SANTO DOMINGO.- Una pareja de esposos denunció que dos vecinos suyos sobornaron a sus dos hijos menores para robar tarjetas de llamadas y dinero en efectivo con montos superiores a un millón de pesos, que distribuían en los negocios de la zona. El licenciado Danilo Abreu Núñez y Ramona Isabel Méndez explicaron que Angel Miguel Gómez y la profesora Esmelinda Nidia Ferreras, vecinos suyos en la Urbanización Brisa Oriental, se valieron de la persuasión para sobornar con equipos y juguetes sus vástagos, menores de 13 y 12 años, para cometer el hecho delincuencial.
Abreu Núñez, un contador público autorizado con más de 17 años de ejercicio profesional y distribuidor mayorista de tarjetas de llamadas por más de 8 años, sostuvo que los vínculos de los imputados con los magistrados que llevan el caso, han impedido que la administración de una justicia imparcial en el caso.
Manifestó que acusó a los nombrados de utilizar sus dos hijos menores para sustraer tarjetas de llamadas y dinero en efectivo por montos totales de 1 millón 79 mil 584 pesos durante 25 meses.
Aseguró que los acusados entregaban a los menores, en calidad de soborno, equipos celulares, juegos electrónicos, instalaciones de Internet flash y juegos de bocinas para la computadora, aprovechando la ausencia de los padres en el hogar, quienes salían por la mañana y regresaban usualmente en horas de la tarde o noche de sus respectivos compromisos laborales y domésticos.
Contó que Angel Miguel Gómez laboró por 12 años como soporte técnico en la Suprema Corte de Justicia, al servicio de varios jueces del país, con los cuales entabló amistad cercana.
Asimismo, manifestó que la esposa del acusado, Johanna Rivera, labora como secretaria en el Tribunal de Tierras de esta capital.
Agregó que dos de los jueces se inhibieron de conocer el caso y el juez de Paz, Germán Rosario Diloné, dispuso medidas de coerción muy benignas para el caso que se trata.
Aseguró que el juez Rosario Diloné asumió una actitud a favor del acusado, debido a que a los querellantes les dijo fuera de la sala donde se discutían las medidas de coerción: “ahorrénse el dinero de esta acusación para que lo dediquen al tratamiento psicológico de sus hijos”.
Sostuvo que los imputados deben guardar prisión preventiva, como se estila por la magnitud y relevancia del caso.
Indicaron que a consecuencia de la estafa, los hijos están siendo sometidos a tratamientos psicológicos para evitar un daño emocional irreparable por la acción delincuencia de los imputados y las secuelas dejadas.
Indicaron que la profesora Nidia Ferreras labora en la Escuela Socorro Sánchez, de Villa Duarte, lo que supone un peligro para los alumnos a quienes imparte docencia.
La pareja afectada llamó a las autoridades judiciales a evitar componendas entre los jueces que llevan el caso y la pareja de delincuentes, a fin de empañar el importante poder judicial.
El caso está en la Corte de Apelación de Santo Domingo Este, depositado en fecha 23 del corriente mes.
Danilo Abreu
Ced. 001-0116882-1
