SANTO DOMINGO.-El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), sugirió a la Junta Central Electoral (JCE), que el Reglamento de Campaña Electoral, sea convertido en un proyecto de ley de garantías electorales y enviado al Congreso Nacional para que sea sancionado como .ley de conformidad con la Constitución de la República.
El PRD establece que el tribunal de elecciones no tiene capacidad legal para
ejecutar e implementar y por consiguiente imponer, el proyecto de reglamento, pues le corresponde a las cámaras legislativas otorgar esa facultad a la JCE.
No se puede, adicionalmente, soslayar, la importancia que tiene que estas atribuciones de la Junta Central Electoral, sean en virtud de una ley, pues la institucionalidad está en juego en el proceso electoral del 16 de mayo del 2008, señala el partido blanco.
Sostiene que de nada valdría, que por ejemplo se apruebe, e proyecto el reglamento tal y como se ha planteado y que en la realidad, no exista la capacidad legal, ni la facultad sancionadora para ejecutarlo sin las posibles controversias jurídicas que tal acción pueda tener.
El PRD dice reconocer el esfuerzo loable y las buenas intenciones que tiene
la Junta Central Electoral con la preparación y la puesta en vigencia del Proyecto de Reglamento, pero asevera que la legislación electoral necesita con urgencia de un marco jurídico que permita que los procesos electorales puedan asegurar eficazmente el ejercicio de los derechos políticos y civiles en este Siglo 21, en el que las tecnologías de la información y la comunicación contribuyen a transparentar más el quehacer diario de los Estados, y en sentido general, de toda la sociedad.
Adujo el PRD que desde el primer momento en que fue instalada la actual JCE
ha entendido que nuestro papel debe ser el de contribuir con el fortalecimiento institucional del alto tribunal de manera que el proceso electoral de mayo de 2008 sea un certamen transparente y justo.
Por eso, agrega el partido blanco, el debate generado en torno al Proyecto
de Reglamento ha sido beneficioso para la institucionalidad dominicana, pues
ha permitido observar los aspectos fuertes y débiles de nuestro sistema
electoral, que siempre debe estar apegado a las normativas legales trazadas
por la Constitución de la República.
Es razonable, entonces, establecer claramente que el Proyecto de Reglamento debe ser conforme al principio de legalidad que rige el Estado de Derecho, base esencial de nuestra democracia.
La propuesta elaborada por la JCE comprende tres aspectos: En primer lugar,
la conducta de los partidos en la campaña electoral; En segundo lugar, en
los actos de propaganda que se realizan en ese marco; y en tercer lugar, en
el uso de los medios de comunicación por parte de los partidos o particulares para su promoción entre el electorado.
A nuestro juicio, al abordar la conducta de los partidos políticos en la campaña electoral, los actos de propaganda que se realizan en ese marco y el uso de los medios de comunicación por parte de los partidos o particulares para su promoción entre el electorado estos tres aspectos, el Proyecto de Reglamento desborda los límites del poder reglamentario de la Junta Central Electoral. Dicho en otras palabras, la Junta Central Electoral va más allá de lo que le está permitido por la Constitución y por la ley, enfatiza la propuesta perredeista ante el pleno de la JCE.
El PRD afirma que, según la Constitución de la República, bajo ninguna circunstancia la JCE tiene potestad reglamentaria autónoma sino conforme a las autorizaciones y en la forma que la ley determine, como lo establece el art. 92 de la Constitución. Como en el caso del Proyecto de Reglamento se afectarían algunos derechos fundamentales, se ponen en entredicho valores constitucionales que son vitales, por lo que se impone que toda posible limitación provenga de una autorización legislativa expresa, clara, concreta, específica y subordinada a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.
Señala la organización opositora que, para fines de referencia, que esto es lo que ha sucedido en Chile y Colombia, en donde ha sido el Parlamento o la Asamblea Nacional o el Congreso Nacional el que, en virtud de una ley, han conferido esta atribución al tribunal electoral.
Expresa que es pública la posición del PRD sobre el uso de los recursos del
Estado en este proceso electoral por parte del Presidente de la República, Candidato a la reelección, y es por lo tanto una preocupación de nuestra organización que, en los términos en que está redactado el Proyecto de Reglamento, se produciría una inequidad entre los distintos Candidatos
Presidenciales, al privilegiar al Candidato reeleccionista frente a los
Candidatos de la oposición.
Sentenció que el PRD no descansa para que se sancione el uso de los recursos
del Estado en el proceso electoral. Hay que, en ese sentido, fortalecer nuestras instituciones democráticas, como lo es la Junta Central Electoral.
