No es poca cosa para una sociedad que se respete la operación que se ha denunciado por 130 millones de dólares, cuyo destino para colmo ni siquiera se conoce, con la afortunada Sunland. Peor aún que el Gobierno, en lugar de rendir cuentas claras a la ciudadanía, trate de politizarla, pero con tanta mala suerte que sólo se ha enredado más con sus débiles argumentos.
El escándalo ha tomado un giro tormentoso. La renuncia del director ejecutivo de la Comisión Nacional de Etica y Combate de la Corrupción, definida desde su creación como otra entelequia para sangrar al fisco, es uno de los efectos del conflicto. Dijo el licenciado Pedro Durán Bello, el segundo ejecutivo que se va de la entidad en medio de un alboroto de corrupción, que ese flagelo es rampante en el Gobierno.
El colmo, según Durán Bello, es que la Comisión creada para velar y fomentar normas éticas, roza con sus propias normas en decisiones como nombramientos de relacionados y hasta en la notarización de sus actos jurídicos. Los representantes de la sociedad civil, que no se saben si reciben alguna retribución, parece que no se dan ni cuenta por el silencio que han observado.
Múltiples escándalos dejados por el Gobierno sin aclarar y menos sin castigar proyectan, aunque se subestime la inteligencia del dominicano, esa corrupción rampante de que habló el saliente funcionario de la Comisión de ética. Con todo y que la gente no augure mayores expectativas, habrá que ver si éste de los 130 millones de dólares con la Sunland, que parece el más grave de todos, correrá la misma suerte. Porque de la operación no aclararse sin la menor pizca de duda, habrá que entonar el réquiem del respeto y el imperio de la ley en República Dominicana al evidenciarse que en este país todo se puede, desde lo más simple hasta lo más insólito.
Hasta ahora, ni siquiera con consultas legales, supuestos antecedentes ni opiniones aparentemente inducidas, se ha podido demostrar que la operación con la afortunada Sunland cumple con la Constitución y las leyes. Tampoco se ha explicado con lujo de detalles el destino de los recursos, que eran supuestamente para obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Pero resulta que las obras en cuestión están consignadas en el presupuesto del Gobierno aprobado por el Congreso.
El Gobierno tendría que probar, primero, que con el crédito a la firma no se apartó de las normas legales establecidas, y segundo, aclarar para qué y el uso que se han dado a los 130 millones de dólares. Cabe suponer que las especulaciones al respecto abundan al por mayor y detalle, en modo alguno con las mejores intenciones. De modo que si bien múltiples escándalos han sepultado la transparencia pública, esta transacción, por su magnitud, se ha convertido en un desafío difícil de evadir por la administración del doctor Leonel Fernández.
Aún sea para guardar las apariencias, con todo y que su presidente haya advertido sobre las consecuencias de la operación sólo a la Cámara de Diputados se le ha ocurrido designar una comisión para investigar un escándalo que, por todos los males que ha removido, se ha convertido en otra Caja de Pandora.
