SANTO DOMINGO.-El Superintendente de Bancos, licenciado Rafael Camilo, cuestionó la sentencia emitida por los jueces del Primer y el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en los casos Baninter y Bancrédito, ya que considera inadmisible que al principal imputado, Ramón Báez Figueroa, se le libere de la acusación de lavado de activos y abuso de confianza, mientras se condenó a Luís Álvarez Renta por la misma acusación. Indicó que no es verdad que en el Banco Intercontinental (Baninter) se daban las mismas prácticas que en los demás bancos quebrados, ya que sólo en Baninter se daban prácticas como la doble contabilidad, mediante la cual se ocultaba el registro de informaciones en torno a operaciones ilegales como la compra de medios de comunicación con dinero de esa entidad bancaria.
Camilo manifestó que en el caso de Bancrédito la decisión fue aún más complaciente, ya que la jueza cometió el error de considerar que el caso por el que fueron condenados Manuel Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza Gómez a tres años, justificaba la anulación de la querella interpuesta por el Estado por la estafa de 23 mil millones de que fue objeto, cuando en realidad se trata de dos casos distintos.
El funcionario señaló que en ningún momento ha conversado con el presidente Leonel Fernández sobre Baninter ni sobre los demás bancos quebrados, ya que es una persona respetuosa de las decisiones judiciales, por lo que descarta la acusación del ex presidente Hipólito Mejía de que el presidente influyó en el fallo judicial adoptado por el Primer Tribunal Colegiado en el caso Baninter.
Expresó que si el Gobierno del presidente Mejía hubiese mantenido mayores niveles de supervisión en torno al sistema financiero, a través de la Superintendencia de Bancos, y hubiesen tomado medidas similares a las adoptadas en la presente gestión con respecto al Banco del Progreso, en el sentido de que sus principales ejecutivos buscaron los recursos necesarios para evitar su colapso.
Camilo advirtió al doctor Marino Vinicio Castillo que no continúe con la práctica de echar a correr rumores sobre el Scotiabank y otro banco dominicano, al que no identificó, ya que la Ley Monetaria y Financiera establece penas en ese caso, puesto que el sistema bancario se fundamenta en la confianza y cualquier tipo de rumor podría afectarlo sensiblemente.
El Superintendente de Bancos sostuvo que nunca como ahora el sistema financiero ha gozado de los niveles de credibilidad y confianza de que goza, ya que los esfuerzos de supervisión que se llevan a cabo permiten asegurarle a la población dominicana que no habrá situaciones como las ocurridas en el año 2003.
