, sin tal aprobación en los demás casos”.
De igual modo, el artículo 37 de la Constitución es claro en torno a las atribuciones del Congreso. El inciso 13 señala que es responsabilidad del Congreso “autorizar o no empréstitos sobre el crédito de la República por medio del Poder Ejecutivo”. El 15 dice: “Legislar cuanto concierne a la deuda nacional”. El 18: “Examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a la Constitución y a las leyes”. El 19 no puede ser más categórico: “Aprobar o no los contratos que les someta el Presidente de la República de conformidad con el Inciso 10 del Artículo 55 y con el Artículo 110”. Ahora bien, ¿qué dice el dichoso artículo 110? Dice: “No se reconocerá ninguna exención, ni se otorgará ninguna exoneración, reducción o limitación de impuestos, contribuciones o derechos fiscales o municipales, en beneficio de particulares, sino por virtud de la ley.”
El artículo 115 sobre la Ley de Gastos Públicos en su primer párrafo reza:”No tendrá validez ninguna ley que ordene o autorice un pago o engendre una obligación pecuniaria a cargo del Estado, sino cuando esa misma ley cree fondos especiales para su ejecución o disponga que el pago se haga de las entradas calculadas del año…
El segundo párrafo va más lejos: “El Congreso no podrá votar válidamente ninguna erogación, a menos que esté incluida en el proyecto de Ley de Gastos Públicos sometido por el Poder Ejecutivo, en virtud del Artículo 55 de esta Constitución, o que sea solicitada por el Poder Ejecutivo después de haber enviado dicho proyecto…”
Es claro que el gobierno actuó de espalda a la Constitución y las leyes en el caso de los 130 millones de dólares. Lo que me pregunto es por qué. ¿Por qué un presidente que tiene su Congreso para el Progreso viola flagrantemente la Constitución? ¿Qué pasó con la transparencia pública? ¿Qué pasó con la Ley del Libre Acceso a la Información Pública que ha sido olímpicamente ignorada por el gobierno en este caso?
José Martí decía algo que Juan Bosch repetía mucho: “En política hay cosas que se ven y cosas que no se ven”. ¿Qué es lo que no se ve en este caso?
En cualquier país del mundo medianamente civilizado, escasamente institucionalizado, el préstamo de los 130 millones de dólares habría generado una crisis de incalculable consecuencias políticas. Pero aquí, en este país que no merece el nombre de país, como dijera acertadamente el poeta, en esta caricatura de país, no pasa nada.
