La sociedad dominicana ha quedado frustrada al conocer la sentencia evacuada por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en el caso de la quiebra fraudulenta –como quedó demostrado en el juicio- del Banco Intercontinental (Baninter). Los abogados de la defensa salieron del tribunal más que complacidos por haber logrado penas muy complacientes para los imputados. De igual modo, los acusados lucían serenos, tranquilos, sin cara de asombro, como si de antemano supieran el contenido del documento que durante horas, como estúpidos, todos los dominicanos escuchamos atentamente. Parece que fue una farsa, una comedia de mal gusto.
Nos tomaron el pelo. Y otra vez se comprobó el dicho popular de que en este país “el que se roba un peso es un ladrón, pero el que se roba un millón es un señor”.
El sistema judicial volvió a fracasar en su intento de hacer justicia cuando los acusados pertenecen a los sectores dominantes. No olvido que por primera vez en la historia la oligarquía firmó un documento público en defensa de uno de los imputados.
De igual modo, durante todo el proceso judicial contra el principal acusado de la quiebra bancaria, los jefes de la Iglesia Católica junto a determinados empresarios y dirigentes de la sociedad civil hicieron cuantas gestiones consideraron oportunas para que el caso Baninter no fuera llevado a los tribunales, para que se buscara un “arreglo amigable” que sólo terminaría perjudicando a los ahorristas.
El ex presidente Hipólito Mejía, que asumió con entereza y valentía la quiebra de los bancos, que salvó el sistema financiero nacional evitando el colapso del país, pagó un precio muy alto por su atrevimiento de someter a los culpables y enviarlos a la cárcel.
A Hipólito Mejía la quiebra le costó el gobierno. Pero valió la pena, porque cumplió con su responsabilidad. Algún día la historia lo absolverá, algún día el país le reconocerá su gesto, propio de un verdadero jefe de Estado.
Se evidencia el gran poder de los sectores involucrados en el fraude. No es juego.
El hecho de que el presidente de la República, que mantuvo vínculos profesionales con Baninter, que tenía sus ahorros de cientos de millones de pesos en ese banco, nunca se haya referido a la quiebra bancaria como el resultado de un fraude, pone de manifiesto el nivel de complicidad de su gobierno. Y si el caso siguió su curso en los tribunales se debió a la actitud responsable del gobernador del Banco Central, del Superintendente de Bancos, del ex Procurador General de la República Francisco Domínguez Brito, y la
presión constante de Estados Unidos, Francia, España, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.
No es casual, vale recordar, que el jefe de la barra de la defensa del principal imputado sea asesor en materia de drogas del presidente de la República con rango de secretario de Estado –inorgánico-, con su oficina el Palacio Nacional.
Si los funcionarios del sector financiero que han mantenido vigente el caso Baninter no han sido cancelados se debe a la presión de los organismos financieros internacionales y a la opinión pública nacional. La complicidad sería demasiado obvia.
Quiere decir que la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tiene que ser vista dentro de ese marco de contaminación judicial donde el poder de todos los poderes he ejercido presiones determinantes para que no se haga justicia, para que las penas dictaminadas no guarden relación con las pruebas ni con las leyes.
Descargar a Vivian Lubrano de Castillo por insuficiencia de pruebas no parece tener sentido. Condenar a diez años al señor Alvarez Renta por lavado de activo cuando se le acusó de complicidad, mientras que al principal imputado de lavado se le dejó fuera, es una incongruencia –para no llamarle de otro modo- que no guarda relación con las pruebas presentadas en el tribunal.
Puede decirse que los acusados de la quiebra fraudulenta del Baninter “salieron en coche”, muertos de la risa. En la corte resolverán con más fe. Luego en la Suprema Corte será más fácil, sobre todo si la reelección resulta exitosa.
Hay quienes se sienten satisfechos porque al menos se comprobó el fraude, porque hubo una condena de diez años y una indemnización de 64 mil millones de pesos a favor del Estado. ¡Basura! La ley no es complaciente, la ley no otorga indulgencia a los culpables.
Una sentencia salomónica que procura complacer a las partes violando el ordenamiento jurídico es una muestra de falta de carácter de los jueces, y falta de independencia del sistema Judicial que aún no está en capacidad de castigar los crímenes de cuello blanco.
La sentencia es inadmisible. Los abogados del Banco Central están en la obligación de apelar. ¿Para qué?, podría preguntar con razón alguien. Para demostrar que no todos los jueces se dejan amedrentar, que no todos están comprometidos con la impunidad, que hay jueces que se sienten comprometidos con el destino de su país y están dispuestos a jugarse el todo por el todo. De no ser así, la apelación servirá para demostrar hasta dónde vivimos en un Estado fallido y fuñido.
Claro, todos los que aún tenemos dos dedos de frente, todos los que aún nos queda algo de vergüenza, tenemos que estar atentos porque las presiones del poder no disminuirán, al contrario, serán mayores.
