La sentencia a los implicados en el caso Baninter ha sido un trago amargo para una parte de la población que estaba a la espera de una sanción en correspondencia con los devastadores efectos económicos y sociales provocados por los hechos cometidos. Pero viéndolo de un punto de vista histórico, y de cómo los sectores poderosos han estado al margen del alcance de la ley en República Dominicana, la sentencia de diez años contra dos de los principales acusados, Ramón Báez Figueroa y Luís Álvarez Renta, hay que convenir en que el hecho constituye un hito en la historia de la Justicia dominicana.
La debilidad institucional de nuestro país no excluye la justicia. Y ésta no será fuerte mientras no lo sean los demás estamentos de la sociedad, y hasta tanto cada ciudadano no inspire su accionar en el interés del bienestar común.
La justicia dominicana refleja a la sociedad que la ha parido, que es una sociedad perneada por los vicios, la corrupción y el delito en los ámbitos públicos y privados. La impunidad, como es sabido, es una institución que prevalece sobre el interés de hacer justicia.
Es una sociedad donde no es lo mismo ser rico que ser pobre, no es igual que un “tutuponte”, como decía el profesor Juan Bosch, cometa un delito, a que lo cometa un pobre.
Nuestras cárceles son ejemplos de esa desigualdad social y por lo tanto jurídica. Llenas de pobres, quienes al parecer son los únicos que delinquen. En cambio, escasos son las sentencias en los tribunales y las personas en las cárceles procedentes de las clases sociales tradicionalmente adineradas.
Báez Figueroa y Luís Álvarez Renta son de esa élite social considerada intocable en la sociedad dominicana. De seguro que tres años atrás ambos consideraban impensable que se les sentara en el banquillo de los acusados. Y menos, que algún tribunal se atreviera a condenarlos a ningún año de prisión, como ha ocurrido en este caso.
Ningún juez, unos años atrás, se atrevía si quiera a calificar una acusación en su contra, y menos a administrar un juicio para ventilar las malas prácticas que les fueron atribuidas. El poder de ambos no es sólo es empresarial, es político, tiene sotana y hasta quepis. Y eso en esa media isla bananera como la dominicana pesa demasiado.
Ya se conoce del desfile de personajes de todo calibre por las celdas donde ambos permanecieron detenidos hace unos tres años. Y hay que suponer que esa gente poderosa no se quedó tranquila en sus casas a espera de que tres jóvenes jueces Antonio Otilio Sánchez Mejía, presidente, Pilar Antonia Rufino Díaz, y Esmirna Yisser Méndez Álvarez, decidieran por íntima convicción la suerte de estos dos influyentes personajes en apuro.
De seguro que a los tres jueces les llegaron los habituales mensajes de “no se echen una vaina con esa gente”. De seguro que a alguno de ellos se les convenció de que su futuro profesional dependería de si con su decisión afectarían o favorecerían a los implicados en la acusación de fraude en el Banco Intercontinental.
De ahí que la sentencia dada a conocer este domingo, tenga ese componente contradictorio, refleje esa lucha de intereses de aquellos que deseaban que se hicieran justicia, frente a quienes preferían un veredicto mediatizado o sencillamente que reinara la impunidad.
Sin embargo, creemos que la sentencia, si en verdad no nos complace enteramente, desde el punto de vista histórico sienta un precedente que marca un hito en la Republica Dominicana, que esperamos no sea un mero episodio.
A lo aspiramos este diario es a que de ahora en adelante, ciertos ricos entiendan que la ley es para todos, no sólo para los infelices que delinquen con delitos menores y a quienes se le aplican castigos severos.
Ojalá que así lo entiendan también los políticos perversos, que de manera descarada se enriquecen mediante el dolo, y usan su influencia para evadir la sanción judicial.
