Los cuantiosos daños provocados por la tormenta Noel en distintos puntos del país, plantean una compleja situación al Gobierno en materia de reestructuración y racionalización del gasto público. Durante los últimos tres años y medio, el gobierno del presidente Fernández se ha caracterizado por un manejo poco equitativo de la inversión pública, mostrando una marcada tendencia a privilegiar áreas de gasto de cuestionable prioridad, como es el caso de los salarios de los altos funcionarios, el proyecto del Metro y la compra de los aviones Tucan en Brasil, para solo citar algunos ejemplos representativos.
La política de obras públicas ha parecido guiada por la improvisación y el interés de los contratistas, más que por las prioridades sentidas de la población, e inclusive por los propios compromisos asumidos por el presidente Fernández, incluyendo la construcción de los acueductos de Santo Domingo Oriental, Sabana de Mar y Las Terrenas, la carretera La Vega-Moca, la carretera Dajabón-Montecristi y decenas de acueductos, escuelas y obras de alto interés social.
El gobierno no debe seguir estableciendo prioridades de inversión sin consultar a las instancias sociales o institucionales concernidas, como pasó con el préstamo de los 130 millones de dólares para obras de la UASD, obras que no respondieron a una escala de prioridades definidas por el Consejo Universitario y donde los recursos contratados parecen que han beneficiado más a los contratistas y supervisores que a la propia familia universitaria.
Muchos se preguntan cómo abordará el gobierno de Fernández las nuevas prioridades sociales generadas por la Tormenta Noel, cuando siguen pendientes las viejas necesidades que no pudieron ser atendidas en los últimos 42 meses, a pesar de que la administración ha manejado en ese período más de 556 mil millones de pesos, tres veces más recursos que el pasado gobierno en el mismo período, sin contar los financiamientos contratados al margen del presupuesto y sin la aprobación del Congreso Nacional.
Ojalá el liderazgo fundamental del país le ponga atención a este tema y presione razonablemente al presidente Fernández y a su gabinete para que reorienten el sentido de prioridad de la inversión pública.
30 de octubre, 2007
