El presidente Leonel Fernández había insistido tanto en que la quiebra de Baninter había sido resultado de la política económica del Gobierno de Hipólito Mejía, antes que de malas prácticas bancarias, que la sentencia contra los inculpados representa un mentís que compromete todavía más el punto de vista del mandatario. Con excepción del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, la opinión del jefe del Estado era compartida por todos los funcionarios de su Administración, algunos de los cuales afirmaban incluso que la acción judicial específicamente contra Ramón Báez Figueroa estuvo movida por intereses políticos.
La sentencia, aunque haya sido cuestionada desde todos los ángulos, demostró al menos que la querella no era política y que las irregularidades en la banca no eran una práctica tolerada ni institucionalizada. El Presidente sabrá las razones por las cuales fue tan sistemático en atribuir a la política económica de Hipólito la quiebra de Baninter. Y es ya harina de otro costal, que especialistas e interesados se han ocupado de analizar, si 10 años de prisión para los principales inculpados y los 64 mil millones de pesos de indemnización al Estado se correspondan con la magnitud de la operación por la que se interpuso la acción.
Por más independiente que pueda ser la Justicia y sustanciales los avances que se hayan alcanzado, esa opinión del jefe del Estado pesaba mucho en el juicio. Y había quienes la veían como un mensaje claro en favor de los inculpados, sobre todo cuando se relaciona el discurso con hechos como que la defensa de Báez Figueroa estuviera a cargo del doctor Marino Vinicio Castillo, un cercano colaborador e ídolo del actual gobernante. Las contradicciones, que en el proceso hacen ola, evidencian la fragilidad del engranaje institucional.
Puede preguntarse por qué el Presidente mantuvo el sometimiento si entendía que los inculpados fueron víctimas de la debacle. La respuesta es porque no se podía, única y exclusivamente por la presión de los organismos internacionales, de los cuales por esas coincidencias del destino algunos de cuyos representantes estaban aquí en los días en que se emitiría la sentencia, había que dejar que fueron los tribunales que dilucidaran el caso. Después de todo, la quiebra de Baninter no es lo mismo que el Peme (Programa eventual mínimo de empleo) que el fiscal del Distrito Nacional, se supone que por órdenes superiores, sí pudo descontinuar bajo el alegato, a propósito bastante infeliz, de que el expediente no precisaba el monto del fraude. Quizás se confiaba en la debilidad de la Justicia o en que el tiempo se ocuparía de atenuar las cosas. O tal vez en la cruda verdad de que la Justicia no es igual para todos.
De hecho, hay quienes todavía no salen de su asombro de que con las opiniones del Presidente y la cultura autoritaria que permea el sistema los principales inculpados de la quiebra de Baninter pudieran ser condenados a penas como las que se les impusieron. Lo más que esperaban era una condena simbólica, para guardar las apariencias. El fallo desde ese punto de vista ha superado las expectativas. Esa es la verdad, con todo y que se insista en que no se aplicó todo el peso de la ley.
Si bien es obvio que ha sido un mentís al Presidente, indecisiones sobre la sentencia como la del Ministerio Público confunden a la ciudadanía. Mientras los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos dijeron desde el primer momento que la apelarán, los fiscales se refugiaron en un silencio que parece denotar satisfacción con los resultados del proceso.
