Defiende intención del decreto presidencial que autoriza venta de terreno

El síndico de Baní, Nelson –Chacho- Landestoy se mostró convencido de que el presidente de la República, doctor Leonel Fernández, actuó de buena fe cuando autorizó mediante decreto en el año 2006 la venta de una franja de 35 mil metros cuadrados para facilitar la expansión de la empresa Ciramar Internacional en los astilleros navales de Las Calderas. El ejecutivo municipal dijo que la decisión del presidente Fernández respondió al interés de apoyar a la única empresa del país especializada en construcción, mantenimiento y reparación de embarcaciones marítimas y que además es una de las principales fuentes de empleos de la provincia Peravia.

Resaltó que cuando Ciramar se estableció en Las Calderas en el año 1991mediante un acuerdo con La Marina de Guerra, los astilleros navales pasaron de ser un astillero en estado de abandono a una de las industrias marítimas más modernas de la región del Caribe, de la que ahora dependen cientos de familias de la zona.

Sostuvo además que la empresa Ciramar ha jugado un importante papel en la defensa del medio ambiente y en la preservación de las Dunas ubicadas en su entorno.

“Al igual que el presidente de la República creemos que esta empresa merece el apoyo del sector público para afianzar sus operaciones en la República Dominicana”, expresó el síndico.

Landestoy lamentó que la decisión del Ayuntamiento de arrendar un área de su propiedad a Ciramar Internacional, que de acuerdo a la documentación en poder del cabildo no forma parte de las dunas, haya sido abordada de manera superficial, sin tomar en cuenta el beneficio que representa esa medida para el desarrollo de la industria marítima nacional y de la población banileja.

El síndico de Baní ratificó su disposición de revisar el contrato de arrendamiento de un área contigua a las dunas de Salinas, acordado con la empresa Ciramar Internacional, si se establece que los terrenos están ubicados en el área protegida del parque Felix Servio Doucudray.

“Hasta ahora existen informes contradictorios sobre los reales límites de las dunas, ya que mientras algunos técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente entienden que el terreno arrendado forma parte del área protegida, los consultores ambientales Patrick Raulin y Victor Pérez, quienes hicieron una medición con un equipo GPS apoyado en las coordenadas de la ley sobre áreas protegidas, sostiene que el terreno no está en el parque Felix Servio Doucudray”, expresó Landestoy.

Dijo que en los próximos días se producirá una reunión entre representantes del Senado de la República, el Ayuntamiento, la Secretaría de Medio Ambiente y la empresa Ciramar para adoptar una decisión ajustada a la ley. Esto esta repetido.

La reunión fue propuesta por el senador Rubén De La Cruz, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República, luego de participar junto a otros miembros de la cámara alta en una visita a la zona donde se ha planteado el conflicto.

De la Cruz estuvo acompañado de los también senadores Wilton Guerrero y Prim Pujals. En representación del Ayuntamiento Municipal de Baní también participaron el sìndico Landestoy y el presidente del Consejo de Regidores, Johan Monte De Ocoa, así como varios técnicos independientes y de la Secretaría de Medio Ambiente.

La queja del síndico
El síndico Chacho Landestoy, quien se define como un banilejo a tiempo completo, se quejó de la manera como se ha manejado públicamente el caso del arrendamiento de los terrenos, ya que a su juicio se ha tratado de politizarlo y presentarlo como un acto delictuoso.

“Se ha tratado de montar una campaña de descrédito contra las autoridades municipales de Baní, a pesar de que la decisión del Ayuntamiento está basada en un decreto emitido por el presidente de la República, doctor Leonel Fernández, en el año 2006”, expresó el ejecutivo municipal.

Explicó que en las últimas dos semanas y estando fuera del país, se lanzó una campaña implacable para tratar de marchar su nombre, que solo se moderó cuando se demostró que el presidente de la República había autorizado el traspaso de los terrenos a la firma Ciramar en interés de facilitar las operaciones de esa empresa establecida en los astilleros de las Calderas.

Se refirió a falsas informaciones, sustentadas en fotografías confusas e incorrectas que mostraban áreas que no tenía nada que ver con el espacio arrendado, con la clara intención de crear una predisposición en la opinión pública.

Calificó como una penosa mentira la versión de que en el espacio arrendado se había montado un cordón humano, cuando en realidad en ese acto solo participaron unas 50 personas, incluyendo los periodistas que fueron convocados a una rueda de prensa en el lugar.