El insulto a la inteligencia

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) depositó un recurso de inconstitucionalidad en contra del contrato de 130 millones de dólares suscrito por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y la empresa The Sun Land Corporation. Ramón Alburquerque, presidente de esa organización, asegura que ese recurso fue incoado por considerar que el contrato que envuelve ese préstamo "cuestiona el crédito público". Consideró cuestionable el contrato realizado mediante un poder otorgado por el presidente Leonel Fernández para la ejecución de "obras prioritarias".

De otro lado, el Partido Revolucionario Independendiente (PRI) pide al Congreso que le instrumente un juicio político al presidente Leonel Fernández al considerarlo "culpable" de esos trámites, que según su presidente, mi amigo Trajano Santana, ponen entredicho la salud moral de la República Dominicana. Igual inquietud han reflejado otras instituciones, comunicadores y columnistas, que dicen ser auténticas
representantes del pueblo.

Lo del recurso de inconstitucionalidad era de esperarse. Esa estrategia fue cuidadosamente analizada por la cúpula del partido blanco, que por cierto al parecer tiene gente infiltrada en las instituciones del gobierno que extrae documentaciones oficiales para ponerla en la cancha de la oposición. Es algo así como un enemigo
interno encubierto que devenga un salario en el gobierno, pero que le sirve fielmente a la oposición en su condición de espía. Eso explica cómo llegó a manos del PRD lo del contrato de los 130 millones de dólares suscrito con la Sun Land.

Esa postura del PRD no es más que la repetición del viejo esquema político que urde para venderse al elector como la única opción a tener en cuenta para el 16 de mayo del 2008. Aquí se está aplicando el legendario método de que "el fin justifica los medios". Es decir, sacar los trapitos a la publicidad para dejar mal parado a su principal contendor político, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Utilizan el poder mediático para difundir el descrédito, sobre todo poniendo a su militancia a que llamen a los programas interactivos y eructen hasta el cansancio las líneas políticas que reciben. Esa es una práctica muy vieja usada por todos los partidos.

Llevar el caso de la Sun Land a la Suprema Corte de Justicia es una pérdida de tiempo. Los jueces del más alto tribunal de alzada del país están muy ocupados en asuntos de más nivel, por tanto no invertirán parte de su apreciable energía en esos menesteres políticos propios del escenario electoral que cada año se hace más caótico.

Más que aclarar situaciones de dudosa procedencia, lo que se pretende con el recurso de inconstitucionalidad es ganar terreno para asestarle la espada envenenada al Partido de la Liberación Dominicana y sacarlo del poder. Claro, los sueños en sueños se quedan. Obviamente, los persecutores de la oposición dirían que ellos están en su derecho de iniciar procesos judiciales de esa naturaleza porque en política se valen todos los golpes. Y tienen razón. El único problema es que los jueces ya saben qué busca el PRD y sus aliados con ese caso.

Hay deseos inmensos de volver al poder para arrasar las arcas del Estado como hicieron en el pasado reciente; también hay odio, irrespeto y descrédito a granel hacia la figura del Presidente de la República. Eso es peligroso porque se está acrecentando un mal precedente. El debate de las ideas debe darse con altura, sin ofensas, sin cuestionamientos a la moral de las personas, sin insultos subidos
de color.

Ha sido una tradición de los partidos de la oposición cuestionar la procedencia de los recursos de los candidatos oficialistas en las campañas. Es un método válido en el terreno del juego, pues la estrategia es sembrar dudas por aquello de que cuando se desacredita algo queda. Por ejemplo, Amable Aristy Castro, candidato presidencial
del Partido Reformista, mantiene como estrategia de campaña la tesis de su líder Joaquín Balaguer de repartir papeletas dondequiera que llega.

El PRD ni los demás opositores se atreven a criticarlo porque, primero, Aristy Castro no afecta a sus intereses en término de competencia y, segundo, en el pasado también ellos incurrieron en esa práctica, incluso usando a jerarcas militares y policías activos. Sin embargo, si ese reparto proviniera del candidato del PLD hace tiempo que hubieran armado un revuelo argumentando que están utilizando los recursos del Estado.

Y aún insisten las desgastadas figuras del perredeismo en señalar que detrás del caso de la Sun Land no hay intenciones de inhabilitar políticamente la candidatura del PLD. Por favor, no insulten la inteligencia del pueblo.